Justicia frena el viaducto elevado en Zacatecas: riesgo latente para el patrimonio mundial

Zacatecas, Zac. — La construcción del Viaducto Elevado Zacatecas, proyectada sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la Calzada Héroes de Chapultepec, ha sido detenida por orden judicial. La Jueza de Distrito en Zacatecas concedió la suspensión provisional de la obra ayer 11 de marzo, tras una demanda de amparo promovida por un grupo de ciudadanos que alertaron sobre las consecuencias irreversibles que este proyecto podría tener sobre el Centro Histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993.

La suspensión provisional se mantendrá vigente hasta que se resuelva la audiencia incidental programada para el 13 de marzo a las 12:15 horas, donde se determinará si la medida cautelar se convierte en definitiva.

El conflicto que sacude a Zacatecas enfrenta dos derechos constitucionales: el derecho a la movilidad y el derecho de acceso a la cultura y a la protección del patrimonio cultural. Mientras el Gobierno del Estado justifica la construcción del viaducto como una medida para mejorar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de traslado, los ciudadanos quejosos argumentan que la obra carece de los estudios, permisos y autorizaciones necesarias para garantizar la protección del patrimonio histórico de la ciudad.

Obra sin permisos y riesgo para el patrimonio

La demanda de amparo denuncia actos de omisión y falta de diligencia por parte de varias autoridades estatales y municipales, incluyendo la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y el Ayuntamiento de Zacatecas. En específico, se señala la ausencia de estudios de impacto ambiental y dictámenes técnicos indispensables para una obra de tal magnitud.

La resolución judicial recoge la postura de organismos especializados como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), quienes advirtieron que el viaducto elevado podría alterar el paisaje urbano del Centro Histórico, afectando los valores que justificaron su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. En una conferencia reciente, la presidenta de ICOMOS México, María de Guadalupe Zepeda Martínez, fue contundente: «Si la obra continúa, Zacatecas corre el riesgo de perder su declaratoria como Ciudad Patrimonio de la Humanidad».

El Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también se ha pronunciado en contra del proyecto. En un comunicado fechado el 20 de febrero, acusaron al Gobierno del Estado de ignorar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como tratados internacionales como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial de 1972.

La batalla legal y el equilibrio entre derechos

La jueza subrayó que la suspensión provisional no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la obra, pero sí pondera los posibles daños irreversibles. En su resolución, destacó que, aunque la construcción del viaducto podría beneficiar la movilidad urbana, el daño potencial al patrimonio cultural —que es irremplazable— pesa más que las ventajas viales propuestas por el gobierno estatal.

El principio de «apariencia del buen derecho» fue clave en la decisión. Este criterio jurídico permite conceder una medida cautelar cuando existe una probabilidad razonable de que el derecho reclamado sea legítimo, en este caso, el derecho colectivo a proteger el legado histórico de Zacatecas.

Además, la jueza determinó que los ciudadanos que promovieron el amparo no están obligados a presentar una garantía económica, pues su demanda no busca un beneficio personal, sino la protección de un derecho colectivo.

Próximos pasos

Mientras la maquinaria pesada ha sido silenciada temporalmente, las autoridades responsables —entre ellas el Gobierno del Estado de Zacatecas y las secretarías implicadas— deberán responder en un plazo de 48 horas a los informes previos solicitados por el juzgado. El destino del viaducto elevado pende de un hilo, a la espera de la audiencia incidental del 13 de marzo.

La batalla legal por el Viaducto Elevado Zacatecas no solo enfrenta a ciudadanos con su gobierno; es una lucha entre dos derechos constitucionales, una pulseada entre la modernidad vial y la defensa del alma histórica de una ciudad. El tiempo dirá si Zacatecas opta por el asfalto o por las piedras centenarias que la vieron nacer.

LNY/Redacción