Hemos sido incapaces de medir desempeño de órganos electorales: Astudillo
Zacatecas, Zac.- En el marco del Foro Académico Fortaleza Institucional y Nuevos Retos, para celebrar el XIV Aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), el Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), César Iván Astudillo Reyes, señaló que sexta sido omiso e incapaz a la hora de evaluar a los órganos electorales.
En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el especialista explicó que el modelo de organización electoral se basó históricamente en cuatro premisas fundamentales. La primera de ella se refiere a la estatalidad de la función electoral, que tiene que ver con la organización de las elecciones.
Por su significado, trascendencia e, incluso, complejidad, fue elevada a la condición de función estatal. Con esta decisión se produjo un punto de inflexión en la organización constitucional de las funciones estatales.
La segunda se refiere a la tecnificación de la función electoral. La exigencia de crear una específica función estatal para la organización de las elecciones, derivó en una decisión adicional dirigida a garantizar un desempeño institucional técnico, no político, que coadyuvara a generar confiabilidad en los actores políticos y los ciudadanos de que la gestión y el control de las elecciones se realizaría a través de instancias calificadas, dotadas de una autonomía que inicialmente careció de plenitud.
En tanto que la tercera es respecto a la especialización de la función electoral. La reforma mantuvo la decisión tomada en 1986, de separar y especializar las funciones electorales para depositar en un órgano las labores de gestión del proceso electoral y en otro las atribuciones para el control de la regularidad de las elecciones.
Se dio con ello, dijo, un impulso bastante significativo al modelo, al establecer la convivencia de dos órganos electorales, uno de “naturaleza administrativa” y otro de “naturaleza jurisdiccional”, con ámbitos competenciales bien distribuidos que, en el corto y mediano plazo produjeran la plena especialización de sus tareas y la complementación de sus esfuerzos en la labor de facilitar y garantizar el ejercicio del sufragio.
La cuarta premisa, explicó el especialista, tiene qué ver con la descentralización de la función electoral. La reforma reiteró también que el modelo de organización electoral debía respetar la naturaleza del Estado federal mexicano y que, en todo caso, su edificación debía ser compatible con el modelo de organización territorial.
De conformidad con esta premisa se produjo un ejercicio de descentralización de la función electoral que hizo convivir a dos órganos electorales federales, el IFE y el TEPJF, con los correspondientes de cada una de las entidades federativas del país, y del Distrito Federal.
Se definió de este modo otra de las características del modelo: Las elecciones no habrían de gestionarse por un único órgano electoral, ni controlarse por un único tribunal, sino por un abigarrado conjunto de instituciones, cada uno dentro de un ámbito competencial constitucional y legalmente definido.
Destacó Astudillo Reyes que la función electoral, en sus dos niveles, recibe año con año cantidades importantes de recursos que se multiplican en año electoral.
Además, las instituciones que involucra funcionan permanentemente, con independencia de si existen o no elecciones.
Por lo tanto, en año electoral como en años no electorales, tienen un plan institucional o de trabajo que cumplir.
Derivado del entorno en el que funcionan, los órganos electorales federales y estatales cuentan con sus propios instrumentos para medir su desempeño, dentro del ámbito competencial en el que deben rendir cuentas.
Pero existe heterogeneidad, dispersión y hasta contradicción entre los mecanismos de medición, producto de la “balcanización” de la organización electoral.
En este sentido, el especialista sostuvo que a 20 años del establecimiento del modelo de organización electoral, “no hemos sido capaces de construir una metodología apropiada que cuente con elementos para medir el desempeño institucional de los órganos electorales”.
Como tampoco, destacó, parámetros comunes para determinar el grado de “fortaleza/consolidación institucional” alcanzado por los órganos electorales del país, valorados en su conjunto.
En este sentido, propuso el investigador de la UNAM, que es necesario generar la metodología y el banco de criterios para realizar una evaluación integral y permanente de la “dimensión institucional” de los órganos electorales, que ofrezca datos para medir.
Así, la ciudadanía tiene derecho a saber el grado de cumplimiento de los objetivos de los planes y programas institucionales; además de los objetivos alcanzados por los órganos electorales.
De igual manera, los resultados obtenidos dentro de determinados periodos históricos, la eficacia y eficiencia con la que desempeñan su labor; así como la calidad con la que se desarrollan los ejercicios comiciales; el grado de consolidación institucional logrado, y la aportación institucional al mejoramiento de la calidad de la democracia.
Lo anterior, como consecuencia de la nueva dinámica de rendición de cuentas exigida por una sociedad cada vez más democrática y participativa, en donde los resultados de esta dimensión institucional permitirán: Identificar los rubros en donde existen déficits de diseño, operatividad o resultados; advertir la homogeneidad o disparidad de los estándares de consolidación institucional; planificar mecanismos para atender las deficiencias institucionales.
También, poner a disposición de los actores involucrados las recomendaciones pertinentes, y contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestra democracia electoral.
