Estadísticas que no mienten

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR

Los hechos son fundamentales, las estadísticas, que dicho sea de paso no mienten: la violencia aumenta y cuesta, y un dicho concreto que es un hecho: las acciones que, evaluadas en boca de un organismo ejecutor y senadoras de la República, llegan a la conclusión que ya sabían las mujeres “de a pie”: nulos resultados, simulación discursiva y omisión de los gobiernos de los tres niveles.

A pesar de las noticias que hace unos días informó el gobernador Alejandro Murat y que en cosa de nada le llenaron algunas redes sociales con datos estadísticos de la cotidiana realidad contradiciendo al gobernante, Oaxaca está en esos detestables primeros lugares de violencia feminicida y feminicidio. Es una de las primeras cinco entidades que se ubican por encima de la media nacional, según la institución más confiable del gobierno federal, el INEGI.

“A nivel de entidad federativa, 12 entidades se encuentran por encima de la media nacional. Sobresalen el estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Michoacán”, cito parte del boletín de prensa emitido por esa institución a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemorará el próximo domingo 25, en ese recordatorio del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en República Dominicana por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960.

Sin duda la solución pasa por la respuesta de las instituciones de gobierno. Cerrar el paso a la impunidad es una tarea de quienes gobiernan. Hace años, quizá poco más de una década, buena parte de las mujeres hemos ido ganando en conciencia ciudadana y hemos crecido al rechazar la violencia, pero el gran atorón sigue estando en quienes deberían prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

Por eso, como se ha anunciado, feministas de la entidad saldrán nuevamente a reclamar ese derecho a la justicia el próximo domingo, está será una jornada mundial, que también se reflejará en Oaxaca, donde la protesta incluye las clausuras, simbólicas sí, de la Fiscalía General de Justicia y todas sus fiscalías “especializadas” y claro el elefante blanco más grande de la entidad: la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, creada hace poco casi dos años cuando inició su gestión el actual (des) gobernante.

Como ocurre en todo el país, la violencia es más severa y muy severa entre quienes han tenido esposo o novios. De cada 100 mujeres en esa condición al menos 63 han sufrido ataques graves. La violencia física es la más alta en Oaxaca.

Aquí algunos datos:

• El 42.5% padeció violencia severa. En este conjunto se ubican las mujeres con violencia física y/o sexual de manera eventual, con daños físicos y/o emocionales severos (cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, hemorragias o sangrado problemas nerviosos, angustia o miedo, tristeza, aflicción o depresión e insomnio).

• El restante 20.1% de las mujeres vivió violencia muy severa. Ésta considera a quienes reportaron violencia múltiple de manera reiterada, con daños físicos y emocionales que atentan contra su integridad física, tales como fracturas, abortos o partos prematuros, alguna enfermedad de transmisión sexual, pérdida de capacidades motrices, los pensamientos suicidas y el intento de suicidio.

En cuanto a los días perdidos de trabajo por las oaxaqueñas como resultado de la violencia, ésta es más alta que el promedio nacional. Así vemos que. en el país las agresiones imposibilitaron la asistencia de las mujeres en un promedio de 27 días, problema que en Oaxaca es de nueve días más, pues alcanza los 36 días en promedio de no ir a trabajar durante el año por las repetidas agresiones.

Y claro también representa pérdidas para la economía familiar y por ende local. Esto es porque casi 100 millones de pesos representó en pérdidas para ellas, fundamentalmente, el no ir a trabajar gracias a la violencia de su pareja, datos de una medición hecha por INEGI entre octubre de 2015 y octubre de 2016.

Por otro lado, este jueves en el Senado de la República, en la víspera del final del fatídico sexenio Enrique Peña Nieto, hubo una “develación” muy extraña por parte de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Ángela Quiroga Quiroga, quien aseguró que los sistemas estatales y municipales para erradicar la violencia contra las mujeres no están funcionando.

Esa noticia ya la sabíamos. Y la sabíamos porque no hay acciones concretas para el acceso a la justicia de las mujeres, de ahí que la senadora Malú Micher Camarena completara la noticia al señalar que los gobiernos municipales, estatales y federales se han destacado por una gran “simulación discursiva, muchísimas omisiones y un gran agravio a las organizaciones de la sociedad civil”.

No es para menos, es escalofriante la cifra de mujeres asesinadas en México, que de acuerdo a la ONU son nueve y no ocho como se había dicho las mujeres asesinadas cada día. En Oaxaca, la cifra en los dos últimos años es escandalosa, 232 mujeres de todas las edades. Más de 10 cada mes, cantidad que se duplicó con respecto a los dos sexenios gubernamentales anteriores.

De ahí que, sin duda habrá que replantear qué hacer frente a la violencia y eso que Micher Camarena llama “simulación discursiva” y que en tanto también admite la todavía titular de la Conavim, quien en septiembre pasado le dio palmaditas de agradecimiento al gobernador de Oaxaca por aceptar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca.

Sin duda, la peor pesadilla para las familias de mujeres víctimas de un asesinato es la lenta y tortuosa aplicación de la justicia, lo que permite a los perpetradores de ella a seguir asumiendo que apesar de los avances en materia legislativa en México, como en Oaxaca, la impunidad es un manto que los protege y este se extiende desde el funcionariado que sigue haciendo como que hace, aunque no haga nada.