Gobernadores no deben meterse en el proceso electoral
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID *
Enrique Peña Nieto lo prometió y lo comprometió: los gobernadores no deben meter las manos en el proceso electoral local que el próximo 7 de julio se realizarán en 14 entidades del país, a fin de generar condiciones de igualdad en la contienda y fortalecer la democracia.
La palabra del priista fue empeñada ante los dirigentes de los principales representantes de los partidos políticos que signaron el Pacto por México, acuerdo mediante el cual se buscan lograr los consensos necesarios para alcanzar las grandes reformas que el país necesita.
Pese a la voluntad específica del PRD y PAN por signar el pacto, éste estuvo a punto de romperse, simple y sencillamente porque el gobierno federal no lo respetó. Intentó burlarse de los actores políticos y del pueblo mexicano al utilizar de forma electorera los programas sociales, específicamente la Cruzada contra el Hambre, que es el proyecto magno de la administración peñista y que tenía como objetivo beneficiar a 7.4 millones de personas.
El caso que detonó la inconformidad de los actores partidistas fue el de Veracruz, develado el 17 de abril por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que mostró grabaciones en las que se comprobaba el uso electorero de la Cruzada contra el Hambre y que derivó en la destitución de 7 funcionarios.
Ese hecho, en el que el PRD solicita se investigue la participación que tuvo el gobernador priista de aquella entidad, Javier Duarte, generó una grave, aunque temporal, crisis en la continuidad del Pacto por México.
Tal fue el impacto que se tuvo por lo de Veracruz y el “no te preocupes Rosario” que le dio Peña Nieto a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que el Gobierno Federal y los líderes de los partidos políticos, en días recientes, tuvieron que reunirse nuevamente para acordar la inclusión en el Pacto por México de un anexo sobre limpieza, transparencia y equidad en los procesos electorales próximos.
Fueron 11 los compromisos que se anexaron al pacto, con el propósito de darle vigor a nuestra democracia y establecer sanciones para quienes violen los principios de limpieza, transparencia y equidad en los comicios.
Ese día, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra y, con ello, su investidura presidencial. Afirmó que los gobernadores no se meterían en los procesos electorales, práctica sumamente arraigada en las administraciones priistas, con el desvío de recursos públicos y humanos a las campañas, así como la entrega de dádivas.
Hoy exigimos que Peña Nieto cumpla su palabra. Que detenga de una vez por todas la intromisión de mandatarios y funcionarios en los comicios locales, para permitir que todos los partidos políticos y los candidatos compitamos en una “cancha pareja”. Eso es democracia, lo otro es corrupción y engaño.
No sólo en Veracruz, donde ya se tuvo la amarga experiencia, sino en los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio próximo deberán blindarse los programas sociales, para que se evite caer en la tentación de utilizarlos en la coacción o compra del voto.
En Veracruz fueron destituidos el secretario de Finanzas, el delegado de SEDESOL y cinco funcionarios más que estuvieron involucrados en el condicionamiento de la entrega de recursos públicos a los sectores más necesitados de ese estado.
No queremos que esa situación se vuelva a repetir. Tampoco queremos que los funcionarios de SEDESOL se conviertan en operadores políticos priistas, tal y como los descubrimos en Veracruz y con respecto a nuestra sospecha fundada de que estaban creando una red de delegados para operar en todo el país.
Peña Nieto lo reconoció implícitamente al establecer el compromiso del Gobierno de la República para desmantelar la red de operación a favor del PRI.
La experiencia de Veracruz prendió un foco rojo para los partidos políticos, quienes vigilaremos con lupa la aplicación de los recursos públicos y en especial los destinados a los programas sociales.
Pedimos a la población que denuncie cada acto que conozca sobre el condicionamiento del sufragio, la entrega de dádivas, el reparto de recursos a través de tarjetas como sucedió en la elección federal pasada con Monex y Soriana.
En Zacatecas ya somos testigos de que el PRI y funcionarios están actuando para beneficiar a sus candidatos. Vemos excesiva propaganda de mantas y pinta de bardas, la entrega de artículos promocionales y dádivas. Aquí, en el estado, también se dieron tarjetas Monex. Irregularidades que ya estamos documentando para proceder en su memento.
Sólo actuando juntos y siendo cada una y cada uno de nosotros un vigilante comprometido podremos evitar el condicionamiento del voto y con ello haremos respetar la voluntad popular. Queremos “cancha pareja” para competir. Participemos todos en la defensa y rescate de Zacatecas y de México.
*Representante del PRD ante el IFE.
