Foro Nuevo Sol-PRD repudia reformas a ley de seguridad nacional

Luego de revisar el dictamen que elaboró la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados respecto de la minuta enviada originalmente por el Senado de la República en abril de 2010 sobre la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en abril de 2005, la Coordinación Nacional de Foro Nuevo Sol emite el siguiente pronunciamiento político:

1.- Dicho dictamen, actualmente a revisión, viola el reglamento interno de la Cámara de Diputados, pues PRI y PAN pretenden que dicho documento sea votado solamente por los integrantes de la comisión de Seguridad, excluyendo a las otras cuatro comisiones involucradas: Defensa, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación. La Junta de Coordinación Política no tiene capacidad de excluirlas.

2.- Mientras en el artículo 29 de la Constitución Política Mexicana se establece con claridad lo que debe considerarse como perturbación grave de la paz, en este reglamento se señala que la paz “debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. En todo caso la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Con dicha postura, el Ejecutivo federal tendría la facultad de pedir, sin más, la actuación de las fuerzas armadas, ya sea en contra de grupos sociales u organizaciones que a su parecer perturben la armonía pública. Por ejemplo, contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

3.- Las modificaciones a ley de seguridad nacional otorga a los miembros del Ejército y la Marina facultades que nuestro partido ha criticado desde hace tiempo por su carácter violatorio de las garantías individuales.

No obstante que el CISEN cuenta ya con excesivas facultades para intervenir comunicaciones telefónicas sin una orden judicial y realiza tareas de espionaje, y que la PGR ha abusado del esquema de testigos protegidos para la conformación de expedientes judiciales, de aprobarse estas reformas, la Sedena y la Marina estarán también facultadas para llevar a cabo dichas tareas.

4.- Aunque la ley de seguridad hace énfasis en su artículo 30 que las labores de “inteligencia” que se instrumentarán no son tareas de espionaje, sino una tarea especializada que consiste en obtener información por medios lícitos, para Foro Nuevo Sol nada garantiza que dichas tareas de “inteligencia” no seguirán siendo utilizadas por el gobierno federal con fines políticos, partidistas y electorales, como ha sucedido en muchos casos.

5.- Las anteriores actividades no podrá ser conocidas por ningún ciudadano que pretenda poner en práctica las prerrogativas que le confiere la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al dotársele a dichas acciones carácter de confidencialidad.

6.- Como bien lo ha señalado la diputada Teresa Incháustegui, las contradicciones existentes en dicha ley y la Constitución Política mexicana son muchas.

Por ejemplo, mientras en el artículo 131 de la Carta Magna se reitera el respeto a los bienes, las mercancías y los efectos de las personas, en el artículo 82 de la Ley de Seguridad se señalan que éstos podrán ser objeto de restricciones o prohibiciones cuando exista una declaración de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas.

La violación al derecho de los mexicanos al libre tránsito ya se lleva a cabo desde hace tiempo por medio de la instalación anticonstitucional de retenes militares en las carreteras del país, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. La última víctima de estos excesos fue el diputado Faustino Soto Ramos, quien el pasado domingo fue vejado por militares que supuestamente hacían revisiones de rutina.

7.- La Ley de Seguridad Pública también viola lo expresado en el artículo 16 constitucional, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, su familia, domicilio, papeles y posesiones, salvo mandamiento escrito de la autoridad competente y que se motive la causa legal del procedimiento.

Sin embargo, una vez declarado un periodo de guerra o conflicto que, según la libre interpretación del ejecutivo, motive la suspensión de las garantías individuales, toda persona tendrá la obligación de darle alojamiento y alimento a los miembros de las fuerzas armadas que así lo requieran.

8.- El artículo 83 de la ley de seguridad ofrece a las fuerzas castrenses realizar funciones atentatorias de los derechos humanos, como lo es recabar información en lugares públicos para atender la afectación a la seguridad interior, mediante la utilización de medios e instrumentos y “cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia”. Es decir, bajo este apartado se le da cabida nuevamente a la tortura como método para la obtención de datos e información.

Aún más, en caso de que los elementos militares sean hallados culpables de cometer algún delito en contra de la población, éstos no podrán ser juzgados en los tribunales civiles del país, como estaba previsto en la minuta original del Senado, sino en los tribunales militares, lo cual seguirá siendo sinónimo de impunidad.

9.- En dicha reforma se le confieren al presidente de la República atribuciones metaconstitucionales que implican que el propio Congreso de la Unión no sea consultado sobre la violación de las garantías individuales.

Ello configura, en esencia, el presidencialismo autoritario que elimina el equilibrio que debe existir entre los poderes de la Unión y posibilita la instauración del estado totalitario.

10.-No está por demás señalar que las reformas la Ley de Seguridad Nacional no incluyen medidas para atacar el lavado de dinero ni para coartar el flujo de efectivo, ni mucho menos se hacen observaciones sobre los delitos cibernéticos que cada vez son mas frecuentes en nuestra sociedad.

11.- Desafortunadamente, con las medidas que se propone sean incluidas dentro de la Ley de Seguridad Nacional, solamente se garantiza que el negocio del narcotráfico y su expansión delictiva siga teniendo larga y exitosa vida.

Por los razonamientos antes expuestos, Foro Nuevo Sol-PRD se manifiesta en contra de las reformas que se pretenden hacer a la Ley de Seguridad Nacional, pues estamos convencidos que la militarización del país no es una medida suficiente ni adecuada para combatir los grandes problemas que hoy estamos viviendo.

Más de 35 mil asesinados bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado deben obligar al Poder Legislativo a tomar decisiones más inteligentes, más comprometidas y más efectivas.

Demandamos una amplia discusión que permita a los diputados enfrentar la gravedad de los problemas que aquejan a nuestro país.