Hay que cambiar el rumbo de México
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
Indudablemente, entre los grandes problemas que enfrentamos en México y Zacatecas, destacan el pobre desempeño económico y reducir la pobreza y la desigualdad, así como lograr la paz y la tranquilidad. En materia de seguridad, la población está muy inconforme con los resultados del combate al crimen organizado. Hasta ahora, los resultados de la estrategia del gobierno de Peña Nieto para reducir los delitos que más afectan a la sociedad han sido francamente decepcionantes.
La actual administración también ha estado marcada por una profunda desaceleración económica; basta recordar que las estimaciones iniciales del gobierno en torno al crecimiento económico para el presente año oscilaban entre un 3.5% y 4%; pero al paso de los meses, la desaceleración se volvió más severa y los pronósticos en este rubro han caído a un magro intervalo de entre el 1.2% y 1.3%. El mal desempeño económico mostrado por México nos ha hecho descender a la posición número 15 de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo que a principios de año, nuestro país era percibido como una de las tres economías que podrían tener mayor dinamismo durante el 2013.
Paralelamente, según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a escasos días de cumplirse un año del inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público federal aumentó en forma alarmante al sumar cinco billones 617 mil millones de pesos ó 435 mil 795 millones de dólares. De esta forma, el gobierno federal y las empresas paraestatales han incurrido en un endeudamiento constante que ha llegado a un monto promedio de mil 349 millones de pesos diarios.
No obstante, esta tendencia no es nueva: de diciembre de 1990 a la fecha, el total de la deuda del sector público pasó de 135 mil 524.9 millones a 435 mil 795.2 millones de dólares; esta última cantidad equivale a un 34% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para este año. No sólo eso sino que, en los últimos 23 años, tan sólo con el dinero aplicado para pagar intereses, ya se ha cubierto casi 10 veces el monto total de la deuda del sector público que teníamos en diciembre de 1990; es decir, 383 mil 664 millones de pesos.
Por otro lado, el subejercicio presupuestal delineado por la Secretaria de Hacienda repercute en la falta de pago a proveedores del gobierno federal y, como hemos visto, las perspectivas de crecimiento siguen en caída libre. Así mismo, los programas sociales aplicados en el país carecen de una evaluación rigurosa, están desorganizados y el nivel de acceso para obtener sus beneficios es desigual, según advierte el propio Coneval. Justamente, el investigador Abelardo Ávila, especialista del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, advierte que “más que centrarse en el abasto de alimentos para erradicar la desnutrición infantil, la Cruzada Nacional Contra el Hambre debe garantizar condiciones de bienestar para la población en situación de pobreza y atender cuestiones como vivienda, acceso a servicios, educación y apoyo a las madres”.
En el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo en materia educativa también es negativo: todavía no vemos un proyecto educativo de Estado ni una propuesta pedagógica que responda a las necesidades de la ciudadanía; no se vislumbra un cambio de fondo que permita abatir el rezago existente y mejorar la calidad educativa.
Por lo que toca al desarrollo agropecuario, éste se encuentra lejos de una verdadera reactivación: la soberanía alimentaria está en riesgo y no existe un compromiso real para procurar un desarrollo sustentable en el campo mexicano, basado en el impulso a la producción interna; y no, como hasta ahora, en las indiscriminadas importaciones que han agravado el deterioro rural, sobre todo en los productores tradicionales. De entrada, se requiere de una redistribución del gasto público, ya que éste sólo beneficia a 3 mil agroproductoras que reciben el 96% de los recursos del erario; por contraparte, 4 millones de unidades productivas sólo reciben 1.1% de los apoyos asistencialistas, tal como lo advierte Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Por ello se explica, en buena medida, que la administración federal priísta haya resultado reprobada por la opinión pública, según lo muestra una encuesta realizada por el diario Reforma, donde la gestión del presidente Peña Nieto es calificada con 5.5 y 5.2 por los ciudadanos y líderes de opinión, respectivamente. De tal suerte, dicho estudio revela que el 69% de dichos líderes y el 59% de la ciudadanía en general, opinan que el gobierno ha cumplido poco o nada con sus expectativas.
Hoy en día, el nuestro es uno de los países del mundo con una desigualdad más acentuada: más de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y no tienen otra expectativa que emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida; se encuentran atrapados por las carencias y. bajo la amenaza de ser cooptados crimen organizado.
Frente a la preocupante situación política y social que vivimos, la izquierda junto con todas las fuerzas democráticas de nuestra sociedad, ya no tenemos otro camino que trabajar por la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de nuestra vida democrática para lograr la paz y la justicia. México necesita regenerar muchos de sus procesos para retomar un rumbo alentador y revertir nuestros lastres, porque la desigualdad social, las carencias, la violencia y la falta de solidez de las instituciones democráticas del Estado, han producido una alteración sustancial de la vida comunitaria y social.
En el Sol Azteca, creemos indispensable rescatar el ingreso popular; restablecer los mecanismos de financiamiento productivo mediante el fortalecimiento (y no debilitando) al sector público, como un promotor del conjunto de las actividades económicas. Por eso rechazamos las pretensiones gubernamentales de privatizar PEMEX y de “planchar” una reforma política sin los consensos requeridos; a que se imponga en el país una visión unilateral que derive en prácticas autoritarias y excluyentes.
