El respeto a las mujeres y su dignidad, no puede esperar
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El mes de marzo ha sido dedicado a las mujeres, debido a que el día 8 del mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer; establecido para reconocer su papel fundamental y su contribución a la sociedad. Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se planteó los objetivos de “habilitar a la mujer campesina-Acabar con el hambre y la pobreza”. Sin embargo, pese los esfuerzos realizados, esta conmemoración se presenta en un contexto muy adverso para las mujeres: de discriminación, falta de garantías para el ejercicio de sus derechos, con escazas oportunidades laborales y padeciendo violencia física, sicológica, económica, patrimonial y sexual dentro de la familia; en el contexto social, en las calles y en instituciones públicas.
A lo largo del tiempo se han creado diferentes instrumentos internacionales y regionales para vincular a los Estados con el propósito de que salvaguarden la amplitud de derechos de las mujeres, entre los que podemos mencionar: la Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En cuanto a nuestro país, en febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y se incorporó la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la cual compromete a los gobiernos del mundo a construir programas y acciones para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. En fechas recientes, el 9 de junio de 2011, el Ejecutivo mexicano firmó el Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, la cual representa un enorme avance para que los derechos humanos se constituyan en la piedra angular de las políticas del Estado y, en particular, para procurar de manera más efectiva los derechos de las mujeres. Porque hasta ahora, pese a los avances, de poco han servido estas proclamas y elevación de derechos en México; la realidad nos muestra que el nivel de violencia hacia las mujeres, lejos de disminuir se ha incrementado.
Prueba de ello, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado el aumento de este flagelo, a la vez de exhortar al Estado mexicano para que intensifique sus esfuerzos dirigidos a garantizar que se respeten los derechos de las mujeres. Vale la pena mencionar que en México, siete de cada 10 mujeres reportan alguna forma de violencia a lo largo de su vida; además de que durante los últimos 25 años, 34 mil mujeres han sido asesinadas con presunción de “feminicidio”, según revela un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ONU-Mujeres. Ante estas cifras, Ana Güezmes García, representante en México de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para las mujeres advirtió que: “definitivamente no estamos cumpliendo la tarea como individuos, como sociedad y como instituciones públicas”.
Los estados del país con mayor presencia indígena son los que encabezan la lista de los que registran los índices más altos de muertes maternas; en Oaxaca el 55.9% de las fallecidas por esta causa eran indígenas, mientras que en Guerrero la proporción rebasó el 47%, según apuntó el Observatorio de la Mortalidad Materna.
El caso de Inés Fernández, indígena tlapaneca que fue violada por militares hace 10 años en Guerrero, ejemplifica la doble discriminación que sufren las mujeres por su condición de género y por ser indígenas; ya que este sector vulnerable no cuenta con una adecuada protección, ni acceso a la justicia. Precisamente, el pasado martes el Estado mexicano se vio obligado a ofrecerle una disculpa pública a Inés, por el crimen perpetrado y la impunidad de que gozó.
En este sentido, pese a que el artículo cuarto constitucional establece la igualdad entre el hombre y la mujer, ésta no se cumple y “el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo un tema pendiente de política pública, pues, entre otros factores, hay resistencia de los juzgadores a resolver los asuntos con perspectiva de género”, tal como lo reconoció la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero.
Indudablemente, con mucho sacrificio, la mujer ha venido abriéndose espacios de acción en la sociedad en diversos ámbitos: académico, profesional, social y en la vida pública; sin embargo, al recrudecerse la crisis económica y cerrase los espacios laborales en los últimos años, las condiciones adecuadas para que puedan participar equitativamente y desarrollar sus capacidades a plenitud, ha disminuido.
Como ejemplo, podemos observar que al concluir el quinto año del Presidente Calderón, en su mayoría, los saldos son negativos para los derechos de las mujeres en áreas prioritarias como la salud, el trabajo y las garantías humanitarias: en el primer trimestre de 2007 había 7.35% de mujeres de 14 a 19 años de edad desempleadas, pero para el segundo semestre de 2011 la cifra subió a 10.23%. Entre las mexicanas con escolaridad media superior y superior, la falta de empleo es semejante; en el año 2007 la tasa de desempleo para quienes se ubican en este rango fue de 7.7%, pero para el 2011 se disparó a 10.49%. Además, el número de mujeres con empleos informales sigue en aumento; en los últimos cuatro años, la cifra pasó de 1.9 millones a 7.6 millones de trabajadoras en esa situación, así lo advierte la economista especializada en género Carmen Ponce. Por lo que respecta a los jóvenes, de los 7.8 millones que no estudian ni trabajan en México -los llamados “ninis”-, 5 millones 850 mil son mujeres, es decir, el 75%, tal como lo reconoció el secretario de Educación en funciones, Rodolfo Tuirán, hace un par de días.
En nuestro estado, casi la mitad de las mujeres zacatecanas reportan haber sufrido algún episodio de violencia perpetrada por su pareja conyugal residente en el hogar, siendo la violencia emocional y la económica los tipos de violencia más recurrentes, tal como lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México (PNUD), en su análisis Desarrollo humano y violencia contra las mujeres en Zacatecas (2007). Dicho documento concluye que la pobreza y el grado de educación representan factores asociados a distintos niveles de violencia: el porcentaje de mujeres no pobres que ha sufrido algún tipo de violencia es ligeramente mayor al de las mujeres en situación de pobreza; mientras que un mayor nivel de escolaridad en las mujeres no es garantía de menor violencia en su contra. Así mismo, el análisis también muestra que la violencia contra las mujeres tiene un claro impacto negativo en los principales indicadores de desarrollo humano de Zacatecas.
Por otro lado, también es urgente transformar las valoraciones culturales que fomentan un entorno excluyente y retardan el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. En particular, las madres jefas de familia requieren apoyo especial porque ellas representan la fuerza social y edificadora de nuestro país, con quienes tenemos una gran deuda. Sobre todo porque de un total de 360 mil 300 madres zacatecanas censadas en el 2010, el 62.5% de ellas no tenían un empleo remunerado y sólo el 37.5% sí contaba con uno. Estas cifras ubican a Zacatecas muy por debajo del porcentaje nacional en este indicador, ya que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 43.2% de las madres en el país contaban con un empleo pagado en 2010. Es importante destacar que estas estadísticas no implican que un alto porcentaje de las madres no tengan ocupación, sino que ésta no es formalmente pagada, debido a que la mayor parte de ellas se dedican al trabajo doméstico; actividad que, pese a figurar dentro de los indicadores del INEGI, a la fecha sigue invisible como categoría laboral.
Finalmente, no cabe más redoblar esfuerzos para revertir la notablemente adversidad en que viven las mujeres en nuestro país y en Zacatecas; dirigir las acciones públicas para acabar con la división del trabajo según la condición de género; fomentar un trato digno hacia las mujeres en todos los ámbitos y queden libres de violencia. Un servidor ha presentado diversas Iniciativas orientadas en ese sentido, para que el Estado diseñe planes, programas, políticas públicas y apoyos en beneficio de las madres de escasos recursos. Nuestra sociedad no podrá ser verdaderamente democrática y justa, mientras no exista equidad y prevalezcan las funestas condiciones de vida de la mayoría de las mujeres; por lo cual, necesitamos acompañar decididamente su lucha por integrarse plena y equitativamente en todos los ámbitos de la sociedad y, entonces sí, preciarnos de ser un país civilizado.
