Guerra contra el narco, el pretexto
LILIA ARELLANO
Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización: Ernesto Sábato
Mientras el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, está pensando reunirse con directivos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que le aclaren “sus fuentes” tras las acusaciones en el sentido de que las bandas criminales asesinan e incluso imponen a sus propios candidatos en los procesos electorales de América Latina, el Plan de Acción Hemisférico del Departamento de Estado y el Pentágono estadounidense avanza para trasnacionalizar a todo el Continente Americano la “guerra al narcotráfico”, que tan buenos dividendo$ les dejo a través del “Plan Colombia” y les deja con la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”, el cual está en pleno desarrollo en territorio nacional y que explica la serie de combates, ejecuciones, “levantones”, detenciones de presuntos criminales y líderes sociales, y pone en claro las razones de la enorme podredumbre y corrupción que impera en el sistema de impartición y procuración de justicia del país.
En efecto, dicho plan estratégico pasó a su fase de implementación tras los acuerdos que se alcanzaron en la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada que se desarrolló a lo largo de dos días en la Ciudad de México. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y Marisela Morales Ibañez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dieron a conocer los acuerdos que “adoptaron” los fiscales y ministros de los 34 países que integran esa organización internacional entre los que destaca la creación un “Centro de Cooperación para el combate al crimen organizado trasnacional”, como punta de lanza de las medidas que tomarán y las acciones que llevarán a cabo en el corto y mediano plazo para hacer un frente a lo que llamaron “esta creciente e invasora forma de criminalidad”, que, dicen, “representa una amenaza” que se extiende a nuevas zonas de la región e incluso está interconectado con otros continentes.
La razón de esta estrategia es muy simple: en el continente americano no existen regímenes extremistas como en Asia o África, en cuyos países el plan global de dominación militar y económica de Estados Unidos, tras el descongelamiento de la “Guerra Fría”, se fundamentó en el combate al terrorismo y los “satanes” que representaban los dirigentes de movimientos guerrilleros y populares con pretensiones nacionalistas y que han sido eliminados, uno a uno, país por país, y que por supuesto incluyeron la eliminación de gobiernos completos que se opusieron a los planes de expansión militar de los Estados Unidos, como los regimenes de Sadam Hussein en Asia o de Muammar el GadhaFfi en África, por sólo mencionar dos.
Por esa razón, el embate sobre América Latina y el Caribe se disfrazó de “guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada”, convirtiendo en verdaderos “diablos” a los capos más sobresalientes y que justifiquen la “santa cruzada” de las agencias de inteligencia estadounidenses y los combates de sus tropas irregulares conformadas con mercenarios contratados por empresas privadas de seguridad e inteligencia, para que en caso de ser descubiertos en los crímenes masivos –ejecuciones de gente inocente y totalmente inerme como indígenas o migrantes pobres que ejecutan en la oscuridad en los territorios a los que son trasladados- no haya forma de ligarlos a gobiernos constituidos en el norte del continente.
La posición oficial y pública del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, de los dirigentes políticos y los legisladores de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, ha sido la de disfrazar los grandes presupuestos destinados año con año a esas guerras subrepticias e irregulares como “ayuda” y “asesoría” para así destinar miles de millones de dólares a empresas privadas cuyo único y principal negocio es la muerte, a través de la venta de tecnología militar y armamentista y la “capacitación” de las fuerzas militares de paz de los países ocupados, en fuerzas de intervención y represión de sus propias poblaciones, al margen de las Constituciones locales y todos los tratados internacionales firmados en la materia. Los ejemplos de Colombia y México son más que ilustrativos sobre las consecuencias de la aplicación de estas tácticas.
Este es el contexto en el que los ministros y fiscales de los 34 países de la OEA “decidieron”, por no decir que les impusieron, la creación del “Centro de Cooperación para el Combate al Crimen Organizado Trasnacional” que, dicen o les dijeron, que les permitirá “hacer uso de las capacidades” con las que cuentan todos los estados miembros pero, mucho ojo con esto, también implica la creación de “nuevas capacidades” para hacer frente a la delincuencia organizada trasnacional. El chileno José Miguel Insulza fue muy claro al precisar que se trata de un “frente organizado trasnacional” para poder “imponernos sobre esta amenaza”.
Es decir, se crea la “gran amenaza diabólica” para poder justificar e implementar la “santa cruzada” internacional para acabarla o exterminarla, cuando de lo que se trata es de un peligroso y global juego de dominación internacional en todo el Continente Americano y que es la versión de este siglo XXI a la famosa doctrina Monroe, que estipulaba: “América para los americanos”, o mejor dicho para los norteamericanos y más precisamente para los estadounidenses. Las palabras del ex ministro chileno son más que reveladoras: nosotros “representamos a la democracia americana, el delito representa lo opuesto: la destrucción de las instituciones y las personas, la anulación del diálogo. La delincuencia es por su naturaleza autoritaria”.
El dudoso privilegio de leer la conclusiones de esa reunión, no de consensos sino de establecimiento de directrices, fue para la procuradora mexicana, Marisela Morales Ibáñez, que no ha dado una en nuestro país y todos sus espectaculares casos han terminado en rotundos fracasos. Esta funcionaria fue a la que le tocó dar la instrucción de “desarrollar un sistema de cooperación que incluya el Centro que coordine la implementación del “Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada trasnacional”, armonizando y coordinando los esfuerzos sobre el tema en los distintos órganos de la OEA, y así potenciar las acciones nacionales y regionales”. La presunta abogada de México, palomeada en Estados Unidos, justificó que “el fenómeno de la delincuencia organizada trasnacional se ha hecho cada vez más complejo y afecta a nuestras sociedades extendiéndose a nuevas zonas de la región e interconectado con otros continentes”. Es decir, más justificaciones.
Otras instrucciones que dio la Ibañez a los ministros y fiscales de América fue la “armonizar plenamente” sus legislaciones nacionales con estos instrumentos; “dar mayor impulso a la cooperación hemisférica” y establecer “mecanismos que permitan enfrentar esta criminalidad de forma integral”; también, complementar los esfuerzos legislativos con recursos financieros, materiales y humanos que permitan la plena aplicación de las normas jurídicas”, aspectos que ella y su jefe, don Felipe Calderón, no han logrado hacer a lo largo de más de cinco años. También les estableció implementar las extradiciones –hacia Estados Unidos por supuesto-, la asistencia jurídica mutua, el intercambio de información e inteligencia y la capacitación mutua. Más “Plan México” para toda America Latina y el Caribe.
IFE buscará a la OEA
Al llevarse a cabo el sorteo, a través del método de insaculación, de selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla que funcionarán durante la jornada federal electoral del próximo 1 de julio, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que buscará sostener una reunión con personal de la Organización de Estados Americanos (OEA) para, dijo, determinar las fuentes de la aseveración del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, en el sentido de que la delincuencia organizada no sólo representa una amenaza para la seguridad y la paz en la zona, sino que intenta poner en peligro la gobernabilidad democrática en las elecciones y hasta imponer a sus propios candidatos.
Para el árbitro de la jornada electoral federal, las declaraciones del funcionario de la OEA se derivan de algunas notas periodísticas. No obstante, confió en que también el gobierno de Felipe Calderón “tomará cartas en el asunto” para conocer cuáles son las fuentes, a partir de las cuales la OEA “realiza su posicionamiento o pone en el espacio público esa posición”. Valdés Zurita pretende ignorar que ha sido el propio Felipe Calderón el que ha tratado de imponer ese criterio en torno a la amenaza que presuntamente representa el crimen organizado para la realización de procesos electorales, sobre todo cuando los resultados de los comicios no favorecen a sus candidatos y los de su partido, Acción Nacional.
También pretende desconocer la intervención del titular del Ejecutivo federal, directa, ilegal, con el uso del aparato de procuración y administración de justicia en contra de gobiernos estatales y dirigentes y candidatos de partidos de oposición, antes, durante y posterior a las elecciones locales. El caso de la entidad natal del inquilino de Los Pinos es representativa: primero tras el rotundo fracaso que representó el llamado “michoacanazo” que intentó descarrilar el gobierno de Leonel Godoy y que terminó en un chasco total para la PGR y para su administración, y después tras la derrota de su hermana María Luisa, alias “la cocoa”, en la elección de gobernador en donde fue derrotada por el priísta Fausto Vallejo. La arremetida del calderonismo contra el perredismo michoacano al que le favoreció fue al PRI y no al PAN, a pesar de que éste tuvo todo el aparato federal a su favor, por lo que posteriormente se quejó de que el “crimen organizado” decidió el resultado de la elección de gobernador michoacano. Estos ilícitos pretende desconocerlos el árbitro electoral, don Leonardo Valdés, como también pretende desconocer la grosera injerencia del titular del Ejecutivo Federal en el proceso comicial presidencial en marcha.
Los que no quitan el renglón sobre esos ilícitos son los legisladores perredistas, Alejandro Encinas y Agustín Guerrero, quienes acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a ratificar la denuncia interpuesta en contra del presidente Felipe Calderón, por su presunta responsabilidad en un delito electora. Los diputados del “Sol Azteca” pidieron que se le aplique al inquilino de Los Pinos lo establecido en la ley que consiste en prisión por seis años y el pagó de una multa de 400 días de salario mínimo vigente. Encinas y Guerrero dieron seguimiento a la denuncia que se integró en la averiguación previa PGR/FEPADE/282/2012 en contra de Calderón por haber dado a conocer en una reunión con consejeros de Grupo Banamex, los resultados de una encuesta electoral que señalaba –según él- que los punteros para los próximos comicios son los abanderados del PRI y el PAN, y que relegaba a un lejano tercer lugar al aspirante de la izquierda.
Leonardo Valdés pretende que ignoremos que el mismo ha admitido y difundido que en las elecciones locales “lamentablemente” hubo incidentes que revelan la posibilidad de que el crimen organizado pudiera intentar tener alguna incidencia en 2012, por lo que “se ha establecido un blindaje a través de un convenio firmado con el gobierno federal.” El funcionario intentó eludir el tema de una posible anulación de la elección federal al señalar que al IFE le corresponde organizar elecciones, mientras que a los gobiernos estatales y federales les compete garantizar seguridad de los comicios, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno son las que tienen la obligación de garantizar las condiciones de seguridad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Durante la sesión extraordinaria del IFE se seleccionó a los ciudadanos con apellido paterno con inicial “S”, nacidos en diciembre y enero, para que participen en las elecciones del primero de julio como funcionarios de casilla. El Consejo Electoral del IFE inició el proceso para invitar a 8 millones de personas, registradas en el padrón del instituto, a colaborar en la organización de las elecciones, de las cuales un millón recibirán capacitación. Estos ciudadanos serán los que integren las mesas de 149 mil 181 casillas, en las cuales serán depositados los votos de los comicios federales.
De los pasillos
La Armada de México reportó que abatió a uno de los presuntos jefes de seguridad del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “el chapo” Guzmán, identificado como Jonathan Salas Avilez, alias “el fantasma”. Al más fiel estilo de los escuadrones antiguerrilla del Ejército de EU, cuatro helicópteros y decenas de elementos de tierra de la Armada de México arribaron a los poblados de Oso Viejo y La Loma de Redo, al sur de Quilá, en Sinaloa, en la zona de Valle San Lorenzo. Ahí, atacaron con fusiles calibre 50, a los ocupantes de una Cherokee blindada color blanco, placas VKN-7123, las cuales eran sobrepuestas. El vehículo fue perforado e incendiado y los dos ocupantes murieron. Según las autoridades federales, estas personas eran “el fantasma” y Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias “el bravo”.
Otro hecho relevante al cierre de la semana lo es sin duda el “levantón” de José Luis Solorio Alcalá, líder del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), quien fue detenido bajo la acusación de robo de una cámara de video en forma de pluma que pertenecía un elemento de seguridad privada de la empresa, quien fue el que hizo la denuncia. Solorio Alcalá se encontraba recluido en una “casa de seguridad” a espaldas de la presidencia municipal de “El Salto, Jalisco. El trasfondo de su aprehensión esta en el hecho de que el sindicato que encabeza debería tener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo con Honda de México, al obtener un fallo judicial que reconoce la mayoría de agremiados. No obstante, la empresa y autoridades laborales favorecen a otra organización gremial.
Apenas a cuatro meses de que se conozca quién será su sucesor y después de más de cinco años de gestión, la administración calderonista, a través de la PGR, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que dicen investigará las estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales. ¿A esta Unidad Especializada le dará tiempo para hacer algo que evite que los grupos criminales usen los cuantiosos recursos económicos derivados de sus actividades delictivas para financiar más y mejores “negocios”?… Enrique Peña Nieto se queja, denuncia y la sigue regando… por lo que mejor lo callan. ¿Le conviene al PRI una elección entre dos? ¿la estrategia por ahora única en la que se intentan unir tiene como base relegar a AMLO para buscar un voto útil? ¿Creerán que todavía habrá voto útil para dos inútiles?
* Peridista
