Firmeza ante aranceles y deportaciones
ULISES MEJÍA HARO
La relación entre México y Estados Unidos enfrenta importantes desafíos ante las recientes políticas proteccionistas y migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una postura firme y clara: la defensa irreductible de los derechos humanos de los migrantes y el respeto a la soberanía nacional. Más allá de los discursos, esta posición busca establecer una relación de igualdad y cooperación que permita atender los temas prioritarios de ambos países, como la seguridad, la migración y el comercio, sin caer en sumisión ni subordinación.
Ante las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, que incluyen medidas como deportaciones masivas de migrantes, aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas y canadienses, y el combate al tráfico de fentanilo, la presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la independencia. Su visión incluye la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, la cooperación en seguridad humana y el respaldo a nuestros connacionales radicados en Estados Unidos.
El anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas y canadienses, viola las reglas del T-MEC y evidencia una postura proteccionista que busca beneficiar únicamente a su país. Este argumento se basa en temas como la migración y el tráfico de fentanilo, aunque ignora que más del 80 por ciento de las armas que ingresan a México y generan violencia provienen de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum ha señalado que medidas como estas afectan las economías interdependientes y complementarias de América del Norte, lo que podría desencadenar repercusiones negativas, incluyendo inflación, pérdida de empleos y reducción de la competitividad en la región.
México podría responder aplicando un arancel del 25 por ciento a las importaciones de carne de res y cerdo de Estados Unidos, lo que representaría un golpe significativo para su industria ganadera. Además, bajo una política de sustitución de importaciones, México podría incentivar la siembra de maíz y reducir su dependencia del maíz amarillo transgénico importado desde Estados Unidos, que tiene un valor de 5 mil millones de dólares anuales. Estas acciones demostrarían que una guerra comercial no es el camino correcto y que es necesario fortalecer la cooperación económica y social entre los tres países firmantes del T-MEC.
En el ámbito migratorio, las deportaciones masivas de mexicanos serían un grave error. Los migrantes contribuyen de manera significativa tanto a la economía de sus comunidades de origen a través de remesas, como a la economía estadounidense, donde gastan el 80 por ciento de sus ingresos. En estados agrícolas como California, son ellos quienes sostienen sectores clave como la producción de frutas y hortalizas, así como la industria de la construcción y los servicios. Esta realidad ha llevado a varios gobernadores estadounidenses a oponerse a las medidas de Trump.
Frente a estas amenazas, la presidenta Sheinbaum ha reiterado su compromiso de apoyar a los migrantes retornados, garantizando su reintegración a través de estrategias que incluyan asistencia consular, apoyo en el empleo, acceso a la seguridad social y a programas de Bienestar.
Es momento de construir un frente común que involucre a todas las fuerzas políticas, sectores y niveles de gobierno, dejando de lado las diferencias partidistas para respaldar a la presidenta de México. La defensa de nuestra soberanía nacional y los derechos humanos de nuestros connacionales debe prevalecer sobre cualquier interés particular.
