Fiscal anticorrupción: Del sueño a la realidad
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
En mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo es prevenir y combatir la corrupción, mediante la transparencia y la rendición de cuentas. En sus adecuaciones, particularmente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), se estableció la institución de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, cuya función es perseguir e investigar casos de corrupción.
Después de casi dos años, urge que el Senado de la República acelere la designación del titular de dicha institución, así como que el método de elección sea sensato y transparente, sin discrecionalidad y opacidad, para que asuma la responsabilidad un fiscal ajeno al gobierno federal y los partidos político.
Los avances han sido lentos, obstruyendo así la erradicación de la corrupción en México, debido a que por absurdo que parezca, dicha fiscalía ha comenzado a operar sin fiscal, lo cual demuestra la enorme debilidad e irresponsabilidad de las autoridades para garantizar instituciones públicas capaces de realizar sus funciones.
Por lo anterior, es necesario que a la brevedad lo senadores actúen en consecuencia, considerando la terrible situación en materia de corrupción, y así evitar que casos de esta índole se repliquen, es máxima la posibilidad que los funcionarios públicos continúen inmersos en desvíos ilegales de recursos públicos, por ejemplo Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, Rubén Moreira, Miguel Alonso Reyes o el propio Enrique Peña Nieto, por citar a algunos.
La urgencia de que exista un titular en la fiscalía es para que los trabajos para los que fue creada comiencen a rendir frutos, además porque la sociedad vería en tal institución un espacio público para la denuncia, sobre todo para que se fortalezcan los trabajos conjuntos de los legisladores y las autoridades en materia del combate a la corrupción, problema que hace crecer más el hartazgo y rechazo social hacia el gobierno y partidos políticos en México.
De entre las funciones principales de esta nueva institución destaca impulsar campañas de difusión y denuncia contra actos de corrupción; la planeación estratégica para definir las líneas de acción precisas en la materia; proponer programas de capacitación y actualización en materia de prevención y lucha contra la corrupción; solicitar información para indagar a funcionarios en el extranjero, de igual forma a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno; mecanismos de supervisión de los acuerdos pactados en materia de combate a la corrupción a nivel nacional e internacional.
Asimismo, proponer instrumentos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para el combate a la corrupción; solicitar a instituciones bancarias información para las indagatorias en curso; supervisar el seguimiento de las averiguaciones previas que se iniciaron en la propia fiscalía; definir normas y procesos para el funcionamiento de esta institución; promover la colaboración con otras instancias públicas o privadas con el objetivo de desarrollar tecnología de intercambio de datos.
También, definir la incompetencia de la acción penal de averiguaciones iniciadas por posibles actos de corrupción; de ser necesarias, solicitar medidas precautorias a un juez; ejercer la atracción de averiguaciones previas federales o locales vinculadas con actos de posible corrupción; mantener coordinación constante con las instancias gubernamentales para el seguimiento de acuerdos en relación al tema de su competencia; y emitir leyes o reglamentos paralelos para el eficiente trabajo de la fiscalía.
Por lo anterior, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hemos hecho público el llamado para que a la brevedad se concentren los trabajos en el Senado de la República con la finalidad de que antes de que culmine el actual Periodo Ordinario, exista un fiscal que tome las riendas de la institución, y con ello el combate y erradicación de la corrupción en México sea una realidad.
También, con la finalidad de que haya confianza de la ciudadanía hacia la fiscalía, los perredistas estamos proponiendo que ésta sea un órgano autónomo, que no dependa de la PGR, pues en los últimos años la procuraduría ha perdido credibilidad entre la sociedad, principalmente por casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Queda menos de una semana para que oficialmente concluya el actual Periodo Ordinario en el Congreso de la Unión, siendo responsabilidad de los senadores la elección del fiscal anticorrupción, sin embargo las acciones demuestran que posiblemente tal proceso se postergue, lo cual está generando que la designación pierda legitimidad, pues pareciera que están influyendo intereses de terceros.
Exigimos que esa decisión sea abierta a la sociedad, que se consideren las opiniones que han expresado organizaciones civiles, académicas y especialistas en la materia. El fiscal anticorrupción debe superar todos los interrogantes, sin vinculación a grupos de poder o políticos, sobre todo que no tenga antecedentes que lo liguen a casos de corrupción, debe ser un perfil que no debilite a la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, al contrario, que la fortalezca.
* Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
