Horas de tensión
LILIA ARELLANO
Ningún gobierno puede mantenerse sólido mucho tiempo sin una oposición temible: Benjamín Disraeli
Horas de gran tensión se vivieron en la capital de la República ante los visos permanentes de enfrentamiento entre quienes se oponen rotundamente a la reforma energética y las fuerzas del orden público. Desde el lunes anterior se supo de la reservación y ocupación de habitaciones en los hoteles cercanos a la sede senatorial para mantener por un lado el “control” del orden y, por el otro, facilitar la llegada de legisladores al recinto en donde habrían de discutir una reforma que, sabido es dado el empeño de priístas y panistas por difundirlo, está aprobada, no tiene limitaciones y su puesta en marcha será inmediata porque ya existen los suficientes antecedentes y contratos firmados que en ese momento perderán cualquier viso de invalidez o de encontrarse fuera de la Ley.
No se conformaron con el blindaje a este inmueble sino que lo extendieron a Gobernación a la Torre de Pemex, a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y tomaron una serie de precauciones en el recinto de San Lázaro. Todo ello al saberse de la decisión de otras organizaciones de participar en el plantón al que convocó Morena y su líder quien, desde la cama de hospital donde se encuentra, giró instrucciones para que su vástago en calidad de vocero de la organización señalara que no habría ningún cambio ni en la fecha ni en la hora de la convocatoria y que el cerco se llevaría a cabo con la misma firmeza con la que los blanquiazules y los tricolores utilizan para asegurar que todo está hecho y no habrá marcha atrás.
Sin embargo, los primeros en dar marcha atrás, por lo menos en la fecha de la decisión fatal, fueron los propios senadores de los partidos mencionados, debido a la presión que se ejerce por parte de los ciudadanos que lo que menos pueden esperar es que se atienda su solicitud de realizar una consulta pública en el presente y no hasta el próximo proceso electoral federal, cuando ya se tengan contratos para compartir las utilidades de la renta petrolera y los referentes a la producción y distribución de la energía eléctrica y los relativos al gas ya que se tendría que recurrir a organismos y tribunales internacionales para lograr una invalidez que desde ahora los especialistas consideran difícil de obtener.
El contingente de inconformes sumó miles y miles de voluntades que intentaron controlar con cerca de 5 mil policías. Las vallas tumultuosas nunca vistas y las pretensiones de violencia lograron aumentar la tensión de quienes desarrollan sus diarias actividades en la zona pero principalmente consiguieron penetrar en el ánimo de quienes apenas 48 horas antes aseguraban tener todo bajo control y no esperaban toparse con una realidad que revela la negativa de que se lleve a cabo lo que se ha calificado como un “asalto a la Nación”. Y si bien es innegable que la entrega petrolera tiene un futuro marcado que daña a los mexicanos el fondo es mucho más grave porque el volumen de cifras que se maneja es revelador del por qué de la crítica situación económica por la que se atraviesa y refleja el motivo de la recesión.
En este sentido es la corrupción la que debiera atacarse a fondo y, sin embargo, para ese mal que ya logró corroer a todo el sistema político mexicano no parece que exista ningún freno y menos aún la cura drástica que requiere. Desde distintas ópticas se recoge la aceptación de la participación de la iniciativa privada en muchos de los renglones de desarrollo de las Naciones, solo que en nuestro país esa intervención sólo ha servido para abusar y hacerlo con la bendición de autoridades que “venden” no sólo la entrada a las inversiones sino con acciones y actitudes propias de las delincuencia, de la mafia, les brindan protección, misma que cobran con porcentajes al estilo regalías o de plano cuotas fijas tipo iguala.
No puede ni debe confiarse en ninguno de los renglones que se proponen de participación porque en ellos va inmersa la ganancia que obtendrá el mismo grupo que ha comercializado con los bancos, con su ingreso al país hasta convertir a la banca en un instrumento en manos de extranjeros que carece de reglas claras, que permite una serie de abusos cuyo listado crece día con día, que ahora sitúa al gobierno como su defensor de oficio al dictar una reforma financiera que da pie a que quienes no puedan pagar los créditos otorgados merced a la situación económica actual, a la recesión a la que nos ha llevado la federación y sus pésimas políticas en esta rama, ingresen a la cárcel y las acusaciones puedan fincarse hasta por fraude, con lo que pagar no significará quedar en libertad.
Así las cosas está más que claro que detrás de la reforma energética son otros los intereses que prevalecen y que nada tienen que ver ni con lograr el desarrollo que el país con todas las riquezas que posee se merece y mucho menos ese reflejo de bienestar inmediato que a través de cientos, miles de anuncios todos los días, pretenden venderle a la población. No hay un sólo experto petrolero, en los derivados de éste, en la generación de energía o en la producción de gas que diga que lo que están haciendo es al cien por ciento correcto, como tampoco comparten lo de las pérdidas multimillonarias en dólares de Pemex, su quebranto y la urgente necesidad de abrirse sin la reglamentación debida a la iniciativa privada. En uno o en todos los renglones manifiestan que existen otras formas y fórmulas para salir adelante lo cual no encierra sino la certeza de que corroídos por la corrupción habrán de volver, como hace más de 500 años, a entregar el oro, ahora el negro, a cambio de espejitos para la Nación y sus ciudadanos y de gran riqueza para un pequeño grupo.
Las modificaciones que propone Peña Nieto han causado alarma a sectores progresistas de la población, ya que tira a la basura lo que señala el Artículo 27, en su párrafo sexto: “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señala la Ley Reglamentaria respectiva”, toda vez que la versión modificada establece que: “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos”.
Por lo que toca al sector eléctrico, la propuesta también anula el contenido del Artículo 27, que señala que: “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, la versión modificada de dicho artículo quedaría: “corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.
La modificación al Artículo 28 Constitucional le quitaría exclusividad al Estado en el manejo de los hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad. Anularía el aspecto medular de este artículo que establece que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, el artículo quedaría así: “no constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión… Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”.
Está suficientemente claro que no hay ninguna regla clara, que se intenta modificar la Constitución para dar entrada a una serie de leyes secundarias y reglamentos que incluso contemplen, como lo adelantaron, que cada caso resulte “especial” y en ese terreno es que cabe todo indicio de prácticas corruptas mucho mayores a las que ya se vienen realizando desde hace décadas en el sector energético. Es de ahí que parte la resistencia y la oposición del pueblo mexicano a este “asalto a la Nación”. De ahí que al presidente Enrique Peña Nieto se le pueda demandar el incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que juró cumplir y hacer cumplir; de ahí que a los legisladores del PRI y PAN que apoyan y están dispuestos a votar a favor de estos cambios se les pueda calificar de “traidores a la Patria”, y someterlos a un juicio político para desaforarlos, porque como el dirigente nacional del PRI, César Camacho, siguen sosteniendo que la discusión y eventual aprobación de la reforma energética es un tema que ya no se puede postergar y tampoco debatir eternamente.
PRESIONES LOGRAN DETENER SESION
El inicio del “asalto a la Nación” se pospuso 24 horas por la presión de las huestes de Andrés Manuel López Obrador, de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, de los docentes disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro adheridos al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otras organizaciones, que cercaron el Senado de la República, lo que presionó a que el dictamen de la reforma energética, programado para ayer en la tarde, se pospusiera para el próximo domingo, tras un “error de procedimiento” cometido por el priísta David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado. Será hasta este viernes que sesionen las comisiones unidas que dictaminarán la reforma energética, con el fin de dar a conocer un proyecto de dictamen, que hasta ayer se desconocía.
Inconformes con estos cambios a la Carta Magna lograron romper el cerco instalado en los alrededores del Senado de la República. Pasado el mediodía los manifestantes consiguieron con empujones mover las barreras metálicas instaladas en el cruce de Reforma y la calle de París. El ingreso de los reclamantes movilizó a los cuerpos policíacos, mientras personal de la Cámara alta encadenó las rejas de todos los accesos al recinto. Decenas de policías y granaderos lograron replegar a los ciudadanos. Desde temprano hora, cientos de integrantes de Morena, tal y como lo anunciaron 24 horas antes, se plantaron en las inmediaciones y en el Senado en protesta por la entrega de la renta petrolera. Otro grupo estableció una valla desde la Glorieta Colón, en Paseo de la Reforma, hasta llegar casi a Bucareli, en donde otro contingente policiaco ya había tomado medidas para impedirles llegar hasta el Palacio de Covian. El hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán deslindó a Morena de la desinstalación de vallas entorno al Senado, que presuntamente fue realizada con violencia por maestros de la CNTE.
Al mismo tiempo, maestros de la Coordinadora e integrantes del SME rodearon también el Senado de la República. A ellos se les sumaron campesinos formalmente constituidos en el Frente Auténtico del Campo en el Distrito Federal, que se unieron a las protestas. El cerco afectó Paseo de la Reforma, desde el Eje 1 Poniente hasta la Avenida de Los Insurgentes. La censura “contra la privatización del petróleo” se realizó de manera pacífica, e impidió el acceso de un importante número de senadores, no obstante que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Policía Federal y el área de Resguardo y Seguridad del Senado establecieron dispositivos de seguridad en el interior y alrededores del recinto legislativo, para evitar “la comisión de actos ilícitos” durante las movilizaciones. Fueron reclutados alrededor de 4 mil 400 elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial y de Proximidad, así como del Agrupamiento de Granaderos y la Policía Federal, quienes portaban chalecos anti balas, mascarillas, escudos y llevaron para detenciones y transporte 53 vehículos terrestres y dos aéreos.
Los senadores de las dos principales bancadas, de las que están empeñados en la aprobación de la reforma, fueron acuartelados desde el pasado martes en hoteles cercanos al inmueble legislativo ante la proximidad del dictamen. La estrategia seguida fue mantener a sus legisladores y sus asesores cerca del recinto y alejarlos de las manifestaciones de agrupaciones como Morena, el CNTE y el SME, entre otras. Con el cerco, la actividad hotelera en los alrededores se vio favorecida, ya que además de legisladores, personal de apoyo, como asesores y trabajadores, también la PFP tuvo que rentar habitaciones.
Desde temprana hora y en medio del cinturón de seguridad, senadores que pernoctaron en hoteles aledaños a la sede legislativa comenzaron su arribo. La mayoría tuvo que llegar a pie y muchos fueron interceptados por los manifestantes quienes se oponen a la iniciativa de reforma energética presentada al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto, que propone modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución. De aprobarse, esas modificaciones permitirían al Estado expedir contratos de utilidad compartida. Además, le quitarían la exclusividad al Estado en el manejo de “petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad”, dejando la regulación de su uso y explotación al Artículo 27. Por lo que toca al sector eléctrico, la iniciativa elimina especificaciones sobre la exclusividad que tiene el Estado (generar, conducir, transformar y abastecer) y las cambia por “control del sistema eléctrico nacional”, y agrega la posibilidad de celebrar contratos con particulares. Renglones éstos que apoyan también los panistas, como lo señaló uno de los más funestos en el Senado, Javier Lozano, al afirmar que están listos para “negociar” y acordar a la brevedad la reforma energética.
En contraposición el dirigente nacional del PRD, el hasta hace unos días sumiso a las órdenes de Enrique Peña Nieto, Jesús Zambrano, ahora afirma que “daremos la batalla para impedir la reforma energética, mediante argumentos y razones pacíficas que no afecten a terceros”. El perredista consideró que existen los elementos para impedir un albazo en la aprobación de la reforma energética. El senador Mario Delgado afirmó que se tiene el número de firmas necesario para llamar a una consulta popular en la materia y “esperamos la fecha en que se lleve a cabo, porque no está a capricho de nadie, al cumplirse con los requisitos establecidos en la ley”.
DICTAMEN EL DOMINGO
Los senadores priístas Enrique Burgos y David Penchyna, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara alta, anunciaron ayer que el dictamen de la reforma energética, programado para iniciar por la tarde, se pospuso para el próximo domingo. La cancelación de la reunión se debió a que hubo un error de procedimiento del priísta Penchyna, toda vez que convocó a ese encuentro de las comisiones unidas fuera de tiempo, ya que el reglamento establece que debe ser con 24 horas de anticipación y el oficio lo firmó el secretario técnico de la comisión y no él. El error de Penchyna echó por tierra el plan que tenían tricolores y panistas de aprobar la reforma energética en la madrugada del próximo domingo y la discusión se irá hasta la próxima semana o por lo menos esa fue la excusa para no admitir públicamente que la presión está haciendo mella en la toma de decisiones y en la certeza de la votación en favor de legisladores que todavía no están del todo convencidos que sea este el remedio que la Nación necesita para salir adelante.
Este viernes habrá una reunión de las juntas directivas de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Segunda, en la que Penchyna se comprometió a presentar el proyecto de dictamen en torno a la reforma de Pemex. Dicho proyecto, acusaron senadores perredistas como Rabrindranath Salazar, es muy probable que se esté elaborando fuera del Senado y por eso se han negado a entregarlo a los legisladores del PRD que integran esas comisiones dictaminadoras.
Afortunadamente el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, evoluciona favorablemente e inició actividad física. El doctor Octavio González Chon, director general médico del Hospital Médica Sur, donde se encuentra internado, precisó que el tabasqueño sigue en la Unidad de Terapia Intensiva Intermedia, “donde se encuentra cursando el inicio de su recuperación”.
DE LOS PASILLOS
En la mayoría de los países de América Latina los niveles de pobreza se redujeron durante el año pasado, reportó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Pero, México se convirtió en el único país de la región donde aumentó la pobreza. El número de mexicanos que viven por debajo de la línea de bienestar se incrementó en un millón de personas en los últimos dos años, hasta alcanzar 60.6 millones, reportó el organismo quien alertó que prácticamente la mitad de los niños y adolescentes del país viven en situación de pobreza.
Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien presentó el informe anual “Panorama social de América Latina 2013”, publicado por el organismo regional de la ONU, explicó que “lo que ha pasado en México es que tiene menores tasas de crecimiento, ese es el gran tema de la economía mexicana, que no ha podido despegar y además se ha visto afectado por la severidad con que golpeó al país la crisis de 2008”. La población mexicana en situación de pobreza pasó de 36.3 por ciento a 37.1 por ciento, mientras que la de pobreza extrema subió de 13.2 a 14.2 por ciento, de acuerdo con ese estudio.
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Reglamentaria para regular el derecho de réplica. Esta nueva ley señala que los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original serán considerados como sujetos obligados de proporcionar la réplica. El dictamen establece que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica siempre y cuando este sustentada en información falsa o inexacta, cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada. La réplica deberá publicarse o transmitirse de manera gratuita.
Esa misma comisión aprobó la reglamentación de la Consulta Popular y de las iniciativas ciudadanas y preferentes, por lo que serán integradas a la minuta de reforma política-electoral que se discute en San Lázaro. De aprobarse en el Congreso, la consulta popular podría ser estrenada en el 2015, en temas como el energético.
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