Fracasa el segundo piso en Zacatecas: dictan otra suspensión judicial
Zacatecas, Zac.- Zacatecas ha vuelto a frenar con contundencia el Viaducto Elevado que el Gobierno del Estado pretendía imponer sobre el Bulevar López Mateos. El proyecto, costoso, impopular y opaco, recibió este martes una nueva suspensión definitiva, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito. La resolución judicial representa un nuevo revés legal —y político— para el gobernador David Monreal Ávila, quien enfrenta un creciente rechazo social por esta obra que ni fue solicitada por la ciudadanía ni figura en el Plan Estatal de Desarrollo.
El expediente 870/2025, promovido por el colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas, obtuvo esta suspensión como parte del juicio de amparo interpuesto por los abogados Darío del Real y Juan Manuel Hermosillo. La decisión fue firmada por el juez federal Juan Antonio Huerta Vázquez, con el auxilio de la licenciada María Elena Gómez Magaña. Esta medida judicial impide de manera definitiva la continuación de los trabajos de construcción del viaducto, al menos hasta que se resuelva el fondo del asunto.
La suspensión se suma a la que fue otorgada el viernes anterior, cuando el mismo juzgado ordenó al Ejecutivo estatal retirar maquinaria y escombros que bloqueaban carriles en ambos sentidos del bulevar, ocasionando un caos vial diario. La vialidad, la más transitada de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, se convirtió en un embudo de concreto que colapsó la movilidad urbana. La instrucción judicial no sólo busca evitar daños irreversibles, sino restablecer el orden público y la seguridad vial.
La obra, proyectada con un presupuesto de tres mil 652 millones de pesos para apenas 3.3 kilómetros, ha sido blanco de críticas severas desde su anuncio. Según una encuesta realizada por la empresa LEMA, el 84% de la población la rechaza. No es una cifra menor ni circunstancial. Es un rechazo frontal, sostenido y creciente que se ha expresado en las calles, las urnas y los tribunales.
La defensa del proyecto por parte del gobierno estatal ha oscilado entre la desinformación y el victimismo. El propio gobernador Monreal ha insinuado que los jueces federales actúan por consigna o con mala fe, pero lo cierto es que su administración inició la obra sin contar con los estudios, permisos ni dictámenes de impacto ambiental y urbano exigidos por ley. Es decir, violó procedimientos básicos de planeación y legalidad. No fue falta de voluntad política, sino de respeto al Estado de derecho.
Las suspensiones concedidas no son hechos aislados ni anécdotas jurídicas. Son síntomas de una enfermedad institucional más profunda: la incapacidad del gobierno para dialogar, planear y gobernar con la gente y para la gente. La ciudadanía no ha hecho más que usar las herramientas que le da la Constitución: ampararse, protestar, organizarse.
Y todo indica que lo seguirán haciendo. Aún hay otros juicios en marcha, interpuestos por razones diversas —daños ambientales, afectación patrimonial, omisiones procedimentales— y con nuevos elementos probatorios. De seguir esta tendencia, la cancelación definitiva del Viaducto Elevado es solo cuestión de tiempo. Como diría el refrán, «el que siembra vientos, cosecha tempestades».
David Monreal apostó a imponer una obra faraónica sin consenso ni planeación. La realidad —y los tribunales— le están demostrando que Zacatecas no es tierra de vasallos. Aquí, cuando el pueblo habla, retumba hasta en los juzgados.
LNY/Redacción
