Funcionarios de Zacatecas señalados en compra de votos
México, DF.- Andrés Manuel López Obrador reconoció que está buscando la anulación o la invalidez de la elección a la Presidencia de la República.
Al cuestionarlo sobre por qué no definir ya el tipo de recurso que presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el jueves, el candidato de la izquierda argumentó que están recopilando toda la información para precisar qué vía legal es la más correcta.
«Lo que dice el IFE no lo podemos dar por bueno (…) hay cuando menos dos vías: la nulidad y la invalidez de la elección. Entonces todo esto lo estamos sopesando, no queremos precipitarnos, está en juego el destino del País, la democracia, entonces vamos a tomarnos todo el tiempo y el jueves asumiremos una definición», expresó.
Sin decir cómo, López Obrador comentó que ante las dudas que existen sobre el resultado real de la elección del 1 de julio, en la que según el recuento del Instituto Federal Electoral, el perredista tiene 31.59 por ciento contra 38.21 de Enrique Peña Nieto, su estructura en todo el País está efectuando su propio conteo para emitir una cifra más confiable.
El abanderado de la coalición Movimiento Progresista aclaró que seguirá actuando por la vía legal y pacífica, esto ante la incertidumbre de si habrá movilizaciones.
«Hemos actuado de manera responsable, vamos a recurrir a las instancias que permite la ley, en este caso, el tribunal electoral», dijo.
El candidato aseguró que las pruebas de irregularidades comprenden al menos cinco estados donde la compra de votos fue más intensa, como Veracruz, Chiapas, Estado de México, Zacatecas y Nayarit.
«Como tenemos prisa queremos ir despacio (…) traficaron con la pobreza y lo vamos a demostrar».
Por ello, calculan que se compraron cinco millones de voto en la elección del 1 de julio.
En la conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de la campaña del tabasqueño, presentó un ejemplo de esta compra compra de votos y de la intervención de gobernadores priistas.
De acuerdo con los informes presentados por el senador, como números de cuentas y talones de cheques, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, designó para esta operación de compra a cuatro altos funcionarios, quienes a su vez armaron equipo con otros servidores de segundo nivel, los cuales abrieron cuentas y recibieron altas cantidades de dinero.
Monreal sostuvo que este caso, que involucra al Oficial Mayor, Le Roy Barragán; al procurador Arturo Nahle, y al secretario de Planeación y Desarrollo Regional, José Ma. González Nava, será integrado al recurso que presenten el jueves ante el TEPJF.
El coordinador detalló que el suboficial mayor, Víctor Manuel Rentería, con un sueldo de 22 mil pesos mensuales, en tres meses aperturó y manejó 10 cuentas bancarias con recursos estatales.
Según Monreal, Rentería abrió cuentas en Banorte e Inbursa y pagó a tres distintas empresas, a las cuales no tenía por qué pagar debido a que no es su función.
Estos recursos, detalló, se utilizaron para el pago de operadores políticos, compra de materiales de construcción y tarjetas telefónicas, entre otros.
El senador también comentó que a quien votó por el PRI en ese estado se le condonó el pago de impuestos, incluido el de la tenencia.
Se detectaron, mencionó, dos cuentas en las que se depositaron recursos del extranjero, los cuales fueron destinados a la campaña del PRI.
Entre otros casos que citó el senador está el de que el 29 de junio, dos días antes de la elección, al menos cinco funcionarios de Zacatecas recibieron pagos en efectivo de entre 600 mil y cien mil pesos.
Incluso, mencionó, el secretario de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado, José María González Nava, el 22 de julio, expidió de una cuenta en Banorte un cheque por 187 mil pesos a su hermano.
Monreal dijo que es descalificable que desde el procurador estatal hasta el director de agua estuvieron en la campaña del PRI.
El senador exigió a las autoridades del IFE y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigar, pues es un asunto de omisión.
Deben explicar al país, dijo, estas cuentas bancarias manejadas por funcionarios, de la entregas de cheques y a quiénes se les dio.
