Hay que luchar por la justicia social y fortalecer al Estado democrático
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Hoy en día, vivimos un mundo globalizado y en constante cambio marcado por una frenética actividad económica, dentro de la cual los flujos de capital y mercancías se han diversificado; pero también, la distribución de la riqueza y de las oportunidades se ha vuelto enormemente inequitativa; la economía mundial pasa por un proceso de contracción y turbulencia que ha producido más desempleo y pobreza, así como grandes flujos migratorios (hoy en día, alrededor de una de cada siete personas en el mundo tengan que dejar sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida).
En el caso de México, hoy percibimos con claridad los efectos negativos de la aplicación de una visión de la economía y de la sociedad profundamente injusta. Bajo este modelo económico empobrecedor para la mayoría de la población, nuestro país ha retrocedido 20 años en materia de desarrollo social: existen 53 millones de mexicanos que viven en la pobreza, según lo revela el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval); además de señalar que la aplicación de políticas neoliberales es la responsable de la miseria que padecen16,7 millones de personas en las zonas rurales. Desgraciadamente, la desigualdad y la brecha del ingreso entre los mexicanos más ricos y los más pobres sigue engrosándose, al mismo tiempo que se deteriora aún más la economía familiar a partir de la reciente escalada de aumentos en los precios de innumerables productos, muchos de ellos, de primera necesidad.
No podemos perpetuar más un esquema de gobierno elitista y excluyente que ha disparado los altos niveles de marginación en el país; que ha traído un deficiente y rebasado modelo de desarrollo para el campo, un escaso desarrollo científico y tecnológico, sobreexplotación de nuestros recursos naturales y en un estancado y endeble proceso de industrialización incapaz de generar cadenas productivas sólidas. Desafortunadamente, en México sigue acelerándose el proceso de precarización de la fuerza de trabajo, debilitándose la economía familiar, aumentando la dependencia alimentaria y la vulnerabilidad del campo, con lo cual, se ha creado un caldo de cultivo para que la violencia y la criminalidad se extiendan y fortalezcan todavía más. Indudablemente, las carencias son factores de presión social que aumentan la tensión que puede generar más conflictos en diferentes puntos del territorio nacional.
Por otro lado, hay que recobrar el Estado de derecho y fortalecer las instituciones democráticas del Estado; la protección de la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de los seres humanos es una obligación ineludible del Estado. No obstante, hay que combatir la violencia y al crimen eliminando las desigualdades, la pobreza y la impunidad, no sólo desde una óptica policiaca y punitiva. En suma, requerimos de una visión integral en el conjunto de políticas públicas para poder frenar la descomposición social que México ahora registra. Necesitamos un nuevo rumbo para recuperar el ánimo social a partir de un modelo de nación incluyente, integrador, cuyo eje sea el interés nacional y el bienestar general de la población; no el de unos cuantos.
