En pro de seguridad financiera hay que mejorar deuda pública: Romo
Dado que se requiere la implementación de medidas y ajustes en términos legales que permitan mantener la seguridad financiera y jurídica tanto del estado, los municipios de Zacatecas y el sector privado que participa de operaciones financieras, la diputada priísta Ana María Romo Fonseca, elevó a la consideración de sus pares en la 60 Legislatura, una iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar la Ley de Deuda Pública.
Esto, con el objetivo de modernizar la legislación estatal, tomando esquemas de financiamiento actuales que ayuden a sanear las finanzas del estado, como lo sería la mejora de la legislación en materia de Deuda Pública.
En el documento que presentó la legisladora, se expone que la economía zacatecana es marcadamente tradicional, donde las actividades primarias y turísticas continúan representando una parte importante del empleo y la producción, en comparación con la economía del país.
De igual manera –explicó–, se presentan fuertes rezagos en materia de productividad y competitividad en la mayoría de los sectores, producto de diversos factores: infraestructura deficiente, rezago tecnológico, reducido tamaño de las unidades económicas, entre otros.
Romo Fonseca dijo que es por ello que Zacatecas requiere replantear y reformular los esquemas jurídico-financieros que le permitan obtener mejoras económicas que se traduzcan en desarrollo en beneficio del estado y municipios. “Sin que ello implique, un desajuste en sus finanzas públicas y que, al mismo tiempo, permita obtener esquemas de financiamiento viables y seguros, tanto en términos económicos como legales”.
Para la diputada priísta, resulta conveniente actualizar la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas, a efecto de que eventualmente, las entidades públicas del estado, como las define dicho ordenamiento, puedan llevar a cabo la emisión de valores y el refinanciamiento y reestructura de su deuda pública.
Ana María Romo comentó además que es conveniente considerar que los municipios se coaliguen con el propósito de conseguir mejores condiciones financieras; así como la facultad que se le debe otorgar a la Secretaría de Finanzas, para asesorarlos.
Recalcó que es conveniente que las entidades públicas puedan celebrar operaciones financieras de cobertura, así como contratar a auditores externos, asesores y agencias calificadoras de valores, para coadyuvar en la formalización de los actos jurídicos constitutivos de deuda pública, además de poder llevar a cabo la emisión de valores y el refinanciamiento y reestructura de su deuda pública.
Por último, dijo la diputada en Tribuna, la afectación de la deuda se aplicaría también al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones federales o cualesquiera otros ingresos federales o locales de los que puedan disponer, de conformidad con la legislación aplicable, con el propósito de aprovechar las ventajas que la legislación federal permite. Asimismo, se podrían instrumentar fideicomisos que se puedan celebrar en forma específica para dicha afectación.
