García Luna, protegido por Calderón

LILIA ARELLANO *

Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo: Albert Camus

Una simple relación extramarital obligó al director de la principal y más poderosa agencia de espionaje del mundo, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), David Petraeus, a renunciar a su cargo tras admitir que dicho comportamiento “es inaceptable, como esposo y como líder” de esa organización. Dicho comportamiento es altamente contrastable con el de los funcionarios de la administración calderonista. En México no pasa nada, aún y cuando la Procuraduría General de la República PGR), a cargo de Marisela Morales, compruebe que 14 policías federales intentaron asesinar a dos agentes de la propia CIA el pasado 24 de agosto en la carretera México-Cuernavaca. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y jefe de dichos elementos, es inamovible y totalmente impune, al menos hasta que termine el mandato de Felipe Calderón.

La ética mostrada por Petraeus, quien asumió el cargo de director de la CIA en septiembre de 2011 al sustituir a Leon Panetta, actual titular del Pentágono, contrasta con la ausencia de la misma en García Luna. También contrastan su formación y desempeño profesional. Mientras que el ex director de la CIA es general retirado de las Fuerzas Armadas estadounidenses e incluso ejerció el mando del Comando Central de Estados Unidos, el actual titular de la SSP y uno de los principales responsables de la fallida “guerra contra el narcotráfico”, es un ingeniero mecánico egresado de la UAM, metido a espía en el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), en donde llegó a ser responsable de “proteger al país” del terrorismo, una actividad que no existe en México. Trabajó en los últimos tres sexenios en la  Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal y la Agencia Federal de Investigación (AFI).

A lo largo de la agonizante administración federal calderonista, García Luna ha sido revestido de un gran poder y una increíble impunidad. A este intocable funcionario se le ha acusado en narcomantas colocadas el pasado mes de julio en diferentes entidades federativas, de ser “el narcotraficante con más poder”, al servicio del Cártel de Sinaloa, y de proteger a capos como “El Mayo” Zambada, “El Chapo” Guzmán”, “Nacho” Coronel y la “Familia Michoacana”. A pesar de estos señalamientos no hay ninguna investigación, o al menos no se han dado a conocer los resultados sobre las mismas.

Otro gran escándalo de este polémico funcionario fue la labor de espionaje que ejercieron agentes a su servicio en contra de la virtual candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Incluso el equipo de la política panista presentó una denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR). Si se llegaron a realizar investigaciones por estos ilicitos, a pesar del escándalo mediático, no se dieron a conocer y se cubrió con un manto de impunidad, una vez más, a García Luna.

La confrontación entre el gobierno mexicano y el gobierno francés, a principios de año, también fue atribuida a Genaro García Luna. Legisladores, académicos e integrantes de organizaciones civiles, responsabilizaron al titular de la SSP de dicho diferendo por haber orquestado un montaje para televisión en torno a la captura de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro en México. La justicia mexicana quedó en ridículo una vez más con este proceso y la diplomacia mexicana en entredicho luego de que Felipe Calderón prometió al entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, la aplicación del convenio de Estrasburgo a favor de Cassez, que indica que todo ciudadano que se encuentre purgando penas puede concluirlas en prisiones de su propio país. Lo que no se dio.

Senadores de la República también han señalado a Genaro García Luna como uno de los principales responsables de que México sea un país “devastado”, con un crecimiento exponencial de los delitos del crimen organizado, con una gran cantidad de quejas en materia de derechos humanos que se han quedado sin resolver, con asesinatos de periodistas sin aclarar, con un sistema penitenciario funesto que propicia fugas masivas de reos, con conexiones con el crimen organizado sin investigar que llevo incluso a protagonizar enfrentamientos entre policía federales, con un fracaso total en materia de seguridad pública, y como uno de los funcionarios comprometidos con la intervención de Estados Unidos en México.

La impunidad de la que goza Genaro García Luna fue más que patente en el caso del ex policía federal Javier Herrera Valles, quien se atrevió a acusar de corrupción al titular de la SSP y documentar su denuncia sobre las prácticas ilegales que se desarrollan en la Policía Federal y sus nexos con el crimen organizado, por la cual tuvo que purgar cuatro años en la cárcel, para finalmente salir absuelto, en 6 de septiembre de 2012, de los delitos prefabricados de delincuencia organizada.

Precisamente esos actos de corrupción fueron los que llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a confirmar que 14 elementos de la Policía Federal (de la SSP) “intentaron privar de la vida a dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México y a un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México que viajaban en una camioneta Toyota, tipo Land Cruiser, color negra”, el pasado 24 de agosto en el kilómetro 50 de la carretera México-Cuernavaca.

Por esos hechos, los senadores del PRD exigieron en el mes de agosto de este año a Genaro García Luna que informara de los “convenios secretos” que se tienen con la CIA que permiten que agentes estadounidenses operen en México. García Luna nunca explicó esos cuestionamientos. Lo que ahora sí confirmó la PGR fue la intencionalidad del ataque a los agentes de la CIA, los cuales salvaron la vida gracias al blindaje del vehículo que recibió 152 impactos de arma de fuego.

Es hasta ahora que oficialmente la PGR aclara que dichos agentes de la CIA colaboraban con la SEMAR como instructores, y que se dirigían a un campo de entrenamiento que se ubica en el municipio de Xalatlaco, en el Estado de México, cuando fueron agredidos por los policías federales. La dependencia a cargo de Marisela Morales informó este viernes que los 14 policías federales que intervinieron –en vehículos particulares y vestidos de civil- fueron aprehendidos como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena.

Lo que la PGR no aclara en su comunicado es por qué policías federales intentaron liquidar a agentes de la CIA, ni quien se los ordenó y si éstos elementos cobraban también en la nómina de algún cártel de las drogas, lo que pondría en evidencia una vez más hasta dónde las organizaciones criminales tienen permeada a la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna.

Oficialmente, Black se accidentó

Limpiar el tiradero que deja la administración de Felipe Calderón no es fácil, sin embargo, lo intentan. El “Reporte final de la investigación del accidente de la aeronave Eurocopter matrícula XC-UHM (TPH-06)”, dado a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del bisoño Dionisio Pérez-Jacome, y  el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto Meyer,  concluye –a un año de distancia- que el helicóptero en el que viajaba el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se estrelló accidentalmente en el municipio de Chalco, Estado de México.

Oficialmente se informó que el comité de expertos nacionales e internacionales, quienes realizaron el peritaje, determinó que la causa fue un lamentable accidente, ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2011, en donde perdieron la vida también  tres colaboradores de Blake Mora: Felipe Zamora, subsecretario de Gobernación; el director general de Comunicación Social, José Alfredo García Medina; la secretaria Técnica de la oficina del secretario, Diana Halton Sánchez; y tres miembros de la tripulación del helicóptero del Estado Mayor Presidencial: el mayor René Calderón, así como el personal de la Fuerza Aérea, Felipe Caso Cortés; el teniente Pedro Ramón Escobar Becerra; y el sargento Jorge Luis Juárez Gómez.

Al brindar esta información, a unos días de que Felipe Calderón abandone la residencia oficial de Los Pinos, se tiene la intención de atar este cabo suelto que se orientaba a implicar al crimen organizado en el fatal “accidente”. La versión oficial –verdad o no-  difundida este viernes pone freno a esas especulaciones, por ahora. No obstante, aún esta pendiente dejar totalmente claras las causas de la muerte de otro secretario de Gobernación del calderonismo, la del polémico y cuestionado  Juan Camilo Mouriño, quien falleció el 4 de noviembre del 2008, cuando el avión Learjet 45, matrícula XC-VMC, en el que volvía a la Ciudad de México después de una gira de trabajo en el estado de San Luis Potosí, se estrelló cerca de la intersección del Periférico y Paseo de la Reforma. Un año después de ese accidente, lo único que dijo el comité de investigación sobre el mismo fue que una serie de errores cometidos por el controlador de vuelos y los pilotos pudieron ser las causas del desplome. Así, otras líneas de investigación que apuntaban a una ejecución fueron abandonadas, aún cuando existía suficiente evidencia de que su muerte podría estar relacionada con sus actividades oficiales, sus encubiertas actividades empresariales, y su hispanofilia, que lo llevo a beneficiar a empresas trasnacionales ibéricas con jugosos contratos con el Estado mexicano.

De los pasillos

¿Por qué la prisa? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) avaló la legalidad de los lineamientos del Instituto Federal Electoral (IFE) para que los votos del 1 de julio pasado sean destruidos a partir de la segunda quince de este mes. La trituración será efectiva para los votos válidos, nulos y boletas no utilizadas en el proceso federal 2011-2012. Los magistrados del TEPJF rechazaron la petición de conservar la papelería, que había interpuesto la coalición de partidos de izquierda. Respecto a la boletas de la elección de 2006, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, dijo que se hizo un análisis jurídico de la solicitud de medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que reside en Ginebra, y el Consejo General del IFE deberá discutir el tema con prudencia.

Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Alberto Espinosa, festinó la aprobación de la Reforma Laboral, dijo que con ésta “México está casi listo para la competencia global”,  y aseguró que era un paso importante para generar al menos un millón de empleos en 2013, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, que lidera Silvano Aureoles, anunció que promoverán una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, para lo cual buscarán las 31 firmas de legisladores que les faltan, entre priístas inconformes.  El perredista aceptó que ese es el único camino que les queda en contra de esa reforma estructural calderonista, y admitió que no hay ninguna garantía de éxito.

Aún sin la reforma laboral, el INEGI reporta que la ocupación en la economía informal aumentó a 29.2 por ciento de la población ocupada del país. Los datos oficiales sostienen que el desempleo está bajando… muy lentamente. Reportan que durante el tercer trimestre de este año, la tasa de desocupación disminuyó a 5.2 por ciento de la fuerza laboral, comparada con el 5.6 por ciento de igual trimestre del año pasado. En otras palabras, hay 2.5 millones de padres de familia que no tienen trabajo, oficialmente, aunque la realidad sea otra más adversa, pues los datos  desestacionalizados señalan que el desempleo se incrementó, comparándolo con el trimestre anterior. Además, 4.2 millones de jefes de familia están subocupados, y 14.2 millones de jefes de familia trabajan en la informalidad, sin contratos ni prestaciones de ningún tipo.

En la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo denunció que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony Sacha De Swaan Addati, uso en forma irregular recursos públicos. Lilia Aguilar Gil, diputada petista, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación  y el órgano interno de control de la Cofetel, luego de detectarse movimientos irregulares de recursos públicos por más de 113 millones de pesos en ese organismo.

Parte de guerra: un enfrentamiento registrado la madrugada del viernes en el Libramiento Manuel Pérez Treviño de Piedras Negras, Coahuila, dejo un saldo de dos personas muertas y tres patrullas incendiadas… Civiles armados y militares se enfrentaron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un saldo de cuatro personas muertas… Un ex policía estatal de Guerrero, Miguel Portillo Gaspar, fue capturado en Puerto Vallarta, Jalisco, acusado de matar a Jaime Galván Rodríguez, alias “El Diablo”, quien era testigo protegido del crimen de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1

* Periodista