Justicia para las mujeres sin maquillaje
MARA MUÑOZ
La impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres es uno de los mayores problemas que enfrentan las Instituciones de justicia en México. En las últimas dos décadas hemos observado reformas legales y la creación de Instituciones especializadas para combatir los delitos de género. Numerosas capacitaciones dan cuenta del trabajo de las instancias encargadas de transversalizar la perspectiva de género en los órganos de procuración y administración de justicia. No obstante, la justicia sigue siendo un pendiente para millones de mujeres que buscamos respuesta ante los abusos perpetrados de manera recurrente por aquellas personas más cercanas, parejas, ex parejas, padres y hermanos. Algo está fallando en el intento de dar acceso a la justicia para las mujeres.
Y es que mientras las autoridades sigan minimizando los delitos de género no habrá reforma legal que alcance para hacer justicia. Mientras aquellas personas que procuran justicia continúen metiendo la mano en las investigaciones para exonerar delitos, cualquier inversión pública para crear instituciones especializadas en materia de género es mera simulación. Porque la corrupción no solo es usar dinero público en beneficio personal, también refiere al uso del poder público para manosear procesos de investigación penal, tiene que ver con fabricar o desdeñar pruebas para que la justicia se incline del lado del más fuerte. En tanto estos abusos sigan ocurriendo en México, seguiremos siendo presas de la impunidad, no importa la cantidad de recursos públicos que se destinen para “hacer justicia”.
En México urge un cambio cultural en aquellas personas que procuran y administran justicia pero este no llegará si no hacemos valer la ley, primero, para aquellos hombres y mujeres que suponen representarla. Las procuradurías y los tribunales urgen de una depuración que permita expulsar a aquellas personas que hagan uso incorrecto del poder público que las enviste. Para aplicar la ley, es necesario que nadie este sobre la misma, necesitamos castigos ejemplares para aquellas personas que usen sus influencias de manera contraria a los preceptos del derecho.
En este escenario, los Centros de Justicia para las Mujeres fueron creados en el sexenio de Felipe Calderón, medida que continúa en el actual, como una medida urgente dada la alta impunidad en los delitos de género en México. Así lo observó la sentencia del caso Campo Algodonero mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por la violencia de estado en contra de tres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y por la violencia institucional en contra de sus familiares que buscaban la verdad en estos crímenes de odio.
Así, esta política pública ha proliferado para convertirse en una realidad que opera en 30 ciudades del país, lo cual ha sido posible gracias a que por primera vez una política de género se encuentra insertada como programa de prioridad nacional en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual le garantiza recursos suficientes para la construcción de edificios de primer mundo en los que, según reza el deber ser, se brinda atención especializada e integral a mujeres víctimas de delitos en materia de género.
No obstante las inversiones millonarias en infraestructura con recursos federales, la operación de los Centros queda bajo la responsabilidad de las autoridades estatales por lo que en muchos casos se carece del personal necesario para atender la gran demanda que se presenta en estas instituciones: en Zacatecas en tan solo 9 semanas de operación se brindaron más de 700 atenciones y se levantaron más de 200 denuncias. Otro de los retos es que estos Centros, en su mayoría, pertenecen a las procuradurías de justicia de los Estados al ser agencias especializadas del ministerio público, sobra mencionar la tentación constante de seguir las inercias de ineficacia y corrupción que prevalecen en la procuración de justicia.
La institucionalización de los Centros de Justicia para las Mujeres es un reto mayúsculo, su importancia y pertinencia a quedado plasmada en una reforma legal a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual los sitúa como la política pública más importante en el acceso a la justicia para las mujeres en nuestro país. Sin embargo, es fundamental que el movimiento feminista y de mujeres demande la adecuada operación de estos espacios, al margen de prácticas corruptas que pretendan meter la mano en sus investigaciones y con recursos suficientes para atender la demanda social.
De otra manera podríamos ver el nacimiento de un nuevo DIF, una institución asistencialista con tintes patriarcales que atiende en sendos edificios, que solo son nichos para hacer negocio en la asignación de obra pública y el diezmo. Hacer justica no es cuestión de dinero, es necesario buscar a los mejores hombres y mujeres comprometidos con la verdad legal y de honestidad probada que acompañen el esfuerzo de los Centros de Justicia para las Mujeres desde las Procuradurías de los Estados para dar acceso a la justicia para las mujeres sin el maquillaje de una bonita envoltura.
