Empresarios dan la espalda a Tello
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
La relación entre el poder económico en Zacatecas y el Gobierno del Estado se encuentra en proceso de enfriamiento. Prevalece la irritación entre algunos empresarios locales frente al clima de inseguridad y los nuevos gravámenes de la Ley de Hacienda 2017.
Pese a que los canales de comunicación se han mantenido abiertos para este sector dentro del gabinete local, el gremio de industriales no concibe en su totalidad el proyecto de gobierno que encabeza Alejandro Tello. Así lo han dejado saber en más de una ocasión durante las últimas semanas en reuniones privadas y mensajes filtrados a la prensa y las redes sociales.
La primera advertencia llegó a finales de febrero, cuando en la prensa local y nacional se deslizó la intención de algunos potentados zacatecanos de hacer públicos los números que corrieron de sus billeteras hacia la campaña electoral del contador Tello, durante el 2016. Dígitos que fueron resguardados por Pablo Tello, hermano del mandatario, según hicieron del conocimiento público los mismos impulsores de la admonición.
Hace unos días, en redes sociales, la difusión de un video donde se aprecia al procurador estatal, Francisco Murillo Ruiseco, en un momento de impaciencia frente a los agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), tuvo como intención mostrar apenas la parte álgida del encuentro, cuando el funcionario intentaba explicar a los empresarios que en él no recaían las funciones de seguridad de la población, sino de investigación de los fenómenos delictivos.
El propósito de dicha divulgación era retratar de manera contradictoria la relación que la Procuraduría había establecido hasta el momento con los actores económicos regionales. Antes de aquella reunión algunos de ellos eran incluso atendidos de manera personalizada vía telefónica para escuchar y procesar sus inquietudes, ahí mismo reconocieron los propietarios.
Pasado el encuentro que tenía como objetivo trazar elementos comunes para diseñar estrategias de prevención, Víctor Legaspi Solís, presidente de la Cámara de los restauranteros, mantuvo silencio y distancia con respecto al ríspido episodio. Los agremiados colocaron al procurador en un peldaño de intolerancia, y el video filtrado corrió entre los internautas con esa ambigua premisa.
Ya los restauranteros habían logrado desprender de la Ley de Hacienda 2017 el gravamen adicional sobre bebidas alcohólicas, ahora ingresan al juego de descalificaciones a Gobierno del Estado como pago por intentar afectar sus bolsillos. Si quieren recursos, dicen, recupérenlos del desfalco propiciado por la pasada administración.
Había asentado en este espacio el 31 de enero pasado (¿Administrar o Gobernar?) que Tello urgía privilegiar el consenso con los distintos sectores de poder en el estado. En cada uno encontraría, como se apuntó “los negativos que su entrañable amigo –ese con quien se reúne una o dos veces al mes- Miguel Alonso, le heredó”.
Los empresarios han hecho oídos sordos a la invitación, de parte del contador, de presentar sendas denuncias que permitan el seguimiento a las sospechas de corrupción en el sexenio anterior. El arrojo que mostraron durante la campaña para calificar y señalar los negocios que circundaban la silueta de Juan Alonso, de pronto ha hecho mutis en aquél gremio. En primera línea dejaron nuevamente su interés primigenio: evitar a toda costa medidas impositivas.
La agenda no sólo concentra ahora la Controversia Constitucional por los gravámenes de remediación ambiental -que afecta en cantidades nada comparables a empresas locales y transnacionales, viéndose menos lastimadas las de corte regional- además los actores económicos han agregado un componente agraviante: el clima de inseguridad recrudecido en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas.
Para evitar mayor desgaste y distanciamiento entre la figura del gobernador y los grupos de poder inmersos en la coyuntura económica, el gabinete debe revalorar los encuentros en los que aparece y las posturas que establecerán frente a un empresariado cada vez menos condescendiente y más severo.
No es casualidad la nota de El Sol de Zacatecas del pasado 5 de marzo “No existe pleito con la IP por impuesto ecológico: SAMA”. El ambiente en que se han dado las diferencias entre funcionarios de la presente administración y el poder económico (estatal y nacional) ha estado plagado de dimes y diretes provocadores, algunos publicados, otros filtrados y unos más en espacios privados.
Las negociaciones con las mineras y cerveceras, que saltaron rápidamente al terreno de la confrontación, han propiciado que las percepciones negativas se carguen, por ahora, en la operación de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. No son impresiones particulares o notas sensacionalistas las que describen la situación real por la que atraviesa el gabinete del contador Tello.
Mientras no surja una nueva narrativa que marque un antes y un después de la disputa por la legitimidad para hacer gobierno mediante la recaudación, esos choques impulsarán poco a poco los primeros relevos en algunas carteras que dan muestras de debilitamiento.
Twitter: @GabrielConV
