Incapacidad
LILIA ARELLANO
De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero: Benjamin Franklin
Al comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue incapaz de refutar las acusaciones del gobierno estadounidense en el sentido de que las autoridades mexicanas minimizan los crímenes del narcotráfico, que opera con total impunidad, y eluden la responsabilidad que tienen en el esclarecimiento y resolución de los mismos. El funcionario no fue capaz de rebatir los señalamientos de que el gobierno mexicano –particularmente a partir de la gestión de Felipe Calderón- oculta información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos, y encubre la complicidad de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, además de llevar en total secrecía los juicios contra delincuentes detenidos.
Frente a los senadores, que le hicieron ver al funcionario federal que la estrategia federal de la gestión de Enrique Peña Nieto es sólo discursiva y no aterriza en la realidad, y que Estados como Michoacán o Tamaulipas lo pueden atestiguar sin duda, Osorio Chong se aferró al guión de que la estrategia de seguridad del gobierno federal “es una política de Estado y no sólo de Gobierno, que tiene como objetivos reducir la violencia, combatir los delitos y construir un México en paz”, los cuales por supuesto no han sido alcanzados como puede observarse todos los días al revisar las páginas de nota roja de cualquier diario de circulación nacional, estatales o locales, que dan cuenta, día a día, de la permanencia e intensidad de la ola de violencia que se resiente en el territorio nacional a casi un año de haber iniciado la nueva gestión priísta, y que desmienten las declaraciones de ese funcionario en el sentido de que la política criminal se enfoca en devolver la seguridad a las personas, a las familias, y a fortalecer instituciones.
El hidalguense centró su intervención ante los integrantes de las comisiones unidas en describir un decálogo de puntos que, dijo, conforman la política de seguridad y justicia del Gobierno federal, que en el papel, que lo aguanta todo, se ve muy lindo, pero que no corresponde a la realidad del país: como primer punto mencionó la prevención, que no se ve por ningún lado; el segundo es la profesionalización y certificación de políticas, que presentan fallas monumentales; y tercero la justicia eficaz –también totalmente ausente en los tribunales- y el cambio del sistema penitenciario.
Osorio señaló como cuarto punto el fomento de la participación ciudadana, cuando prevalece una total desconfianza hacia los órganos de administración y procuración de justicia por parte los ciudadanos, lo que se refleja en la reducción de las estadísticas de denuncias por diversos delitos; el quinto es la cooperación internacional e interinstitucional, cuando en este renglón prevalece la subordinación a los dictados y peticiones de autoridades estadounidenses; el sexto es la regionalización y el fortalecimiento en el uso de inteligencia, sin que se tenga claro cómo se ha llevado a cabo, si es que se realiza, ya que la mayoría de detenciones son a través de “pitazos” o denuncias anónimas.
El séptimo punto que señaló se refiere a la reestructuración de las evaluaciones de control de confianza hechas a policías y a servidores públicos, a fin de adaptarse al cargo y Entidad en la que trabajan, cuando visto está que siguen presentado fallas garrafales, al grado que se han visto involucrados en escandalosos delitos que presuntamente eran responsables de combatir, como el secuestro, por sólo mencionar uno. Además, el funcionario admitió que existe un 23 por ciento de rezago en materia de evaluación y certificación de los cuerpos policíacos a nivel estatal y municipal y dijo que este atraso obedece al “tipo de evaluaciones que se practican y la rotación de personas, en forma específica a nivel municipal”.
Cómo octavo punto, el responsable de la política interna del país señaló la inteligencia, al referir que cada sede de las cinco regiones del país contará con un centro de esta naturaleza que reciba y comparta información con corporaciones locales, estatales y federales, pero no dio ningún detalle en torno a si estas sedes serían coordinados por agencias estadounidenses, o si se corre el riesgo de que se pusieran al servicio de los propios cárteles del narcotráfico. Como noveno punto, Osorio Chong celebró la construcción de cuatro centros de reinserción social, sin aclarar si son públicos o privados, dado el proceso de privatización del sistema penitenciario que inició con el gobierno de Felipe Calderón, el cual ha sido sumamente cuestionado y, en este punto nos detendremos más adelante. Por último, como décima esfera destacó la implementación del sistema acusatorio y adversarial, el cual ya opera en 16 entidades: en 3 de manera total y en 13 parcial.
Otro punto en el que centró su intervención el ex gobernador de Hidalgo giró en torno a que el gobierno federal “ha honrado su palabra” al no mezclar la política con temas de seguridad, cuando lo que se ha hecho es la implementación de una estrategia mediática para que las noticias sobre la inseguridad, las ejecuciones, las operaciones del narcotráfico, y actividades ilícitas altamente rentables como el secuestro, los “levantamientos” y la extorsión a comerciantes y empresarios no se publique o no se presenten en las primeras planas o en los arranques de los noticieros de radio y televisión nacional, regionales y estatales. El ocultar los cadáveres debajo del colchón no quiere decir que los homicidios no ocurrieron ni mucho menos que no hay asesinatos.
Osorio Chong presumió la estrategia implementada por Felipe Calderón misma que fracasó rotundamente, al señalar que en Michoacán -cuna de este naufragio- a pesar de que en mayo pasado “entramos y el grado de descomposición era muy grave, la federación ya ha recuperado espacios arrebatándole el control a la delincuencia organizada y cortando de tajo la desarticulación interna, apoyando a las autoridades estatales y sobre todo, contando con la participación de la sociedad civil”. Dijo que en el caso de la entidad que gobierna Fausto Vallejo, se han redireccionado recursos para el adiestramiento y la capacitación de los cuerpos de seguridad .
El secretario de Gobernación, responsable de la política interna del país, dejo sin respuesta las imputaciones al gobierno federal, del que forma parte importante, en el sentido de que se oculta información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos, y al hecho de que, aunque no se publicita, el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres; tampoco dio respuesta a las acusaciones en el sentido de que las autoridades mexicanas eluden su responsabilidad en la persecución de los crímenes cometidos por los narcotraficantes; tampoco hizo ninguna referencia al hecho de que los procesos judiciales contra los delincuentes detenidos se llevan a cabo en absoluto secreto. Ni una palabra dijo en torno a la acusación del gobierno estadounidense que atribuye “a la corrupción generalizada” la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y detener la violencia de los cárteles.
Osorio no desmintió que los narcotraficantes operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ni se refirió a sus actividades de obstrucción de caminos, asalto y control de pueblos enteros, sus batallas contra soldados y fuerzas federales que están en sus territorios. El abandono de las autoridades mexicanas es tal que el “impuesto” que cobra el crimen se ha generalizado en las ciudades más peligrosas. Ocho de cada diez empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsiones, lo que ha provocado el cierre de decenas de miles de negocios.
CÁRCELES PRIVADAS: NEGOCIO REDONDO
El sistema penitenciario nacional con una población de más de 236 mil reclusos es un importante “nicho de negocios” del que ya comenzaron a sacar jugosas ganancias destacados empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, así como las familias Hank Rhon y Quintana. La privatización de las cárceles que inició con el gobierno de Felipe Calderón es un lucrativo negocio ilegal que se les esta otorgando de manera confidencial a unos cuantos empresarios ligados al poder político federal. Esta privatización violenta la Constitución, los tratados internacionales que en la materia ha firmado México, así como otras legislaciones federales y estatales.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón Cruz, resalta que “el artículo 18 constitucional estipula claramente que el Estado debe hacerse cargo de las prisiones y de toda la cuestión penitenciaria”. Sin embargo, la gestión de Felipe Calderón evadió esa responsabilidad y lo mismo esta haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto al entregar a la iniciativa privada del control de algunas prisiones. La actual administración también violenta documentos pronunciados por la ONU como las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” emitidas en 1977, donde quedó establecido el camino de la reinserción social. En ningún punto se da cabida a empresas privadas para esa función, precisamente por sus fines de lucro. Esas reglas fueron firmadas por el gobierno mexicano.
Tal y como se ha comprobado en muchos países, la privatización no resuelve los problemas sino todo lo contrario, los agravan; contra lo que sostienen funcionarios de la administración peñanietista, las cárceles privadas suelen ser más violentas que las públicas; la rehabilitación no se cumple, se violan los derechos humanos, aumentan los suicidios y el tráfico interno de estupefacientes sigue dándose.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha dado a conocer cuántas cárceles están ya en manos de particulares, las concesiones y adjudicaciones directas se han manejado en total secrecía y para beneficiar a unos cuantos empresarios ligados al poder político. Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y uno de los principales impulsores de la privatización de las cárceles, es quien concentra esta información y la mantiene en la opacidad, por así convenir a sus intereses.
En México, al igual que se hace en otros países, las empresas utilizan la mano de obra de los reclusos en condiciones esclavizantes; sus ganancias salen precisamente del trabajo carcelario; se desconoce si los prisioneros reciben algún pago por su trabajo, si tienen reparto de utilidades, o aguinaldos. Bajo el argumento de la cancelación de derechos de los internos es que se lleva a cabo esta explotación.
Tan sólo unos cuantos empresarios han sido beneficiados con este negocio redondo. Entre ellos se cuenta Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, integrante del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto. Ese “cachorro de la revolución” ya tiene bajo su mando el Centro de Reclusión de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el que invirtió mil 200 millones de pesos, en asociación con ICA (Ingenieros Civiles Asociados) de la familia Quintana. Hank González también financió dos centros penitenciarios en el Distrito Federal.
Otro empresario beneficiado es el magnate Carlos Slim, considerado el segundo hombre más rico del mundo. Sus empresas ya cuentan con convenios para construir dos centros penitenciarios en Morelos y en Chiapas. Otro empresario consentido del poder político federal, Olegario Vázquez Raña, ya construye penales en Durango y Michoacán. Uno más, Alfonso Quintana, de ICA, ya construyó el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Sonora. Y hay otras empresas que ya están insertadas en este lucrativo negocio, mientras que los proyectos de inversión están a cargo de un personaje clave en la quiebra del país, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de su empresa Protego Asesores.
El negocio consiste en que esos empresarios construyen las prisiones y luego las administran por 20 años, al término de ese periodo en teoría deberán entregarlos al gobierno federal. En esta administración, a la iniciativa privada se le encargó la construcción de ocho cárceles, de las cuales ya están dos terminadas, aunque no se informó a qué empresas se les otorgó esa concesión. El negocio inicia desde la misma construcción que resulta costosa por la calidad de los materiales. El sofisticado equipo de seguridad también es caro. Ya construida la cárcel, la empresa privada se encarga del mantenimiento y la administración integral por un largo periodo. Provee al recluso de alimentación, lavado de ropa, servicio médico, etc., todo a excepción de la seguridad que corresponde al Estado, servicios por lo que tienen que pagar los reclusos o sus familiares. Para hacerlas todavía más rentables se aplica el modelo prisión-fábrica, y como ejemplo está el caso del empresario Kamel Nacif, cuyos talleres de maquila de ropa estaban en algunas prisiones del estado de Puebla.
Destacados investigadores y analistas han alertado que la privatización de las cárceles conlleva muchos riesgos, entre los que destaca que ahora el crimen organizado podría manejar formalmente las prisiones mediante este lucrativo esquema privatizador que facilita el “lavado de dinero”. La privatización de las cárceles se presta a la triangulación de recursos y a valerse de prestanombres. Los riesgos en su manejo ha sido claramente ilustrado en la serie de televisión “Capadocia: un lugar sin perdón”, producida por HBO Latin America-Argos Producciones, donde se difunde la serie de intereses encontrados en un negocio de esta naturaleza y los vicios que se derivan en los centros privatizados, que agudizan los que se dan en cárceles públicas, que van desde el trabajo esclavo de las reclusas hasta el negocio del tráfico de drogas, controlado desde la administración de los penales.
DE LOS PASILLOS
Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México advirtieron que el proceso de reformas impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha sido respaldado por el Congreso de la Unión, corre el riesgo de tener una avance menor a la expectativa que se han creado los agentes económicos. Apuntan que el estímulo que busca dar el gobierno a la actividad económica, mediante al contratación de deuda e incurrir en un déficit fiscal de 1.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), “podría ser limitado”.
Los expertos en geopolítica como John Saxe-Fernández alertan que la presión de las empresas petroleras internacionales para apoderarse urgentemente del petróleo mexicano es para acceder al mercado de capitales, el cual les exige la garantía de nuevas reservas petroleras para obtener financiamientos. Subraya que las petroleras no invertirán, sino que usarán la riqueza del país para acceder al capital que ofrecen los mercados bursátiles internacionales.
El papa Francisco arremetió ayer contra “la diosa de la corrupción” . En su homilía en Santa Martha, comparó la corrupción con la dependencia a los estupefacientes. Dijo que “el hábito a los sobornos se convierte en una adicción”. El pontífice expresó su pena por “esa pobre gente que ha perdido la dignidad en la práctica de soborno y sólo trae consigo, no sólo el dinero que ganaron, sino también la falta de dignidad”.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1
