In Ius Vocatio. La Soledad de Zacatecas
PEDRO JASSO CARRILLO
En este contexto de ilegalidad, a quién podemos llamar a la justicia, quién puede comparecer para explicar, exponer, dar su punto de vista sobre esta resolución de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el retiro del triunfo a Soledad Luévano en la capital zacatecana. ¿Quién puede intervenir para dar certeza jurídica, otorgar un verdadero Estado de Derecho?
Acaso puede ser el gobernador saliente, o el gobernador entrante, quienes ostentan la primera magistratura del estado, quienes sabemos que pueden influir en todos los niveles de gobierno a nivel estatal y nacional, o Enrique Peña Nieto o el secretario de Gobierno. ¿Quiénes pueden ser llamados por la justicia?
Cabe mencionar que en todo proceso judicial es nulo de pleno Derecho, que una persona que tenga injerencia directa en un asunto, que puede ser cómplice, familiar, amigo, socio o de una misma filia política, sea juez y parte, por lo que no es sano que esté inmerso, es un principio jurídico ineludible, entonces a quién acudimos para hacer valer los derechos fundamentales de todo gobernado.
La hipótesis que considero es acudir a pedir justicia ante la mayoría de los capitalinos, y sean ellos los jueces para determinar si quieren que gobierne Morena o el PRI. Aunque eso ya se había decidido el pasado 5 de junio. Sin embargo, la decisión de la mayoría de zacatecanos está atada a la necesidad económica, y eso, hace tomar decisiones equivocas.
Ahora bien, me pregunto, por qué no quieren que entre Soledad Luévano a tomar las riendas de la capital, en su estatus de fiscalizadora natural, bien sabe el gobierno en el poder que es la muerte política para los priistas; en las siguientes elecciones y que están a la vuelta de la esquina.
Que pasará en las elecciones extraordinarias, volverá a ganar Morena o ganará el PRI. Todos sabemos que depende de dos voluntades; la del presidente y la del gobernador. Quedando en segundo plano la impartición de justicia por parte de los Tribunales instaurados en nuestro país y las Instituciones electorales.
Concluyo que no hay una personalidad política-jurídica-administrativa que pueda dar certeza en este asunto de la capital, sólo esperar lo inevitable, lo imposible…
