El problema de la desigualdad y la pobreza agravados por el manejo sesgado del gasto social
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
Durante la celebración del cuarenta aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, señalamos reiteradamente el influjo negativo que sobre la pobreza y la desigualdad sociales ejercen una política fiscal regresiva y un gasto social enfocado hacia los estratos más ricos de la población. Señalamos también que cada día se hace más evidente y urgente la necesidad de cambiar el modelo económico vigente por otro que instrumente, entre otras medidas, una producción que preste más atención al mercado nacional, un esquema recaudatorio esencialmente progresivo y una enérgica reorientación del gasto social hacia los grupos económicamente más vulnerables.
Pues bien, con gran preocupación hemos leído el anuncio de la Secretaría De Hacienda (SHCP) de que se avecina un “ajuste adicional” al gasto público, que esta vez será de 175 mil 100 millones de pesos, medida indispensable ante la severa caída de los precios del petróleo. Este recorte será el cuarto en un lapso de apenas un año y medio y, sumado a los tres anteriores, hace un escalofriante total de 528 mil 400 millones de pesos menos para el presupuesto de la federación. Según la misma Secretaría de Hacienda, la pérdida afectará al 50% (18 de 36) de los programas a cargo de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa); y no hay que ser adivino para entender que se habla de cuantiosos recortes a programas destinados a aliviar la situación de los menos favorecidos, es decir, que una vez más serán los pobres quienes paguen los platos rotos que ellos no rompieron.
Puede ser que alguien piense que, puesto que todo obedece a la caída de los precios del petróleo, sobre los cuales el país no ejerce ningún control, la situación no es responsabilidad de nadie, y que tampoco pudimos ni podemos hacer nada para evitarla, como nada puede hacerse frente a un terremoto. Pero no es así. En primer lugar, es cosa sabida desde hace mucho que una economía excesivamente dependiente de la exportación de materias primas es una economía vulnerable, que estará siempre expuesta a los vaivenes cíclicos del mercado de dichas materias, la cual, a su vez, depende enteramente de los vaivenes del crecimiento económico mundial. Su recaudación fiscal estará sujeta, por tanto, a esos mismos vaivenes: subirá en las fases de auge y descenderá irremediablemente en las fases de contracción o recesión. El remedio, difícil pero seguro, es un modelo económico que corra el acento, de la exportación de materias primas a la fabricación de productos de alto valor agregado, tanto para el mercado interno como para el mercado exterior. Es decir, es el mismo remedio del que inútilmente habló el Movimiento Antorchista en su cuarenta aniversario.
Pero en México nos aferramos a seguir dependiendo de las exportaciones petroleras. El último informe de la CEPAL titulado “Panorama Social de América Latina” y publicado en marzo de este año, dice: “El escenario económico actual de caída de precios de materias primas constituye una alerta a este respecto, pues los ingresos fiscales de varios países de América Latina dependen en buena medida de productos no renovables. Muestra de ello es que, entre los años 2005 y 2008, en promedio, el grado de dependencia fiscal del sector de recursos no renovables de Bolivia (hidrocarburos), Chile y Perú (minería), Colombia, Ecuador, México y Venezuela (petróleo) fue del orden del 30% de los ingresos fiscales totales, correspondientes a más del 7% del PIB”. Y podemos preguntarnos a la vista de esto: ¿cuánto ha cambiado la situación desde entonces, es decir, desde 2008? La respuesta nos la da, sin lugar a dudas, el anuncio de nuevos recortes que acaba de hacer la SHCP. Y sigue la CEPAL: “Esto último es preocupante en el contexto actual de desaceleración económica y sugiere la necesidad de apelar a medidas de política fiscal que permiten asegurar los niveles de gasto social necesarios para financiar en forma sostenible políticas sociales que garanticen los derechos, y fortalecer su institucionalidad”.
Es decir, el informe no solo muestra que vivimos en una economía que depende de las exportaciones de petróleo; también aclara que si hoy nos vemos precisados a recortar el gasto social en programas destinados a mejorar los niveles de bienestar de los menos favorecidos, ello se debe, además, a una política fiscal regresiva que no ingresa los recursos suficientes para financiar tales programas. La CEPAL no vacila en calificar como derechos de la población vulnerable las necesidades que atienden las políticas sociales, y afirma en consecuencia que esas políticas no deben estar sujetas a los vaivenes de los ingresos fiscales, sino que deben institucionalizarse, es decir, que se debe garantizar su permanencia cualesquiera que sean los avatares de la economía. En otro lugar se dice que “… en términos generales, el gasto social deberá ser neutro respecto al ciclo económico (acíclico): los servicios de calidad para garantizar derechos sociales como la educación, la salud y la protección social no deben depender del ciclo económico”. Y se añade: “Complementariamente, en situaciones de crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de erradicación de la pobreza y protección del empleo”. Según nosotros, esto significa que la crisis económica y la consiguiente baja de los ingresos fiscales no solo no deben ser nunca justificación para reducir el gasto social, sino que incluso deben provocar su incremento en sociedades donde la pobreza y la desigualdad son graves y agudas, justamente como en el caso de México.
El informe no olvida la estabilidad macroeconómica. El gasto social sostenido no debe poner en riesgo dicha estabilidad. ¿Cómo lograr esto en época de crisis y en una economía exageradamente dependiente de la venta de materias primas? La respuesta es reformar la política fiscal. “La composición de los ingresos fiscales en América Latina -explica- se caracteriza por el peso cada vez mayor de los impuestos generales sobre el consumo de bienes y servicios, y, en menor medida, por el incremento del peso de los impuestos sobre ingresos y utilidades”. Es decir, como sostiene el Movimiento Antorchista, se trata de una política fiscal regresiva que grava el consumo sin hacer distinción alguna entre los consumidores y, en cambio, toca muy poco las grandes utilidades. Más adelante se dice: “Los ingresos tributarios han aumentado en las últimas décadas, pero este incremento ha sido paulatino y ha dependido en gran medida de los impuestos al consumo, por un lado, y de los ingresos generados por la tributación de las sociedades, por otro, especialmente de las empresas del sector de recursos naturales”. Esto es un financiamiento regresivo de las políticas sociales que depende de los productos básicos. Palabras adelante se concluye: “…uno de los grandes desafíos de la región, es fortalecer el impacto redistributivo del sistema tributario (reformando el impuesto a la renta, combatiendo la elusión y la evasión fiscal y reduciendo los tratamientos preferenciales).” O sea, hay que hacer de la política fiscal una herramienta eficaz de la redistribución del ingreso, como hemos sostenido nosotros.
De esto (y mucho más que dice el informe de la CEPAL) se deduce que los aprietos de la SHCP para financiar los programas sociales no derivan de una catástrofe natural, como un terremoto por ejemplo, sino de un modelo económico que nos encadena a la exportación de petróleo y de una política fiscal regresiva. Ambos obligan al presupuesto federal a seguir los vaivenes del ciclo económico. Se trata, pues, de un problema conocido cuyo remedio también se conoce: cambiar el modelo económico; hacernos menos dependientes de las materias primas y cambiar la política fiscal actual por una progresiva, que grave las grandes utilidades y no solo el consumo. Se dirá, y es cierto, que hacer esto no es fácil porque hay poderosos intereses que se oponen; pero nosotros pensamos que eso lo único que demuestra es la necesidad de que el Gobierno se apoye en el pueblo organizado en vez de mirarlo como a un enemigo más temible que quienes se oponen al progreso sostenido y sustentable del país, con todos los peligros que semejante oposición incuba y acabará desatando tarde o temprano.
