En Caso ABC solo castigo a funcionarios de poca monta: Aragón
Ciudad de México.- Con la aprehensión de Noemí López Sánchez, ex jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, acusada de diversos delitos relacionados con la muerte, hace más de dos años, de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, se reitera que la justicia mexicana optó por castigar a funcionarios de poca monta en un caso en el que los “peces gordos”, gracias a sus relaciones políticas con el Poder, evitaron renunciar a sus cargos e incluso pisar la cárcel.
Es lamentable que a pesar de que en su momento se determinó que existieron violaciones graves a las garantías individuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya preferido exonerar a Juan Molinar Horcasitas, a Daniel Karam, a Eduardo Bours Castelo, al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou; a Carla Rochín Nieto, excoordinadora de guarderías; y a Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de prestaciones económicas y sociales, a quienes se liberó de responsabilidad judicial para no afectar la imagen de Felipe Calderón.
A pesar de que 49 menores murieron y otros 76 resultaron con heridas y quemaduras de diverso grado, sólo Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora; Yadira Barreras y Delia Botello Amante, ambas coordinadoras zonales de guarderías, y ahora Noemí López Sánchez, ex jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, han sido encarcelados, ello representa poco para lo que se considera una de las peores tragedias a nivel nacional.
Es insultante que los altos funcionarios y principales señalados sigan libres, ocupando incluso cargos de importancia en la política del país, como Molinar Horcasitas, quien fue premiado con la titularidad de la SCT y ahora se encuentra arropado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuando se le debió responsabilizar penalmente junto con los demás por un caso que sigue causando indignación y repudio generalizado, y cuyos afectados directos consideran que a pesar del pago de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios farmacéuticos y funerarios sigue sin impartirse justicia plena.
El encarcelamiento de López Sánchez es una prueba más de que, como sucede cuando se trata de los amigos y familiares del presidente de la República, la justicia mexicana prefirió cortar el hilo por lo más delgado antes que atacar el problema a fondo, que debería incluir modificaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, obligando a los funcionarios involucrados en casos similares a renunciar a sus cargos mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
