Hacia la transparencia y rendición de cuentas

En México, cada vez, damos más pasos hacia la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a los procesos electorales se refiere, como una forma de blindar los resultados y respetar la voluntad ciudadana.

Me refiero a este tema, porque deseo abordar, precisamente, el convenio que esta semana signó el Instituto Electoral Federal (INE) con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un esfuerzo más por tomar acciones que deriven en la consolidación de la democracia en nuestro país.

Apenas el lunes, firmaron el Convenio de Coordinación Técnica e Intercambio de Información, cuyo objetivo es mantener una colaboración.

Este acuerdo es de vital trascendencia para nuestra nación, porque une los esfuerzos de dos instituciones federales para combatir la corrupción, a través del fortalecimiento de la cultura de la legalidad, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En palabras sencillas y claras: lo que este convenio pretende es reforzar la fiscalización de los recursos públicos y evitar que servidores públicos inhabilitados o empresas sancionadas sean contratados por el propio INE.

De esa forma, lo que se busca es avanza en la fiscalización de quienes integran la institucionalidad electoral, a través del interecambio de información y colaboración entre el INE y la SFP.

Si bien es cierto, que en México todavía falta por trabajar y avanzar en una verdadera rendición de cuentas en el ámbito electoral, también lo es un hecho de que se avanza en esta materia.

Es de destacar que el INE participa en este convenio a través de la Contraloría General, órgano de control interno que tiene a sucargo la fiscalización de los ingresos y egresos del instituto; además, está dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.

La Contraloría General del INE cuenta con la facultad de fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos internos.

También establece normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad, de los libros y documentos comprobatorios de ingreso y gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, evaluación de informes de avance de la gestión financiera, entre otros.

En tanto, la Secretaría de la Función Pública es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que tiene, entre otras facultades, las relativas a vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización.

También tiene la facultad de establecer las bases generales para la realización de auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además, recibe y registra las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la administración Pública Federal; conoce e investigar conductas de servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas y aplica sanciones; autoriza y, en su caso, proyecta, construye, rehabilita, conserva o administra en general, los bienes inmuebles de la Federación.

Las dos áreas en cuestión tienen el mismo fin común de impulsar y consolidar la cultura de rendición de cuentas y establecer mecanismos de coordinación de acciones para prevenir probables irregularidades, así como fomentar la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.

Por  lo tanto y a partir de este convenio, ambas deberán establecer acciones para prevenir probables irregularidades, fomentando la transparencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.

Amén de realizar el intercambio de experiencias y criterios para la realización de auditorías; investigar conductas relacionadas con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como respecto a la resolución de procedimientos disciplinarios conforme a las mejores prácticas en la materia, incluida la información relativa al registro de servidores públicos sancionados.

Promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia en la gestión pública que contribuyan a la adopción de las mejores prácticas.

Permitirán el acceso a sus respectivos sistemas de registro de servidores públicos sancionados, como para registrar el personal que resulte sancionado, vigilando en todo momento la confidencialidad y el cumplimiento de la clasificación de la información en los términos de la normatividad de transparencia.

Coordinarán sus acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de no seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que estén sancionadas con inhabilitación vigente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

De esa magnitud y tamaño deberán ser los resultados que se obtengan de la coordinación entre el INE y la SFP y esperamos que cada una de las espectativas que, desde ahora se generan, sean cumplidas a cabalidad, en pro de la democracia mexicana.