Impuesto ecológico: Contubernio contra el semidesierto zacatecano
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
El “impuesto ecológico” en Zacatecas, es muestra clara que el gobernador del estado en complicidad con el gobierno federal, está en contra de los intereses y el patrimonio ambiental de los zacatecanos, y en favor de que las grandes empresas mineras nacionales, y sobre todo internacionales, sigan saqueando descaradamente las riquezas naturales de nuestro estado.
Las actividades de explotación minera que diversas compañías realizan en el semidesierto zacatecano son ilegales y están generando daños irreversibles al medio ambiente, provocando un severo desequilibrio al sistema ecológico, así como al entorno en el que vive la población de esa región.
Las autoridades estatales y federales deben actuar en favor del medio ambiente zacatecano y de la salud de la población de esa región. Tienen que intervenir, revocar las concesiones otorgadas a las empresas mineras, porque operan de forma ilegal y son dañinas para ese entorno.
Desde el junio del 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó un estudio que sustenta la expedición del decreto por el cual se declararía Área Natural Protegida, con carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Desierto Semiárido de Zacatecas, con superficie de dos millones quinientos setenta y siete mil ciento veintisiete hectáreas y abarca los siguientes municipios: General Francisco R. Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil.
Ese estudio jurídicamente está sustentado en los artículos 48 y 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los refieren que se deberán regular los aprovechamientos no extractivos de vida silvestre teniendo que ser de bajo impacto, lo anterior de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y que son emitidas por esa secretaría.
ARTÍCULO 48.- “Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
En las zonas núcleo de las reservas de la biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
ARTÍCULO 49.- “En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido:
- Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
- Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal;
- Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como organismos genéticamente modificados, y
- Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven”.
Sin embargo, es inadmisible que con el propósito de que el “impuesto minero” continúe, el Gobierno del Estado de Zacatecas esté encabezando acciones para que la Semarnat no emita el decreto, justificando que la minería es de importancia para el desarrollo económico de la entidad, y porque genera empleos, los cuales –debo señalar- en su mayoría no son para zacatecanos.
Además, es absurdo e incongruente que el gobernador siga aplicando ese impuesto pese a que reconoció que la explotación minera provoca daños al medio ambiente.
La obligación del Ejecutivo de Zacatecas es velar por los intereses de la población, la protección de las reservas naturales, así como impulsar desarrollo económico y social en la entidad, mediante proyectos que generen empleo, ingreso y consumo para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Por ello no debe intervenir en favor de que se legalicen los daños al medio ambiente, debido a que ello aporta también a que se afecte la salud de los zacatecanos, además, porque coadyuva a que se destruya el patrimonio y desarrollo sustentable del estado y de México.
Es necesario que la población sepa que las concesiones mineras son facultad del gobierno Federal y no de los gobiernos estatales, por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) revocará el decreto en el que el Gobierno del Estado de Zacatecas impuso el «impuesto minero».
El contexto y la manera en que se han venido dando tales acciones dan muestra que entre la autoridad estatal y federal existe una evidente simulación, un juego convenido, donde pretenden engañar a los zacatecanos, haciéndoles creer que están actuando en favor de sus intereses y del desarrollo económico del estado.
El hecho que el gobierno federal haya interpuesto una controversia constitucional ante la SCJN para que se solucione el conflicto, cuya finalidad es dejar sin efecto los artículos del 6 a 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, los cuales dan validez a la aplicación de impuestos ecológicos a la industria minera, es prueba de dicha simulación.
En tal sentido, el gobernador utilizaría la decisión de la SCJN para alegar que por su parte se realizaron acciones para beneficiar al estado de Zacatecas y la población pero la intromisión del gobierno federal fue la que no lo permitió.
Además, debo destacar que las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de Zacatecas no consideraron lo que jurídicamente conllevaba ejecutar el “impuesto ecológico” en Zacatecas, por ello, el solicitar la intervención de la SCJN tiene como objetivo el que el estatal y federal evadan sus respectivas responsabilidades.
Ambas autoridades tienen la obligación de explicar cuáles son los causales constitucionales y jurídicos en que se basaron para actuar de tal forma. Además, es su obligación exigirle a la Semarnat la declaratoria de Área Natural Protegida, con carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Desierto Semiárido de Zacatecas.
* Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
