Fortalezcamos nuestro marco jurídico y luchemos contra desapariciones forzadas
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Al interior de la LX Legislatura, hemos acompañado con acciones la creciente preocupación de diversas asociaciones civiles y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la sociedad en general, respecto a las desapariciones forzadas de personas. En México, este problema tiene como antecedente los numerosos casos relativos a desapariciones involuntarias o forzadas de los años setentas, sobre todo; aunque durante la década siguiente también se presentaron, hubo una reducción notable de estos delitos.
Sin embargo, ahora en la segunda década del siglo XXI, por desgracia, esta deleznable práctica delictiva ha experimentado un notable aumento en muchos lugares del país. Es evidente que la impunidad de la cual siguen gozando los responsables de las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años setentas y ochentas, es un factor central que ha permitido que las Desapariciones Forzadas vuelvan a ser hoy en día, un patrón recurrente en el contexto de violencia generalizada y de empoderamiento de los grupos delictivos en México.
La Desaparición Forzada de Personas representa un acto esencialmente arbitrario que de forma brutal despoja a la víctima de sus derechos más elementales, privándolo del ejercicio de sus garantías individuales, de su integridad física y moral, así como de su dignidad. Desgraciadamente, este problema se ha vuelto de grandes dimensiones en el país; en el mes de julio de 2010, la Alta Comisionada Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Kyung‐wha Kang, reportó que este organismo tenía alrededor de 300 casos documentados de desapariciones forzadas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila. Sin embargo, para el año siguiente, las cifras sobre este flagelo se incrementaron de manera exponencial.
En el estado de Coahuila, de febrero del 2007 a Julio del 2010 la ONU reportó 60 casos, para el año pasado se tenían documentados 184; es decir, un aumento de 200% en tan sólo un año. En el caso de Durango, llama la atención lo ocurrido en Cuencamé, donde los reportes indican que durante el 2009 y 2010, se dieron 60 desapariciones. En Nuevo León, en el transcurso del año 2010 se incrementaron los reportes de personas que fueron víctimas de algún tipo de desaparición. Así mismo, de enero a octubre de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tuvo conocimiento de “mil 700 personas (que) están en calidad de desaparecidas por haber sufrido “levantones” o secuestros en Tamaulipas y Nuevo León” (Excelsior, 4 de octubre de 2010).
Por lo que toca al estado de Tamaulipas, ahora está padeciendo una situación de violencia inédita, al punto de que la posibilidad de documentar a las víctimas de la “guerra” contra el narcotráfico, rebasa las posibilidades de las escazas organizaciones civiles en este estado. Una situación similar atraviesa el estado de Chihuahua; donde las desapariciones de mujeres lleva ya más de dos décadas, pero es a partir el 2008 cuando se disparó el número de las Desapariciones Forzadas de Personas. En los estados de Nuevo León y Coahuila cerca del 90% de la personas desaparecieron en grupo, muchos de ellos migrantes, la mayoría de las víctimas estaban en tránsito por algunos de los estados del norte; en Zacatecas también se han presentado este tipo de casos pero en menor medida.
El Informe a la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos del año 2010, refiere que “mientras que en el estado de Chihuahua, en la mayoría de los casos documentados se identifica a elementos de Ejército Mexicano o de diversas corporaciones policíacas involucradas en las desapariciones; en los estados Nuevo León, Zacatecas y Coahuila, sólo en algunos casos hay datos de involucramiento de elementos de estas corporaciones militares o policíacas, siendo la mayoría atribuibles a grupos de delincuencia organizada”.
Según el Informe citado, hay más de 60,000 elementos de las fuerzas Armadas cumpliendo tareas, en un Estado democrático corresponderían exclusivamente a las autoridades policiacas. Por su parte, las Organizaciones No Gubernamentales que colaboraron en el Informe elaborado por la ONU y dado a conocer en marzo del 2011, señalan que el 40% de los casos de Desapariciones Forzadas han sido producto de detenciones ilegales con implicaciones directas e indirectas de funcionarios públicos, realizadas en su mayoría por militares, policías estatales y municipales. Resulta verdaderamente preocupante que tan sólo entre el año 2007 y principios del 2011, se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad, es decir, 300% más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987), según lo denunció el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, la cifra podría ser mayor si consideramos que los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que las quejas por extravío de personas superan las 5,300 desde que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón. Desgraciadamente, por temor a represalias, un elevado número de familias no denuncia ante las autoridades correspondientes.
Sumado a ello, la negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión, omisión o por colusión con el crimen organizado, han permitido que se incremente y extienda a todos los rincones del país. Así mismo, como ya he señalado anteriormente, las autoridades no ofrecen información confiable a nivel nacional, estatal y municipal sobre el número preciso de casos. Tampoco existe un registro nacional central de desapariciones forzadas y no se lleva a cabo una investigación judicial en la mayoría de casos que involucran este delito. Razón por la cual, se dificulta mucho la cuantificación del fenómeno.
Ante este creciente problema, el 14 de marzo pasado, en el Congreso del Estado los diputados Saúl Monreal, Geovanna Bañuelos y un servidor, suscribimos una Iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Zacatecas para tipificar la Desaparición Forzada de Personas; sin duda un avance muy importante en esta lucha. Sin embargo, debemos seguir en esta misma línea, fortaleciendo y ampliando la protección jurídica para las víctimas e impulsando acciones preventivas y contemplar la reparación del daño. Necesitamos una Ley de mayor amplitud y acorde a los estándares internacionales en la materia; sobre todo, por la inacción oficial ante estas graves violaciones a los Derechos Humanos y ante la ausencia de una política integral en México orientada a una solución de fondo. Justamente, en esta dirección estamos empeñando nuestros esfuerzos; para que en Zacatecas podamos desarraigar este delito de Lesa Humanidad y abonar a la construcción de un Estado democrático, paralelamente a rechazar categóricamente los esquemas gubernamentales que mantengan viva la posibilidad de imponer un Estado policiaco y represor en el país.
