¿Es oportuno legalizar el consumo de droga?
JUAN GÓMEZ
La propuesta de legalización de las drogas ilícitas como la marihuana y la cocaína principalmente desatan controversia entre la sociedad mexicana, en un país que si bien es cierto registra cambios sustanciales en las conductas de los ciudadanos, también pone sobre la mesa el tema no solo del consumo sino de la seguridad nacional.
El país se ha visto envuelto en los últimos años en una lucha por el control del mercado interno de consumo y producción de drogas, que ha dejado un baño de sangre en distintos estados de la República, protagonizado principalmente por los cárteles de la droga nacionales que por cierto, han derivado su acción de obtención de financiamiento mediante el secuestro y la extorsión, métodos delictivos que han ido a la alza en los últimos meses.
La legalización en el consumo de las drogas ilícitas ha sido apoyada por algunos intelectuales latinoamericanos, como una salida o solución para contrarrestar el control del mercado ilícito de la delincuencia organizada.
El pasado 23 de septiembre de 2013 en su sitio web la revista Proceso dio cuenta de que “En un desplegado firmado por 67 activistas, artistas e intelectuales, se asegura que México ha pagado un alto costo por aplicar “la política del prohibicionismo”, y que si bien ninguna medida en lo individual puede acabar con la violencia, la corrupción y la inseguridad, la despenalización de la marihuana es un avance”.
En este sentido “Martha Lamas, Javier Sicilia, Gael García Bernal, Juan Villoro, Héctor Aguilar Camín y otras figuras públicas se pronunciaron a favor de la despenalización del consumo de la mariguana mediante el aumento de las dosis de uso personal permitidas; ya que aseguran, es un buen paso hacia una política antidrogas alternativa”.
Los firmantes del desplegado en cuestión argumentaron que la criminalización de la mariguana aumenta su precio, dinero que –aseguran- se usa para comprar armas, pagar sicarios y corromper funcionarios públicos, y afirman que la despenalización reduciría ese ingreso al narcotráfico.
En este contexto el pasado 13 de febrero los diputados locales y federales del Partido de la Revolución Democrática entregaron a la Asamblea del Distrito Federal dos iniciativas para regular el consumo de la marihuana en la ciudad de México, lo que desató la controversia y discusión en distintos ámbitos, particularmente en el político.
Una de las iniciativas plantea tolerar la existencia de espacios para el abastecimiento seguro de esa sustancia; crear comisiones de disuasión y un sistema para la reducción de riesgos y daños. Establece además dar baja prioridad a la persecución de delitos contra la salud relacionados con lacannabis y fija mecanismos de actuación del Ministerio Público para estos casos”. (La Jornada, 14 de febrero, 2014).
“La otra iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, consta de cuatro componentes centrales, mediante los cuales se pide a la Federación que se modifiquen los montos permitidos de consumo de mariguana y otras drogas, como el opio, heroína y cocaína, entre otras; que no solo la posesión y la distribución, sino el cultivo, pasen a ser competencia de las entidades federativas; que exista mayor control sanitario y que la cannabis pueda ser prescrita con fines medicinales”. (La Jornada, 14 de febrero, 2014).
El tema de la despenalización en el consumo de la mariguana es impulsado por el gobierno del Distrito Federal en un momento en el que el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, atraviesa por un desgaste político importante a causa del incremento de la inseguridad en la capital del país y la falta de una respuesta oportuna a crímenes de la delincuencia organizada en bares de la ciudad de México.
Al interior del Partido de la Revolución Democrática en el DF han división de opiniones puesto que ambas iniciativas no han logrado hasta el momento la unanimidad, debido a que inicialmente al darse conocer la iniciativa, 13 legisladores del Sol Azteca consideraron que el tema no era prioridad para la ALDF y “Por la noche, otros 12 legisladores perredistas, todos de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) se manifestaron también contra las iniciativas, al estimar que significa “en los hechos una derogación del delito denarcomenudeo”. (La Jornada, 14 de febrero, 2014).
El tema sobre la despenalización en el consumo y la legalización de la mariguana y otras drogas en el país y en las entidades federativas, debería ser analizado desde el punto de vista científico, médico y en especial, sobre la acción de las políticas públicas de prevención y seguridad nacional del Estado mexicano.
Los mexicanos hemos visto el fracaso de las políticas públicas de los gobiernos en turno respecto a las restricciones del consumo de drogas ilícitas, y en contra parte, cada vez los niveles de adicción son mayores entre la población.
Pero el dato aún más preocupante es que el inicio en el consumo de los estupefacientes se genera cada vez a más temprana edad, y además, el crecimiento de la adicción entre la población femenina avanza progresivamente.
En Zacatecas el incremento en el consumo de enervantes, principalmente mariguana y cocaína va en aumento. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 de los Centros de Integración Juvenil, A.C., la entidad ocupó el Doceavo lugar en el consumo de drogas ilegales a nivel nacional (6.0%) en tanto que la Media Nacional es de 5.2%.
El seis por ciento representa que poco más de 56 mil personas en el estado han consumido en ese lapso alguna vez en la vida alguna droga, de los cuales 11.5% son hombres y 1.2% mujeres.
El estudio en mención refiere que las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en el estado de Zacatecas son: marihuana, cocaína, inhalables y crack.
Pero los datos más preocupantes son que en el estado el consumo de drogas ilícitas que están arriba de la Media Nacional son: cocaína, 54.3% (nacional: 37.1%); crack, 29.9% (nacional: 23.3%) y benzodiacepinas 21.3% (nacional: 14.2%).
En su tercer informe el gobernador Miguel Alonso Reyes dio a conocer que “a la fecha hemos invertido más de tres mil millones de peos en seguridad pública y procuración de justicia”, lo que sin duda es una cantidad sin precedente en la historia de los gobiernos zacatecanos.
Valdría la pena preguntar ¿Cuánto ha invertido el gobierno del estado en prevención de las adicciones?
Es momento no solo de abrir el debate en torno a la despenalización en el consumo de las drogas ilícitas, sino en pensar en las políticas públicas de prevención en el consumo que tantos estragos genera entre niños, adolescentes y adultos en el país y en Zacatecas.
Además, es difícil pensar que con un decreto o con la aprobación de una ley pueda disminuir el consumo, que a final de cuentas ese sería el objetivo; así como bajar la producción y la comercialización de las drogas, amparadas en la corrupción y la impunidad de las autoridades federales.
Al tiempo.
