Juez comunitario de Villa Hidalgo, acusado de abuso de autoridad
La Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) emitió la recomendación 05/2011, derivada del expediente CEDH/566/2010, a Víctor Manuel Yañez Torres, presidente municipal de Villa Hidalgo, por violaciones a los derechos humanos del agraviado, en que incurrieron servidores públicos del Ayuntamiento del que encabeza.
La quejosa interpuso una denuncia ante este organismo autónomo, el 6 de noviembre del 2010, por la inadecuada actuación de los agentes de Seguridad Pública y el juez comunitario de Villa Hidalgo, quienes privaron de la libertad a su hijo, sin motivo alguno, y además, para permitirle salir de los separos, lo hicieron firmar un convenio obligándolo a dejar como garantía las escrituras de su casa.
Una vez que se integró el expediente con los informes rendidos por los servidores públicos, este organismo concluyó que se violentaron los derechos humanos del agraviado, por los elementos de la Policía Preventiva, al privarlo de su libertad por orden verbal del Juez Comunitario, quien además invadió la esfera de competencia que le corresponde al agente del Ministerio Público, autoridad que está facultada legalmente para investigar los delitos.
En el ámbito de su competencia, la CEDH dará vista al agente del Ministerio Público correspondiente, para que se investigue la probable comisión del delito de abuso de autoridad, y en su momento resuelva lo que en derecho proceda.
La CEDH entregó la recomendación 05/2011, en la que se le solicita a Víctor Manuel Yañez Torres, presidente municipal de Villa Hidalgo, que se sirva ordenar al director de Seguridad Pública, para que se capacite al personal a su cargo en el conocimiento de sus funciones y atribuciones, así como en el respeto de los derechos humanos, a fin de evitar que sean violentados.
Este Organismo pide, se giren las instrucciones correspondientes a quien corresponda, para que de manera inmediata se haga la devolución de las escrituras a la quejosa.
La CEDH exhorta al alcalde, que apliquen las sanciones administrativas correspondientes a. Rubén Portillo Gallegos, juez comunitario y al director de Seguridad Pública, Gerardo Salas Méndez.
