Financiamiento público a los partidos políticos
ULISES MEJÍA HARO
La catástrofe provocada por los dos terremotos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del año en curso que azotaron, el primero a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco y el segundo a la ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, dejó un saldo en conjunto de millones de familias damnificadas y causaron la muerte de más de 500 personas y la desaparición de 42; destruyeron cientos de edificios, decenas de miles de viviendas, cientos de escuelas, muchos hospitales y cuantiosos daños a la infraestructura carretera, eléctrica, de agua potable, entre otros servicios. El costo de los daños y de reconstrucción a la fecha no se ha cuantificado con precisión, se estima que será del orden de los 37 mil millones de pesos.
Derivado de estos acontecimientos, la presión de la ciudadanía afloró sobre todo en redes sociales donde millones de personas exigen eliminar el financiamiento de los partidos políticos para destinarlo a la atención de los damnificados por los temblores y a la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública; ante ello, los dirigentes de los distintos partidos políticos más con un afán de conquistar votos para las elecciones del 2018 empezaron una especie de subasta de “donaciones” de sus prerrogativas y gastos de campaña para el 2018, iniciando con propuestas de recortes de un 25% y llegando incluso proponer la “donación” del 100% de sus financiamientos.
Algunos de ellos propusieron recortes a su financiamiento a sabiendas que no sería permitido por la Ley, ya que sería una “desviación” como en un principio lo manifestó el Instituto Nacional Electoral (INE), pero para sorpresa de los que solo “blofeaban”, el INE y la SHCP dijeron “que siempre sí ” se podría recortar el financiamiento de los partidos políticos y reorientarlo a los damnificados y a la reconstrucción sin violentar la ley, por lo que tuvieron que “aguantar vara”, porque el recorte será un hecho. Pero la exigencia de la ciudadanía va más allá, no solo pide la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos para el 2018 sino para los subsiguientes ejercicios y en forma definitiva.
Preguntó ¿Por qué la ciudadanía en su gran mayoría solo se orientó hacia la suspensión del financiamiento público a los partidos políticos? que para el 2018 de Acuerdo a lo aprobado por el INE asciende a la cantidad de 6,788 millones de pesos (presupuesto que se pondrá a consideración y aprobación en la Cámara de Diputados) para elegir Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales; más otros 6 mil millones de pesos que los partidos recibirán a nivel estatal para la elección de ayuntamientos, diputados locales y en algunos casos gobernadores ¿Por qué no se exigió el recorte en imagen y publicidad oficial del gobierno federal que ascendió a los 8,500 millones de pesos en 2016, lo cual es superior al financiamiento aprobado para el 2018 a los partidos políticos en las elecciones federales; igual aplicaría con los gobernadores que también derrochan millonadas de pesos en publicidad e imagen? ¿Por qué no recortar los gastos millonarios en gasto corriente innecesario y suntuoso de los gobiernos Federal, estatales y municipales, de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos como el INE? ¿Por qué no disminuir significativamente las excesivas pensiones vitalicias de los ex presidentes, ex ministros y ex magistrados? ¿Por qué no vender el avión presidencial ultra lujoso “que no lo tiene ni Trump” y representó al pueblo un costo de ocho mil millones de pesos?, entre otros ¿por qué?
La respuesta en parte obedece a que los partidos políticos se han apartado de su propósito fundamental, ser interlocutores de la ciudadanía con el Estado, ser canales de representación y de participación ciudadana para lograr el bien común, con el abanderamiento de las grandes luchas sociales, el cumplimento de los derechos humanos y sociales, para el crecimiento del país con bienestar social.
Hoy los partidos políticos están concentrados en ganar elecciones para ser una especie de agencia de colocaciones de familiares, amigos e incondicionales partidarios que muchos de ellos ocupan puestos públicos sin tener el perfil, los conocimientos y la experiencia y en ocasiones sin espíritu de servir al pueblo sino “servirse del pueblo”; lo peor de todo, es que otros aprovechan el puesto de designación o de representación popular para hacer negocios, para enriquecerse a “costillas del pueblo” (basta con revisar los numerosos casos recientes de ex gobernadores que han saqueado las arcas de sus estados); tener la franquicia de un partido político hoy representa un negocio familiar para sus dirigentes y la permanencia en puestos públicos de designación y representación; hoy los partidos políticos y sus dirigentes han olvidado los postulados, la ideología y los principios estatutarios de sus partidos, lo que importa es perpetuarse en el poder, por lo que están enfrascados en pleitos y luchas intestinas internas y externas y se olvidan de compromisos de campaña y de las demandas del pueblo.
Estamos de acuerdo que actualmente los partidos políticos atraviesan por una crisis interna y de credibilidad, que trasciende al sistema electoral en su conjunto y a nuestro sistema político, que tenemos una democracia de las más caras del mundo, cada voto en las elecciones federales cuesta 18 dólares, cuando en otros países como Brasil no cuesta ni un dólar. Estamos de acuerdo en que se debe disminuir significativamente el financiamiento público a los partidos políticos, pero sobre todo fiscalizar esos recursos públicos y privados, y castigar severamente a quienes incurran en su malversación o utilicen recursos opacos ilegales.
Esto se puede lograr disminuyendo los tiempos de campaña, eliminando los gastos en publicidad visual y en medios de comunicación pagados, sustituyéndolos por varios debates públicos transmitidos in vivo e íntegros en todos los medios masivos de la radio y televisión usando los tiempos oficiales; implementando el voto electrónico directo y secreto, anulando la elección o al partido en contienda cuando incurra en la dádiva, compra del voto o uso con fines electorales de recursos y programas oficiales.
Sin embargo, eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos políticos y sustituirlo solo por financiamiento privado es sumamente riesgoso y sería un retroceso democrático, se rompería con la aún incipiente equidad electoral, ya que se favorecería al partido en el gobierno, quien por “debajo de la mesa” financiaría a su partido y candidatos, sin que ocurra sanción alguna (como sucedió en la reciente elección en el estado de México). También expondría a que los intereses privados de los grandes empresarios y monopolios prevalecieran sobre los intereses del pueblo, ya que “quien paga manda” sin descartar que los partidos políticos podrían recibir recursos de dudosa y obscura procedencia con sus consecuencias.
*Maestro en Administración
FB: @mejiaharo
