Firme compromiso legislativo
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Debido a que un amplio sector de las bases y las fuerzas vivas del Partido de la Revolución Democrática, han manifestado su apoyo para que un servidor contienda en búsqueda de la Precandidatura a Diputado Federal por el IV Distrito, he decidido participar y seguir trabajando por mi estado, ahora desde la Cámara de Diputados de San Lázaro. Razón por la cual, de cara al próximo proceso electoral, en el PRD tenemos puesto nuestro empeño en crear las condiciones que nos permitan alcanzar un gran acuerdo de unidad entre todas las fuerzas progresistas y las izquierdas de Zacatecas, con objeto de que el proyecto social más importante del norte del país obtenga un triunfo contundente y abonemos a los esfuerzos en la construcción del nuevo modelo de nación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
El día de hoy, el escenario que presenta nuestro país es muy delicado; a nivel social, estamos inmersos en una pobreza de proporciones intolerables: México fue el único país de América Latina, junto con Honduras, que en los últimos 20 años no redujo sus niveles de pobreza y se estancó económicamente, tal como lo señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A menos de un año de concluir el presente sexenio federal, las políticas públicas enfocadas a reducir la pobreza y la desigualdad han resultado insuficientes; los programas para la superación de la pobreza no han podido escapar a los añejos mecanismos clientelares y asistenciales para la compra de votos. En particular, los jóvenes se enfrentan a toda una serie de adversidades; la falta de oportunidades educativas y de empleo son una realidad que viven cotidianamente: “existen rezagos en la juventud en situación de vulnerabilidad como lo son indígenas, madres solteras, jóvenes embarazadas o con discapacidad, entre otros. La cobertura de la educación media superior es de 64.4 por ciento de la población de entre 16 a 18 años, por lo que más de la tercera parte de los jóvenes de esta edad no asisten a la escuela”, tal como lo indica el informe Pobreza Multidimensional en los Jóvenes, publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Gustavo Garabito Ballesteros, integrante del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que las políticas del gobierno federal enfocadas a este sector de la población son deficientes: “mientras en países de Sudamérica se han impulsado leyes en materia de derechos de la juventud, que garanticen una transición hacia la adultez con un trabajo formal, bien pagado y que les permita continuar con sus estudios y desarrollo profesional, ese tipo de legislaciones en México no existen”. Además, como prueba del deterioro y de la falta de desarrollo en este sector, debemos considerar que de los 36 millones de jóvenes mexicanos que tienen entre 12 y 29 años, 9 millones padecen pobreza alimentaria, según concluye el mismo estudio de la Cámara Baja.
Paralelamente, el campo mexicano y en particular el de nuestro estado, están al borde del colapso, porque el año pasado fue golpeado por los efectos del cambio climático con fenómenos naturales inusuales, como es el caso de las heladas a principios del 2011 que afectaron 11 estados de la República, así como la prolongada sequía en 20 de ellos. De esta forma, si no se atiende con urgencia y de manera efectiva la devastación del agro mexicano, no sólo se pondrá en riesgo la producción agropecuaria, sino la propia supervivencia de nuestros campesinos y se desatará una crisis de desabasto de alimentos de primera necesidad. Sumado a ello, la decisión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de sacar el frijol de la canasta básica, será un golpe duro a la cultura alimentaria del país y afectará la economía de los más pobres en México, equivalente a 51 por ciento de la población, consideró el coordinador de la Maestría en Sociología de la Universidad Iberoamericana, Óscar Martínez Martínez. Además, esta medida impacta de manera negativa a las 25 mil tiendas Diconsa que se encuentran en las zonas más marginadas del país y que han empezado a racionar también la venta de maíz, debido a la escasez de granos básicos.
En lo político, persisten prácticas antidemocráticas que reflejan el sometimiento del Estado a factores reales de poder, impidiendo que alcancemos una economía moral y redistributiva, a causa del modelo neoliberal que se ha impuesto en México, generando condiciones monopólicas que han excluido a las mayorías de todo beneficio.
En lo económico, la situación es muy delicada: los 12 años de gobiernos panistas, han arrojado un magro e insuficiente crecimiento económico en la última década y una muy desigual distribución de la riqueza y de las oportunidades. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (ENIGH): el decil de más altos ingresos percibe trimestralmente hasta 24 veces más recursos que el decil en mayores condiciones de pobreza; además, el ingreso de los mexicanos cayó 6.8% en términos reales en 2010 comparado con el 2008, mientras que los hogares tuvieron un ingreso promedio inferior del 12.3%, en relación a los aumentos constantes en los precios de los productos básicos.
Por otra parte, a nivel político, la participación ciudadana, desde el punto de vista institucional, es aún limitada en el país; no existen espacios efectivos para avanzar hacia una democracia participativa. La ciudadanía se enfrenta de manera permanente a un gobierno federal distante de la ciudadanía e incapaz de responder con atingencia a los agudos problemas sociales; situación que ha tenido como resultado una crisis del sistema de partidos y un rechazo ciudadano respecto a la clase política, apatía y falta de participación política, así como un preocupante grado de desconfianza y credibilidad en las instituciones democráticas, por parte de amplios sectores de la población.
Bajo este escenario, la reconstrucción económica y el desarrollo con justicia y bienestar social es una batalla impostergable, así como la transformación de las relaciones entre gobierno y sociedad, sobre la base del respeto de los derechos humanos y en el cambio de la política económica. Por todo lo anterior, reafirmo mi compromiso con la conquista de una sociedad democrática con igualdad y por la construcción de un Estado social de derecho, que garantice las libertades plenas del ciudadano. Tenemos que orientar al país mediante la creación de un nuevo modelo de desarrollo incluyente con la participación pública, social y privada en beneficio de todos.
Por ello, propongo trabajar de la mano con la sociedad y con mis compañeros perredistas, para crear una agenda conjunta que derive en una serie de iniciativas, cuya prioridad es la ciudadanía; su bienestar y desarrollo, en un marco de fortalecimiento a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Necesitamos construir un gran acuerdo nacional capaz de hacer del respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, los principios reguladores de la vida social, a partir de reformas en materia económica, social, laboral, ambiental y democrática.
Por mi parte, mi propuesta ubica en el centro de la agenda legislativa federal: la Democracia participativa, el Respeto a los derechos laborales, la Democracia social e Inversión Pública para el desarrollo Económico, un marco legal para mejorar el Sistema Educativo, el Respeto y Defensa de los Grupos Vulnerables de la Sociedad y a las Minorías Étnicas, fortalecimiento de la Equidad de Género; los Derechos Ambientales y la Sustentabilidad, la Austeridad en el Gasto Público y un Marco Fiscal Equitativo y Funcional, una Política Agropecuaria Sustentable-Agroecológica y, de manera fundamental, el respeto y promoción de los Derechos Humanos.
Este gran reto constituye un avance de primera importancia en la vida parlamentaria y legislativa del país, ya que nos permitirá una discusión constructiva, autocrítica y propositiva en el debate que nos lleve a consensos democráticos para dar respuestas a las demandas más sentidas de la sociedad y la ciudadanía para regenerar la vida nacional, ahora marcada por la crisis económica, la inseguridad y la enorme desigualdad.
A nivel legislativo, el PRD ha hecho patente su vocación social tanto en el Congreso del Estado, como en el Congreso de la Unión, con una definición clara y amplia en nuestra concepción de Estado; basada primordialmente, en los derechos humanos como sustento democrático de nuestro sistema político y constitucional.
El PRD como partido y gran plataforma de las izquierdas del país y de Zacatecas; posee convicciones, ideología y un sólido proyecto político y legislativo para pagar la deuda que nuestro país tiene con las mayorías. Tenemos que transformar la sociedad, partiendo de una redistribución más equitativa de la riqueza, en el acceso a condiciones efectivas de desarrollo, justicia y seguridad para todas las personas, dentro de un marco de legalidad y fortalecimiento de la vida democrática en todos los niveles. A partir de la firme experiencia que Sí resuelve, ese es mi compromiso con México y con Zacatecas.
* Diputado Local
