El Salvador recibe a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la MS-13
San Salvador, El Salvador — En un operativo sin precedentes, El Salvador recibió este domingo a 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y a 23 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), enviados por el gobierno de Estados Unidos bajo una controvertida orden del expresidente Donald Trump, quien invocó una ley de tiempos de guerra para justificar su expulsión.
Los detenidos fueron trasladados en tres aviones que aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador, donde fueron recibidos por fuerzas militares y trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, a 75 kilómetros al sureste de San Salvador.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de los presos a través de la red social X, donde publicó un video que muestra el operativo. En las imágenes se observa a los detenidos, encadenados y rapados, siendo ingresados al Cecot, donde permanecerán por un período inicial de un año, renovable según las autoridades.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa histórica utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para declarar a los miembros de estas organizaciones como «enemigos extranjeros» y ordenar su expulsión. Sin embargo, un juez federal suspendió la orden el sábado, aunque aparentemente el proceso de traslado ya estaba en marcha.
Esta medida ha generado críticas tanto en Estados Unidos como en América Latina. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, calificó la decisión de Trump como una «criminalización infame e injusta» de los migrantes venezolanos, tildando la ley de «anacrónica».
El Cecot: un «negocio» para Bukele
El Cecot, inaugurado en enero de 2023, es considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40 mil reclusos. Hasta ahora, albergaba a unos 15 mil miembros de la MS-13 y su rival, Barrio 18. Para Bukele, este operativo representa una oportunidad de fortalecer su imagen como aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
«No llegan a pasear, estarán bajo un régimen severo», afirmó el criminólogo salvadoreño Misael Rivas, quien consideró que Bukele busca demostrar su capacidad de ayudar a un «socio importante». Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el manejo del Cecot, señalando que permite arrestos sin orden judicial y ha detenido a miles de inocentes.
Por su parte, Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, denunció que el traslado de estos presos representa un «enorme negocio» para Bukele, quien recibirá pagos de Estados Unidos por su confinamiento sin rendir cuentas claras sobre el uso de esos recursos.
El Tren de Aragua, surgido en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, ha expandido sus operaciones a varios países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú. Esta organización está vinculada a crímenes como asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas.
Por su parte, la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, es una de las pandillas más temidas en Centroamérica y Estados Unidos. Ambas organizaciones fueron incluidas en febrero en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos, junto con seis cárteles mexicanos.
Reacciones políticas
En su plataforma Truth Social, Trump agradeció a Bukele por recibir a los presos, a quienes calificó como «monstruos» enviados a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el envío de los detenidos, aunque las cifras difieren ligeramente de las anunciadas por Bukele.
Mientras tanto, el gobierno salvadoreño asegura que este operativo fortalece su sistema penitenciario y contribuye a la lucha regional contra el crimen organizado. Sin embargo, las críticas por el manejo opaco de los recursos y las violaciones a los derechos humanos persisten, dejando en el aire preguntas sobre el verdadero costo de esta medida para la democracia y la justicia en la región.
LNY/Redacción
