Insiste Fabiola Torres que CDHEZ se excedió en su recomendación la cual carece de rigor jurídico
Zacatecas, Zac.- Para la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, no sólo no existe algún interés político o personal en el caso Salaverna, sino que además, el objetivo de la administración estatal es proteger la vida e integridad de los pobladores, no dañarlos, por lo cual «no vamos a esperar a que haya una tragedia, un hundimiento mayor o hasta pérdida de vidas para actuar».
Al comparecer ante el pleno de la LXII Legislatura, Torres Rodríguez aseguró que ella «no está en contra» de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), sino que más bien existen puntos en los que no hay coincidencias. «No se trata de si gana la Comisión o la Secretaría, sino apegarse a la legalidad y al debido proceso», por esta razón lamentó la «falta de rigor jurídico» de la Comisión al emitir una recomendación basada, recalcó la funcionaria. en una queja que no estaba firmada ni debidamente integrada
Así, ante los diputados, la secretaria general basó su argumento para no acatar la resolución de la CDHEZ, sobre violación de derechos humanos durante la remoción y desalojo de los habitantes de Salavena, el 23 de diciembre de 2016, en el hecho de que la queja «no estaba firmada al momento de emitir la recomendación», aunque dijo que el Gobierno del Estado garantizará que se cumpla la ley; pero permanecerá siempre receptivo a los organismos y a la sociedad en su conjunto, porque es un gobierno que escucha, trabaja y cumple.
Torres Rodríguez refrendó entonces el compromiso irrestricto de la administración estatal con el respeto y protección de los Derechos Humanos de los zacatecanos, por lo que se comprometió, a nombre del Gobierno del Estado, a privilegiar el diálogo y la concordia con la ciudadanía y los organismos que «defienden auténticamente» los derechos.
Según la secretaria General de Gobierno, los motivos de rechazo y coincidencias respecto a la recomendación emitida por la CDHEZ, y sobre al caso particular de Martha Leticia, se determinó inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tenga acceso oportuno a las medidas de ayuda y asistencia, no así al resto de las personas.
Reiteró que en ningún momento existió un desplazamiento forzado en contra de persona o grupo alguno, como se asegura en el informe de la CDHEZ, y aclaró que únicamente se trató de una actuación administrativa realizada por personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, que solicitó a los habitantes «evacuar de manera voluntaria las viviendas ubicadas en el polígono de riesgos y que, al día de hoy, siguen habitadas».
Sobre los estudios geológicos, la funcionaria estatal informó que ya existen cuatro estudios medibles, cuantificables y comprobables acerca del riesgo que presenta el asentamiento; además de una inspección que advierte sobre los riesgos que no se valoraron, pese a que fueron ofrecidos oportunamente como medio de prueba; incluso, en diciembre de 2012, se presentó un hundimiento de suelo.
Fabiola Torres dejó claro que el estudio que se precisa en la recomendación, no cambia la naturaleza del peligro inminente, pues de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, cuando existe un hundimiento, la zona no vuelve a ser segura; igualmente, sobre la recomendación para elaborar un estudio sobre el impacto por el uso de explosivos, se considera satisfecha, porque existe un estudio del tema y forma parte del expediente.
En el mismo se establece que los trabajos que se realizan con explosivos están a 771 metros de profundidad y es difícil que las vibraciones producidas lleguen a tener efectos nocivos en las fincas de los habitantes.
Torres Rodríguez manifestó la necesidad de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise la totalidad de las constancias que integran el expediente de la queja y, de ser necesario, inicie las investigaciones administrativas a según sea el caso.
Fabiola Gilda Torres Rodríguez refirió que los pobladores de Nuevo Salaverna ya fueron incluidos en los programas de apoyo y dijo que la Secretaría a su cargo advierte un exceso en la recomendación, dado que no forman parte de los hechos denunciados y tampoco se demuestra la existencia de un desplazamiento forzado.
LNY/Redacción
