Imposición legislativa, no: Narro
LILIA ARELLANO
La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo: Nelson Mandela
La Constitución señala la obligación del Estado mexicano de dotar de educación de calidad a las nuevas generaciones, sin soslayar los derechos laborales de los profesores. Este mandato general se ha convertido en un severo problema político por la resistencia de la administración federal a negociar con los maestros ya no la reforma educativa, sino ahora también las leyes secundarias, y la necedad de aplicar a rajatabla lo aprobado por el Congreso, sin consensuarlo con el magisterio nacional que mantiene sus movilizaciones en defensa de sus derechos laborales. Maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México, y el Distrito Federal se movilizaron ayer para presionar al Senado de la República, a fin de que no apruebe, tal y como las envío el Ejecutivo, la Ley del Servicio Profesional Docente; la Ley General de Educación; y la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Frente a los mentores, el rector de la UNAM, José Narro, pidió a los legisladores tomar en cuenta las opiniones de los maestros, con sensibilidad y atendiendo la situación que vive el país; expresó su respeto al derecho de manifestación de los mentores, a los que, dijo, es necesario escuchar, y asentó que ahora le toca a los órganos legislativos tomar las determinaciones que correspondan, escuchando el sentir de la gente. Sostuvo que México requiere una gran reforma educativa integral, pues la calidad de la enseñanza actual no es la que necesita el país. Resaltó que la reforma de la enseñanza no concluye con los actuales cambios constitucionales ni con cambios legales, ya que se requiere de muchas cosas y tomar en cuenta a los actores fundamentales como los profesores.
Mientras, en la Cámara de Diputados, el coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, consideró que son “legítimas” las protestas que de manera pacífica realizan los maestros, y consideró que son una reacción al “engaño” de que fueron objeto al no ser incluidos sus planteamientos en las propuestas de las iniciativas de leyes secundarias a la reforma educativa. Subrayó que “no aparece ninguna de sus propuestas en el contenido del ordenamiento jurídico que se presenta para el análisis, discusión y votación del periodo extraordinario, que se realizará del 21 al 23 de agosto”. Monreal cuestionó que a sólo unos días del periodo extraordinario se puedan revisar de manera profunda dichas leyes. Sostuvo que los legisladores no conocen el contenido de las leyes, que habrán de aprobar o modificar.
Los mentores de las secciones 22 de Oaxaca, 14 de Guerrero, 13 de Michoacán, 32 de Veracruz y la del Distrito Federal, marcharon desde el campamento que establecieron en el zócalo capitalino hasta la sede del Senado, en Paseo de la Reforma, y cerraron ambos sentidos de está céntrica vialidad por varias horas. Otros profesores procedentes de Oaxaca y Guerrero se sumaron ayer a las movilizaciones tras arribar al Distrito Federal a través de la autopista México-Puebla, lo que congestionó el tráfico de la zona oriente de la Ciudad de México. Por segundo día consecutivo, los maestros se manifestaron en contra de las iniciativas de legislación secundaria que esta semana envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.
A pesar de la velocidad con la que el Ejecutivo federal pretende que el Congreso avale las leyes secundarias en materia educativa, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados ya adelantó que se tomarán su tiempo para el análisis de dichas reglamentaciones, por lo que el dictamen respetivo no saldrá rápido. El diputado perredista Jorge de la Vega, presidente de la Comisión de Educación, destacó que no hay los consensos necesarios en torno a esas leyes, como por ejemplo lo relacionado al Servicio Profesional Docente. Destacó que para los diputados perredistas, todos los derechos de los trabajadores asentados en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo y sus leyes reglamentarias deben respetarse.
De la Vega aseguró a los maestros que “aún aquellos docentes” que compraron una plaza en arreglo con la burocracia del SNTE, “hay que someterlos a un proceso de capacitación intensa y continúa, porque ya están ahí y tienen derechos. Hay que hacerlo”. En tanto, el senador Miguel Barbosa, sostuvo que sobre la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) hay un acuerdo muy avanzado, pero se tiene poco tiempo.
Para los panistas, “no hay marcha atrás” en cuanto a la evaluación de todos y cada uno de los integrantes del Sistema Educativo Nacional. Juan Carlos Romero Hicks advirtió que eso “ya está en el texto de la Constitución”. El panista insistió en que el Congreso no legislará en contra de los maestros.
CAMBIOS
En el paquete de iniciativas que envío la SEP al Congreso y que reglamentan los artículos 3 y 73 de la Constitución, que fueron reformados el 26 de febrero, se propone que maestros, directores y supervisores se sometan al menos cada cuatro años a una evaluación, aunque si no la aprueban no serán despedidos. Los maestros que se sometan a evaluación tendrán hasta tres oportunidades, en un periodo de tres años, para aprobar el examen. Si aún así no lo aprueban, serán reasignados a otra actividad fuera del salón de clases.
También, por primera vez, se establece una normatividad para el ingreso de maestros, su promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio. Asimismo, plantea eliminar la plaza de base automática, un periodo de instrucción para los profesores de nuevo ingreso y tutorías. Establece que los maestros y directores de educación básica y media superior que obtengan la plaza mediante un concurso de oposición deberán pasar por un periodo de inducción de dos años, en el que tendrán que aprobar para obtener la plaza de base o el nombramiento definitivo. Los concursos de oposición comenzarán a aplicarse en julio de 2014.
Las reformas en la materia plantean sustituir la carrera magisterial para que las promociones estén relacionadas con un desempeño destacado y en continuo avance; busca terminar con la asignación discrecional de plazas, toda vez que plantea que corresponderá a las autoridades educativas administrar la asignación de éstas con estricto apego al orden de prelación de quienes resultaron idóneos en los concursos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) propone eliminar un párrafo a la Ley General de Educación, que protege de sanciones a los trabajadores de la Educación. Se trata del último párrafo del artículo 75 que señala: “las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos”. La SEP argumenta que debe eliminarse ese párrafo porque las sanciones para los trabajadores de la educación se indican en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
También se plante la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que permitirá a la SEP saber no sólo cuántos maestros hay y dónde están, sino tener comunicación directa con las escuelas. Además se propone modificar el artículo 14 para que el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación Educativa) sea la institución encargada de evaluar al sistema educativo, facultad que es exclusiva de la SEP.
MINERAS, DUEÑAS DE MÉXICO
Con bombo y platillo se anunció que una delegación empresarial alemana viajará a México en octubre próximo con miras a realizar negocios en la industria minera mexicana, para lo cual pretenden adquirir un amplio panorama de la situación política y la realidad social del país. Una de las prioridades actuales de Alemania es asegurarse acceso a materias primas.
El territorio mexicano es muy atractivo para los inversionistas de los países industrializados, ya que es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. Es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo. La producción minera de México se divide en 21% de oro, 20% de plata, 14% de cobre, 8% de zinc y el resto de otros minerales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Tan sólo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, lo que equivale al 26 por ciento del territorio nacional.
Se calcula que hay al menos 27 mil concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en diferentes sexenios que abarcan alrededor del 30 por ciento del territorio nacional. Tan sólo en el estado de Morelos, hay 53 concesiones que cubren 8 por ciento del suelo estatal. Dichas concesiones son tan irracionales que hacen pensar en prácticas sumamente corruptas a través de las cuales fueron obtenidas. Por ejemplo, el centro arqueológico Xochicalco, tierras de cultivo, lagos, sitios ceremoniales y zonas de selva baja caducifolia forman parte de las 15 mil hectárea concesionadas a Esperanza Silver, minera canadiense que busca obtener oro y plata en la zona.
Lo que caracteriza a esta actividad económica es su concentración en pocas manos y una gran explotación que se hace sobre los trabajadores mineros. No es gratuito que los tres hombres más ricos del país se dediquen a esta actividad. Una de las principales empresas del sector es Grupo México, de Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), que ha sido favorecida con concesiones en minas de cobre, por parte de los gobiernos federales, en los últimos 22 años, lo que lo ha convertido en la monopolizadora de este metal. También goza de grandes facilidades fiscales. De acuerdo con datos de la SHCP, Grupo México pagó, en 2008, el 3.9 por ciento en relación a sus ventas, y obtuvo 7,198 millones de pesos en impuestos diferidos en ese mismo año. En contraste, las condiciones laborales y de seguridad de sus trabajadores son inadecuadas y prueba de ello es el accidente que se tuvo en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, donde murieron 63 mineros y la empresa ni siquiera hizo esfuerzos para rescatar al grupo de trabajadores.
Carlos Slim, el hombre más acaudalado del planeta, cuenta con la empresa minera Frisco, que es uno de los tres consorcios que dominan y concentran la extracción minera, sobre todo en oro y plata, y que también goza de estímulos fiscales muy generosos por parte del gobierno federal. Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, es la tercera empresa minera de capital nacional que domina la extracción de minerales en México. Es una compañía que se destaca por sus muchos accidentes de trabajo y por acusaciones en su contra por daños ecológicos en comunidades en donde están presentes.
De acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su informe del 2010, las multinacionales mineras que operan en nuestro país tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos, es decir, poco más de 1 por ciento de sus ganancias.
Las grandes mineras que operan en México y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México de Germán Larrea, Industrias Peñoles de Alberto Bailleres, y Minera Frisco de Carlos Slim y la Compañía Minera Autlán, de la familia Rivero, sumaron 17 mil 317 millones de pesos, entre enero y junio de este año. No obstante los multimillonarios se quejan porque sus utilidades quedaron 33.4 por ciento por debajo de las que consiguieron en igual periodo de 2012, cuando alcanzaron los 26 mil 13 millones de pesos.
Esa reducción se explica porque disminuyeron sus ingreso por la venta de los minerales y metales que comercializan, así como por la apreciación que tuvo el peso frente al dólar y que colocó en desventaja sus exportaciones, y también a la caída de los precios internacionales de dichos productos.
El trato privilegiado que reciben estas empresas por parte de la Secretaría de Hacienda es, por decir, lo menos sorprendente, si tomamos en cuenta no sólo el alto nivel de ganancias sino que la minería es una de las actividades productivas más contaminantes, y es inherentemente insostenible, ya que implica el agotamiento de recursos no renovables. Esta actividad tiene un alto impacto porque afecta el ambiente, desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua superficiales y subsuperficiales.
DE LOS PASILLOS
El subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza, confirmó que de aprobarse la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, cualquier empresario, mexicano o extranjero, podrá construir y operar refinerías en territorio nacional. El funcionario tampoco descartó que la venta de gasolinas en el país pueda darse a través de una red de distribución distinta a la que existe actualmente y que opera con franquicias que otorga Petróleos Mexicanos (Pemex).
El PRD alista una campaña propagandística para hacer frente a la campaña oficial en pro de la reforma estratégica que impulsa el Ejecutivo federal, a fin de advertir los riesgos de que se apruebe una iniciativa de ese tipo. Los perredistas alertan que “sería un caos, se paralizaría la actividad productiva y social del país, sin petróleo”, por lo que esa industria estratégica no puede cederse a empresas privadas.
La Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) interrogó a un total de 41 habitantes de Aquila, Michoacán, detenidos en un operativo que incluyó fuerzas federales y estatales. La SEIDO cuenta con un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de esas personas, a quienes se inició una averiguación previa por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que fueron aprehendidos en posesión de armas reservadas para el uso de las fuerzas armadas.
En protesta contra la reforma energética y el incremento en el precio de las gasolinas, integrantes del Barzón popular bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Pachuca, a la altura del Río de los Remedios, y de ahí se dirigieron a la Basílica de Guadalupe a bordo de aproximadamente 150 autobuses… Al cierre de la jornada cambiaria de ayer, el dólar avanzó 15 centavos frente a la moneda mexicana, respecto a la conclusión de la sesión anterior, para venderse hasta en 13.10 pesos, mientras que se adquirió en un mínimo de 12.38 pesos en bancos del Distrito Federal.
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