Feminicidio crimen de Estado
SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
La violencia contra las mujeres ha rebasado todo llamado de las mujeres organizados, “la política pública” o “herramientas interinstitucionales” contra la misoginia asesina. Nada detiene esto que bien llaman es una emergencia nacional, en un contexto de violencia incrementada por los crímenes a cuenta del narcotráfico y el tráfico de mujeres, la delincuencia en general. Crímenes que tienen una relación directa con la falta de justicia, que claman desde hace ya décadas miles de familias en este país crucificado por las instituciones que se han mostrado incapaces y desobligadas a cumplir con sus mandatos constitucionales.
El caso de Oaxaca no es la excepción a la regla. En los meses y días que lleva el gobierno actual han ocurrido 223 asesinatos contra mujeres, la gran mayoría sin resolverse, lo que crea una condición de insatisfacción no solo entre las víctimas directas sino entre toda la ciudadanía consciente de lo que está pasando.
Basta leer en la página web de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca el recuento hemerográfico que desde 2004 realizan, para darse cuenta del tamaño del problema que enfrentan las autoridades cuando inicialmente en el 80 por ciento de los casos se desconoce la identidad del o los asesinos de las mujeres.
Por otra parte, es importante saber que existe una terrible dilación en la procuración de justicia, hay madres y familias que esperan que los asesinos de sus hijas, muchas de ellas mujeres que dejaron hijos e hijas menores de edad, por lustros o décadas y cada día es una pesada loza sobre las familias que asumen rotas, desarticuladas, fatigadas por la pérdida de un ser querido, cuyo futuro se queda en ese abismo cruel de la violencia.
Esta omisión se suma a la responsabilidad del Estado mexicano y, en el caso de Oaxaca del gobierno local, de velar por la seguridad de las personas y que se especifica y, es clara, en otra ley concreta a una vida libre de violencia contra las mujeres. Así se cumple lo que se describe como feminicidio:
“El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina con la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, de prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado”. (Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana. Cámara de Diputados. Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. 2006).
Pero nada pasa en México y en Oaxaca, en específico. Es como dice Patricia Olamendí, en el libro Feminicidio en México (Inmujeres 2016) hay silencio, omisión, negligencia y complicidad que generan impunidad que no solo niega justicia para las víctimas, sino además provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a los agresores; y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las mujeres, al no merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la desigualdad y la discriminación de la que son objeto en la vida diaria.
Así lo vemos, sentimos y vivimos en Oaxaca, donde la prensa local reporta tres crímenes más en sólo unas cuantas horas, tres crímenes más que se suman a una larga lista de nombres, algunos de ellos muy cercanos a cada una de nosotras las mujeres que vemos cómo se consuma este crimen de Estado.
Cierto, como se ha dicho antes, la violencia contra las mujeres y, ello incluye los asesinatos, se consuman como parte de una violencia estructural derivada de la condición social de las mujeres de desigualdad, subordinación, discriminación y dominio, que se gesta en todos los ámbitos de la vida de una sociedad patriarcal que nada hace por romper esa condición de las mujeres.
Y, por el contrario, quienes tienen mayor posibilidad de terminar con esa violencia, es decir todas las instituciones que conforman la sociedad: la familia, las leyes y el gobierno y los mecanismos de educación, los medios comunicación y las iglesias, entre otras muchas, nada hacen de fondo, por el contrario, pareciera que la siguen consintiendo y justificando.
En este punto, frente a tantos crimines sin razón ni argumentos válidos, lo que vemos como sociedad es cada vez que ocurre un asesinato contra una mujer, damos pasos hacia atrás como humanidad.
