El problema no es la CNTE

EFRAÍN ESPARZA MONTALVO

En un país como el nuestro en el que cinco millones de ciudadanos son analfabetas (mujeres e indígenas, mayoritariamente); 10.5 millones no terminaron su educación primaria; y 16.5 millones dejaron inconclusa su educación secundaria, según se desprende del último censo de población y vivienda levantado por el INEGI, el problema no es un sindicato de maestros sino el modelo mismo de educación implementado por el gobierno toda vez que pese a ser un modelo básico, ha pateado o impedido su acceso a 31.5 millones de mexicanos con lo que eso significa.
Lo sucedido en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y en menor medida en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Baja California, y Zacatecas, así como en la Ciudad de México, en donde miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), apoyados por otros organismos no gubernamentales, y de la sociedad civil, han realizado sendas manifestaciones para exigir la derogación de la mal llamada Reforma Educativa, no es sino el despertar de un sector altamente combativo que busca mantener la gratuidad de la educación pese a los embates del Gobierno federal que, dicho sea de paso, en una sola jornada dejaron al menos nueve muertos y más de cien heridos.

Los enfrentamientos entre maestros disidentes y las fuerzas del Estado sugieren la descomposición de un sistema educativo obsoleto y por demás arcaico que basa su aprendizaje en sumas y restas y en leer y escribir, y no en razonamientos y juicios respecto de lo que acontece en nuestro país. La manera en que el Gobierno ha “impulsado” la educación en México ha permitido que una cuarta parte de su población total se encuentre en la franja del rezago o del analfabetismo, ya sea por razones de pobreza o de inseguridad, o por el desinterés manifiesto de los ciudadanos de aprenderse las letras y los números cuando lo prioridad es comer y buscarse la supervivencia.

El hecho de que el analfabetismo tenga rostro de mujer e indígena significa que la pobreza sigue pegando fuerte en las zonas serranas del sur–sureste de nuestro país, y que las políticas públicas en materia educativa han resultado ineficaces para aquellas en las que, en pleno siglo XXI, existen escuelas que carecen de lo más elemental para su debido funcionamiento y que sin embargo subsisten gracias a los denodados esfuerzos de los maestros afiliados a la CNTE.

Por eso me parece injusto y aberrante que se les criminalice y señale como los responsables del desastre educativo en nuestro país, cuando que el problema es el modelo mismo.

La lucha que valerosamente han emprendido los maestros de México no debe ser vista como un elemento de subversión sino todo lo contrario, como el principio de la defensa de la educación gratuita y de calidad que todos deseamos, y que tiene su reflejo en los 31.5 millones de ciudadanos analfabetas o con rezago educativo, que existen.

Por lo anterior, no puedo menos que manifestar mi solidaridad con los maestros de México y decirles que su lucha, es mi lucha ¡hasta la victoria siempre!

De salida 1.- Finalmente los diputados a la LXI Legislatura del Estado se decantaron por María de Luz Domínguez Campos, para presidir la CEDH; la menos peor de los aspirantes. El “bueno”, al menos así trascendió en los corrillos políticos, era José Manuel “Kent” Contreras Santoyo, apadrinado por el gobernador Miguel Alonso y por el mismísimo magistrado Arturo Nahle García; no obstante los diputados tuvieron un poquito de vergüenza y en aras de corregir la pifia cometida cuando la selección de la quinteta, optaron por la doctora en leyes.

De salida 2.- Que ya comenzó la rebatinga en el congreso local por aquello de que los diputados quieren su bono de retiro de no menos de un millón de pesos para cada uno. A ver hasta dónde llega su avaricia.

De salida 3.- Y que algunos empleados de la misma Legislatura, que llegaron con los actuales diputados, ya cabildean para ser basificados aunque no tengan derecho a tal beneficio. La Ley del Servicio Público establece que deberán ser seis años por lo menos en los que el aspirante se haya desempeñado como servidor público, y es claro que ninguno que llegó con los diputados que se van, los cumple.

Hasta la próxima.

El autor es analista

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