El patrimonio documental, un legado a futuras generaciones
ISADORA SANTIVAÑEZ RÍOS
A lo largo de la historia, los archivos han sido, y aún lo son, un componente indispensable de la democracia, porque ellos dan continuidad, institucionalidad y certeza jurídica a las acciones de gobierno.
Lo sabemos bien, si no hay memoria histórica no puede haber Estado ni Nación.
Ahora que la sociedad exige total y absoluta transparencia en los actos de gobierno, la importancia de los archivos se eleva exponencialmente, ya que el perfecto resguardo de estos documentos contribuye a la rendición de cuentas y al ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información.
Ello nos hace ponderar el contar con instituciones sólidas que se encuentren en la posibilidad de conservar, rescatar y preservar la memoria social. En Zacatecas toca a los diputados locales comprometerse a resguardar el patrimonio documental, ya que se trata del legado para las generaciones actuales y futuras.
Y corresponde a los integrantes de la LXII Legislatura esta responsabilidad porque somos los representantes populares que la conformamos, los que no debemos seguir aplazando la aprobación de la nueva Ley de Archivos del Estado de Zacatecas, y abrogar de una vez por todas la legislación que data del 7 de noviembre de 1987, para cumplir cabalmente con la función de regular, coordinar, homogenizar y dinamizar los servicios archivísticos del Estado.
El pasado 16 de mayo, hace ya casi siete meses, ante el pleno presenté la iniciativa para expedir esta Ley, con la finalidad de contar con un sistema que establezca las bases de organización, funcionamiento y coordinación de los documentos de las entidades públicas.
Pero la motivación de crear una Ley que coadyuve eficazmente con el Artículo 6 Constitucional, que consagra como derecho humano el acceso a la información pública, y recoge además la demanda de la sociedad para agilizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, parece no haber encontrado eco al interior de la LXII Legislatura.
De haber priorizado la aprobación de la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas, hoy que al seno del Poder Legislativo se discute el Paquete Económico 2018, que incluye el Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, se contaría ya con una partida para hacer frente a los compromisos que impone el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), entre ellos, lo relativo a proteger los documentos que hablan de todos nosotros.
La nueva Ley busca que los archivos del Estado coadyuven a la transparencia de las acciones de gobierno, al fortalecimiento de un sistema de rendición de cuentas y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De eso, no me queda la menor duda.
A esta preocupación se unió el diputado Luis Medina Lizalde, que meses después también presentó una iniciativa en el mismo sentido, pero hasta hoy, ninguna de las dos por separado, o una armonización entre ambas, ha sido motivo de un dictamen para ser avalado por el pleno de la LXII Legislatura.
Por ello no podemos olvidar que el 5 de mayo de 2015, en San Lázaro, se aprobó la Ley General de Transparencia a la Información Pública, que dio lugar a tres procesos legislativos a nivel nacional: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales, pilares del SNT.
En la entidad, ha habido un avance en la armonización con el SNT, pero el esfuerzo está incompleto mientras el uso y manejo de los archivos no se encuentre modernizado, este pilar del Sistema Nacional Anticorrupción no tiene la fuerza necesaria para abatir la corrupción y, con ello, la impunidad.
* La autora es diputada local
