Filtraciones
JUAN GÓMEZ
El escándalo mediático en el que está envuelta la 60 legislatura que concluyó sus actividades el pasado 07 de septiembre, no es el único que se ha suscitado en las últimas fechas en Zacatecas, ya que al término de otras también se han despedido en medio del rumor, la sospecha y las acusaciones de abusos en el usufructo del presupuesto.
Durante el proceso electoral 2010 para renovar la gubernatura del estado y los 58 ayuntamientos de Zacatecas, el entonces candidato a diputación local por la coalición “Zacatecas Nos Une” y ex secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, hizo declaraciones en los medios de comunicación en las que reveló que los integrantes de la 59 legislatura se habían adjudicado un bono especial de retiro por dos millones de pesos.
Los dardos iban dirigidos directamente en contra del entonces candidato priista al gobierno del estado y de la alcaldía capitalina, Miguel Alonso Reyes y Arnoldo Rodríguez Reyes, quien por cierto fue registrado este último por el Partido Verde Ecologista de México.
La denuncia de Jorge Miranda Castro desató ámpula principalmente en la dirigencia estatal priista, cuyo delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Joel Guerrero Juárez, convocó a conferencia de prensa en la que la entonces candidata a diputada Ana María Romo Fonseca fue la que encabezó la defensa de los candidatos de su partido mencionados.
Romo Fonseca señaló lo siguiente:
“Quiero dejar claro que debe ser ´puntual cuando él (Jorge Miranda Castro) hace referencia a un bono que se llevaron los diputados de dos millones de pesos, creo que las verdades a medias, no corresponden, para las alturas de miras que este estado espera en esta contienda electoral, una guerra sucia es lo menos que quieren los electores Zacatecanos”.
En dicha conferencia de prensa realizada en el Salón Gobernadores de la sede estatal priista, Romo Fonseca explicó lo siguiente sobre la denuncia de entrega millonaria a diputados de la 59 legislatura:
“En primer lugar, esos recursos, ese millón 200 mil pesos que recibieron los diputados, pero todos los diputados, porque él ve (Jorge Miranda Castro), ahora sí que en la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que trae en el propio; si alguien conoce bien de números y recursos, fue él, como secretario que fue en Gobierno del Estado en el área de Finanzas (en la administración de Amalia García Medina 2004-2010), y precisamente les quiero comentar que todos los diputados reciben recursos para el concepto de gestión social, esos recursos en virtud de que no se entregan en tiempo y forma, por parte de quien corresponda en el área financiera, les hacen hasta préstamos o líneas puente en lo que llegan esos recursos, se los van suministrando y después que se lo suministran, a la hora que llega su partida, se los cobran y los retienen, yo creo que se deben de decir las cosas como son y no nada más como le convenga en este momento, porque él está inmerso en un proceso electoral”.(http://www.prizac.org.mx/s/
Cabe mencionar que a partir de la LVI legislatura del estado que comprendió el periodo de 1998 al 2001 se filtraron a la prensa zacatecana, los “bonos de retiro” que generaron escozor entre la opinión pública y que fueron negados por los integrantes del Poder Legislativo correspondiente.
En la siguiente legislatura las versiones sobre el reparto presupuestal millonario a final del periodo también afloraron, pero también fueron negadas las versiones por los diputados que integraron esa legislatura.
Sin embargo la grabación que hoy está en redes sociales aporta un elemento sobre el manejo discrecional que hacen los responsables de aprobar el ejercicio presupuestal anual para el estado, y además, se vierten en el propio video la presunta intromisión de funcionarios gubernamentales en la cooptación parlamentaria.
La grabación de marras fue hecha por uno de los participantes en esa “negociación” en la que se asume el otorgamiento de cien mil pesos a legisladores de la 60 legislatura, para aprobar el Presupuesto de Egresos 2013, pero se deja entrever una cantidad similar para el pago de los impuestos que estarían obligados a declarar ante las autoridades hacendarias, para que de esa manera “cumplan” pero con recurso proporcionado aparentemente por la administración estatal.
El escándalo desnuda no solo la discrecionalidad con la que se negocian los recursos públicos en uno de los poderes estatales, sino que muestra la connivencia en la aprobación presupuestal, la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la impunidad para deslindar responsabilidades e impartir justicia.
Pero lamentablemente la filtración no pasará de un ardid para lesionar la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, promovida seguramente por uno o una de los(as) 24 diputados que participaron en esa “sesión secreta” que, por cierto, proliferaron en la 60 legislatura.
Muchos ahora se deslindan de no haber recibido cantidades millonarias antes de concluir su periodo legislativo, pero no comprueban sus aseveraciones; niegan haber recibido dinero extraordinario, pero es difícil creer cuando lo menos que ha habido en las últimas legislaturas, es transparencia.
Ya lo dice el refrán popular, “el que parte y comparte, se queda con la mejor parte”
Al tiempo.
