¿Entendemos la inseguridad?
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
Probablemente tiene razón Alberto Begné al calificar como “error histórico” la política presidencial que durante el sexenio de Felipe Calderón intentó desactivar el poder bélico de los cárteles del narcotráfico en nuestro país.
Un conflicto armado sin estrategia ni capacidad de reacción, no era suficiente para contrarrestar el poder que habían adquirido los grupos de la delincuencia ahí donde las instituciones no alcanzaron a penetrar vía el establecimiento de un gobierno y de un estado de derecho. Para cuando el narcotráfico se convirtió en un asunto de estado las instituciones públicas habían relajado, lo suficiente, su control convencional sobre algunas regiones del país. Ejemplo de ello es la crisis por la que atraviesan las policías municipales en distintas entidades desde hace algunos años.
Sin embargo, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, durante su visita en Zacatecas no dejó en claro cuál era la otra vía para marginar el crecimiento de las células de la delincuencia. Esa otra vía que, por cierto, transitaba obligadamente por el combate ejemplar contra la corrupción en todos los niveles y estructuras del sistema político mexicano.
Ahora bien, esa lucha institucional contra la corrupción (paradigma reciente de la administración pública auspiciado por los niveles –sin precedentes- de desaprobación popular de la clase gobernante), era apenas un apéndice del desafío de las instituciones del estado mexicano para garantizar la permanencia del status quo ahí donde se asumían como gobierno.
La corrupción no era el único germen que motivara el deterioro social, sino uno de varios patógenos que habían desgastado ese mismo tejido público que ahora los gobiernos intentan “restablecer” haciendo lo que debieron hacer desde su origen: garantizar seguridad patrimonial, seguridad pública, salud, educación, espacios públicos dignos, infraestructura social básica, movilidad social, y una larga lista de quehaceres propios de la administración gubernamental.
Los casos de los normalistas y la guerrilla en Guerrero, así como la proliferación de huestes de autodefensas en Oaxaca y Michoacán son un arquetipo de cómo es que en ausencia del poder de las instituciones otras formas de organización (de autogestión, de disidencia ideológica, o de crimen organizado) suplantaron al gobierno constitucional en México.
Al mismo tiempo, el poder del estado no desarticuló el flujo financiero de los grupos de la delincuencia organizada, permitiendo que la lucha contra la delincuencia organizada se librara únicamente en el terreno armado.
¿Por qué no ofrecer entonces resultados en las acciones de inteligencia financiera del gobierno mexicano para desarticular el económicamente a los cárteles del narcotráfico? La reciente detención del ex gobernador Tomás Yarrignton por parte de autoridades norteamericanas ofrecen la respuesta más pertinente hasta el momento: las células criminales crearon cotos de poder territorial que negociaban con la clase política gobernante.
Ya una vez mimetizados los intereses, el dinero del narcotráfico mercantilizó el derecho a dominar las rutas de comercio de estupefacientes en los estados de la república, y a cambio la clase política recibiría “protección” e importantes inyecciones de recursos que, a la fecha, se presumen invertidos en un sinnúmero de campañas electorales. El control político entonces se utilizó para la subsistencia del control territorial de las células criminales; el dinero y la intimidación fueron los alicientes más efectivos de esta mancuerna.
Efectivamente, el Subsecretario de Prevención, Alberto Begné, da en el clavo de uno de los episodios paradójicos de los gobiernos del México contemporáneo: guerrear a muerte contra las gendarmerías criminales sin antes golpear en sus sistemas financieros, ni hacer valer los controles anticorrupción en el sistema político mexicano. Esos dos últimos son los grandes errores históricos por los que también será juzgada la administración del presidente Peña Nieto.
Efectivamente, el crecimiento en las incidencias de homicidios dolosos y episodios de enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico en Zacatecas está relacionado con el deterioro del tejido social, como lo manifiesta el Secretario de Seguridad Pública estatal, General Brigadier en retiro Froylán Carlos Cruz, más no es su principal premisa explicativa.
En esa hipótesis la prevención no puede ser la política pública de mayor trascendencia en un gobierno que no golpea los centros financieros de los grupos criminales, ni castiga ejemplarmente el abuso de poder y la corrupción en los distintos niveles de poder. La prevención es únicamente la construcción a futuro de una sociedad menos permeable a las oportunidades que las actividades delictivas representan hoy.
A escasos meses de inaugurar la temporada electoral la oposición pronto se apresta para señalar el incremento en los índices de criminalidad, robos, homicidios y extorsiones, sin presentar propuestas alternativas que realmente intervengan a fondo en la disminución de las tazas delictivas del fuero común y del fuero federal.
Carecemos de diagnósticos especializados que nos provean las herramientas de análisis sobre lo que implica el diseño y puesta en práctica de una “estrategia de seguridad”. Nadie invierte en conocimiento.
Twitter: @GabrielConV
