¿El “nuevo” PRI podrá detener la violencia?
JOSÉ NARRO CÉSPEDES *
Una política efectiva de prevención social de la violencia y de la delincuencia requiere de una auténtica revolución de la distribución del ingreso y de una guerra que no dé cuartel a la corrupción. La política contra el crimen enunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto no es original pero sí válida.
Ya antes Andrés Manuel López Obrador había insistido que la estrategia moral y políticamente adecuada para combatir la ola de violencia que ahoga a México no es el choque frontal con las organizaciones criminales sino medidas que seque la raíz social que las nutre.
Según el secretario de Gobernación la cifra de víctimas de la violencia criminal en los últimos seis años podría ser de setenta mil. De la misma manera, se estima que fueron 83 mil 191.
En México se cometen 23.4 asesinatos por cada cien mil habitantes, lo que lo coloca en el país más violento entre 33 países estudiados por la OCDE. Mientras en Estados Unidos es de 5.7 y apenas 0.3 para Japón. (http://www.quandl.com/society/oecd-murder-rates).
Mientras en Zacatecas, en lo que va de 2013 ha habido más de 60 muertes violentas, mientras que el año pasado cerró con 328 ejecuciones, y el 2011, con 149.
La violencia en nuestro estado se ha incrementado en niveles de alarma, mientras los representantes de oídos sordos no se atreven a asomarse siquiera a la ventana de sus oficinas, para ver que, desde hace ya tiempo, gobiernan de espaldas a una ciudadanía cada vez más desesperada, aún con la presencia de cuerpos policiacos federales, soldados y marinos,
Aún con las fotografías de altos funcionarios (federales, estatales y municipales) anunciando grandes inversiones y acciones para detener una ola de inseguridad que no tiene nada que ver con el optimismo mostrado en los medios de comunicación.
De acuerdo con lo dicho por EPN en Aguascalientes el 12 de febrero, una Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia (CIPSVD), conformada por nueve secretarias de Estado y encabezada por Gobernación, va a elaborar y poner en marcha una política supuestamente más social que policiaca y militar y cuyo objetivo será “combatir -no sólo- los efectos de la violencia, sino, también, sus causas estructurales.”
Es urgente emprender acciones para garantizar paz y tranquilidad en el país en general y particularmente a los zacatecanos, así como generación de empleos y programas sociales para revertir la inseguridad.
Para empezar a dar contenido a la CIPSVD, se hizo referencia a escuelas de tiempo completo, impulso a la enseñanza de valores cívicos y éticos, alicientes de empleo temporal y seguridad en las carreteras, entre otras políticas.
¿De qué puede servir, por ejemplo, exaltar los valores cívicos y éticos en las aulas si en la realidad cotidiana los valores dominantes son la corrupción y la impunidad de las clases dirigentes y si el mercado es indiferente ante la desigualdad?
La recién lanzada “cruzada contra el hambre”, parte del supuesto ataque a la raíz social de la violencia, muestra ya cómo las buenas ideas generales se pueden deformar en la práctica.
De acuerdo con el diario “Reforma” (10 de febrero), hay datos que hacen sospechar que desde el momento de su lanzamiento, esta política dejó de lado algunas de las zonas más pobres del país en beneficio de otras menos pobres pero más redituables electoralmente.
Según la propia Secretaría de Gobernación, en México los perpetradores de la violencia “son jóvenes sin oportunidades” que son, a la vez, “víctimas y victimarios” y cuya conducta tiene que ver más con la desigualdad social y la falta de oportunidades que con la pobreza misma.
En México la desigualdad es enorme.
La encuesta de ingreso-gasto de los hogares del INEGI de 2010 señala que el 60% de los hogares más pobres tuvieron que habérselas con sólo el 28.3% del ingreso disponible mientras que el 10% más afortunado contó con el 33.8%
Dicho en otras palabras el 20% más pobre recibió el 5% del ingreso en tanto que el 20% más rico, el 50.1%.
La desigualdad es uno de nuestros males pero la pobreza también, El INEGI acepta que en 2010, el 46.2% de los mexicanos era pobres multidimensionales.
En las condiciones actuales, quien nació en las capas más bajas de la sociedad mexicana, si gana uno o incluso dos salarios mínimos, por duro que trabaje no va a superar su condición social.
El esfuerzo nacional que se requiere para destruir el atractivo que hoy tiene para muchos jóvenes el camino seguido por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” -un capo que nació pobre y hoy es, según la revista “Forbes”, el número 55 entre “las personas más poderosas del mundo”, (http://www.forbes.com/sites/davidewalt/2012/11/19/the-powerful-people-with-the-most-staying-power/)- tiene que ir mucho más allá de la cruzada contra el hambre, las clases de ética, el empleo temporal o los programas contra las adicciones.
Se requiere de mejores sueldos, de crecimiento económico, de una revolución fiscal que permita una distribución del ingreso menos inequitativa y de una auténtica cruzada contra la corrupción para cambiar esas estructuras que hacen de la mexicana una sociedad tan desigual como pobre.
Para atacar a fondo al crimen organizado se requiere de la transformación radical de nuestra estructura social misma para hacerla menos desigual y más legítima, digna del respeto de los jóvenes, pero ¿es el PRI quién puede encabezar tamaña tarea?
Si la política del gobierno para debilitar las bases sociales del crimen organizado no es radical y, además, convierte buenas ideas en malas prácticas (hacer de la cruzada contra el hambre una cruzada por el voto para el PRI, por ejemplo), entonces las fuerzas armadas y la Policía seguirán llevando el peso de la lucha contra el crimen organizado, la cifra de muertes aumentará y la CIPSVD sólo servirá de sostén de un discurso peñanietista diferente del calderonista pero con resultados similares.
* Dirigente de Udena
