Es violencia y son prácticas patriarcales
ARGENTINA CASANOVA
La identidad cultural de un pueblo nada tiene que ver ni se relaciona con las violaciones a los derechos de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia.
No hay argumento que valga, no es derecho consuetudinario ni “usos y costumbres”, se llama práctica patriarcal y es violencia contra las mujeres y las niñas. Eso incluye al matrimonio infantil forzado, el matrimonio servil y otras formas de violencia sexual contra las niñas.
Uno de los argumentos de “oposición” a las acciones para establecer una legislación armonizada que prohíba el matrimonio infantil, es que forma parte de los “usos y costumbres” de algunas comunidades.
Sin embargo, en reflexiones con autoridades de comunidades indígenas hay una clara identificación de que estos hechos no forman parte de la identidad cultura individual ni colectiva, es decir no forman parte de los usos y costumbres, sino que constituyen prácticas que con el tiempo se fueron aplicando y que en gran medida surgieron de la patriarcalización de las comunidades rurales y los pueblos originarios.
De tal forma que el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) puede ser aplicado sin demora y señala:
“Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: (…) f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.
Los matrimonios por conveniencia o acuerdos entre los padres fueron prácticas que se derogaron en la mayor parte del mundo, aunque sabemos que aún se realizan con la condena mundial al tomarse conciencia de las implicaciones que tiene esto en la vida de las niñas.
Sin embargo, en México se ha pretendido defender y naturalizar esta práctica bajo argumentos de que constituyen parte de la identidad y la cultura de las comunidades indígenas, con todas las connotaciones que esto implica y el resultado de que es cada vez más temprana la edad de las niñas que son “casadas”.
No se puede hablar de una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes sin encarar que la mayor parte de estas gestaciones ocurren en el ámbito rural o urbano marginado, y porque muchas veces son obligadas a “casarse” una vez que se tiene conocimiento del embarazo, o en el peor de los casos una práctica sexual terminará por convertirse en el origen de la violencia que las niñas vivirán por el resto de sus vidas.
Argumentos institucionales que no corresponden a las reflexiones de las mujeres de las propias comunidades indígenas, que cada vez cobran mayor conciencia de que es ahí en el matrimonio temprano en donde inicia una vida de malos tratos, violencia obstétrica y riesgos que culminan con una vida de marginación y violencia.
No sólo se truncan las oportunidades de continuar estudiando, sino que se frena el desarrollo psicoemocional y se inicia una vida de dependencia económica, afectiva y de vulneración constante.
El argumento de que se trata de “usos y costumbres” queda borrado si el Estado mexicano y las entidades federativas de todo el país empezaran por cumplir con la CEDAW, e incluso la Constitución habla ya en su artículo primero del derecho a la igualdad y a la no discriminación, de forma progresiva como un deber del Estado.
No es, ni tiene ninguna relación con el derecho consuetudinario ni puede utilizarse este argumento con el que históricamente en muchas localidades, sin importar su origen indígena o no, se ha permitido y tolerado el incesto y otras formas de violencia sexual contra las niñas de las zonas rurales y urbano-marginadas.
No es admisible ni puede permitirse que bajo el argumento de que son costumbres que forman parte de la comunidad, se tolere el abuso infantil, porque justamente es ahí donde inicia la violencia que cada día va cobrando más víctimas en un contexto social que coloca a las mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad, en el que todo mundo mira para otro lado, y no asume su parte en la responsabilidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
No podemos ni vamos a permitir que se sigan inventando argumentos y se emprendan campañas de fotografía que no redundan en acciones prácticas y concretas, no mientras el número de mujeres víctimas de feminicidio y violencia sexual e institucional sigue en aumento.
A fin de cuentas, tenemos que encarar la realidad y llamarla por su nombre: es violencia y son prácticas patriarcales.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
