Federación avestruz
MIGUEL TORRES ROSALES
A partir de ahora en los casos de desastres naturales que azotan a nuestro país tendremos una “federación avestruz”, que no sólo acaba de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), sino que obliga a los estados y municipios a asumir los costos de los desastres naturales, al responder a la emergencia, atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas.
La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados es la culpable de lo que a partir de ahora suceda en materia de atención a desastres naturales, porque las y los diputados títeres de Morena, PT y PVEM otra vez se “doblaron” a la voluntad del impositivo Andrés Manuel López Obrador. Sin chistar, aprobaron con 242 respaldos, la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastre.
La oposición defendimos hasta el final a las víctimas, a los estados y a los municipios. Presentamos 120 reservas al dictamen inadecuado e injusto y emitimos 204 votos en contra. Sin embargo, al ser una reforma no constitucional, bastó sólo una mayoría simple en el pleno –que sí tiene el oficialismo- para que pasara. El análisis ahora está en el Senado.
Por mayoriteo legislativo fue respaldada la voluntad del autócrata López Obrador de derogar la Ley General de Protección Civil, vigente desde el 2012, que sustenta las declaraciones de emergencia y asignación de presupuestos federales, a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), que de inmediato activaba el Gobierno de la República en cuanto se necesitaban.
La anulación del FONDEN inició en el 2020, cuando la Transformación de Cuarta (T4) comenzó la disminución de sus presupuestos. En el 2018 al fondo se le asignaron recursos por 41 mil millones de pesos y para el 2023 se redujeron a 13 mil millones, lo que equivale 67% menos.
Con el FONDEN el actuar fue el mismo que con la desaparición de 109 fideicomisos requeridos para el desarrollo de México. Se les quitó el recurso bajo el pretexto de la opacidad, uso indebido y desvíos. Acusaciones que hasta ahora no ha comprobado. Nadie sabe a dónde se fueron los presupuestos y la T4 no ha transparentado su aplicación. Eso sí es opacidad y corrupción.
Es un discurso que AMLO utiliza para justificar ante la población sus aberrantes intenciones de quedarse con los presupuestos para encaminarlos a las caprichosas obras faraónicas y a los programas sociales electoreros con los que pretende comprar la voluntad de los votantes en la elección del 2 junio próximo.
A López Obrador no le importa dejar a las víctimas en la zozobra ni a los estados y municipios en graves problemas económicos, por los raquíticos presupuestos que les da y de los cuales ahora deberán atender las emergencias y adquirir seguros catastróficos. Tampoco le interesa la atención y prevención de riesgos; sino, veamos cómo está Acapulco a cinco meses de la devastación del huracán Otis.
En la alianza legislativa del PRD, PAN y PRI estamos inconformes con la imposición de López Obrador, rechazamos que no se haya tomado en cuenta la opinión de expertos, académicos y sociedad participante en la consulta abierta y por ello nuevamente recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar la arbitrariedad.
Estoy seguro que esa legislación inoperante será echada para abajo y el dictador se quedará con un palmo de narices.
