IMSS comete delito de desacato
SARA LOVERA
Es probable que yo sea una romántica. Pero la jornada por conseguir legal y gratuita la interrupción del embarazo en todo el mundo, es una aspiración de libertad elemental, de justicia, de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, de sus derechos humanos, algo sobre lo que vale la pena vivir.
La jornada mundial de acción a favor del aborto legal, seguro y accesible, está ligada a la Lei do Ventre Livre -ley del vientre libre- que un 28 de septiembre de 1871 se decretó en Brasil, para reconocer a hijas e hijos de las mujeres esclavas, al tiempo de abolir la esclavitud.
Eso invocaron las feministas reunidas en San Bernardo, Argentina, en noviembre de 1990, durante el V Encuentro Feminista en donde se determinó esta jornada de acción, que ahora, bajo los pañuelos verdes invadirá calles y plazas de México y del mundo. Hemos avanzado, gracias a la movilización de las mujeres feministas.
La reciente declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ninguna mexicana sea criminalizada por interrumpir su embarazo, dista mucho de significar su despenalización. Todavía es un delito en 20 entidades del país; todavía es un delito en el imaginario de una parte de la población, todavía se considera “un problema complicado”, en algunos sectores de opinión. Y donde está permitido hasta las 12 semanas, no hay garantías sanitarias suficientes.
Hay que decir, con todas sus letras que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista y con todo y los prejuicios, ha tenido una historia despenalizadora en México. La bibliografía es abundante.
En 1936, en la Convención de Unificación del Código Penal, Ofelia Domínguez Navarro y Matilde Rodríguez Cabo, -compañera del general Mújica-, pusieron a discusión un documento titulado Aborto por causas sociales y económicas, ambas médicas y activistas, propusieron que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres primeros meses del embarazo y documentaron desde entonces cómo se trataba de un asunto de salud pública.
El código penal de 1931 estableció que no era delito el aborto, resultado de una violación. Un asunto que todavía no entienden muchos congresistas locales; a partir de los años 70, las feministas hicieron muchas propuestas. Una iniciativa elaborada en colectivo se presentó en el Congreso en 1979, unos años después de la encuesta de 1976 que se hizo por órdenes de Luis Echeverría, en donde se recomendó despenalizar, porque morían 500 mujeres cada año.
Y es que se trata de un asunto de derechos, sin duda, pero es un problema de salud pública, porque no sólo las mujeres pueden perder la vida en un aborto clandestino, sino que hay secuelas y es la cuarta causa de la muerte materna en México.
Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social, todavía se niega a realizar un aborto seguro por violación, en 2023, cuando es legal la ILE hasta las 12 semanas, en 12 entidades del país, sólo por voluntad de la embarazada. Por ello, debería ser acusado del delito de desacato.
El camino todavía es largo, mientras las jóvenes de la Marea Verde son las principales promotoras de la vida y los derechos humanos de las mujeres; son ellas el heraldo, la vanguardia, resumen con su labor enormes tareas realizadas por las feministas, desde los años 30 del siglo pasado. No es por gusto, el aborto es una decisión en situación límite, es un asunto de libertad. No es una lucha individual. En fin, este jueves percibiremos la fuerza y la entereza de las jóvenes. Veremos.
