El nuevo Código Penal
JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ *
Frecuentemente utilizo el espacio que generosamente me concede el periódico Imagen para hablar de la agenda legislativa que se discute en el Congreso del Estado. Lo hago, sobre todo, pensando en que nuestra obligación fundamental es rendir cuentas sobre los temas que son tratados y dejar clara nuestra postura.
Sé que el proceso de construcción de ciudadanía en nuestro país y en Zacatecas aun está en proceso de maduración, pero también me sorprende gratamente ser testigo de que emerge una nueva ciudadanía interesada en los asuntos públicos.
Por ellos y los ciudadanos de tiempo completo que vendrán, vale la pena dar testimonio del proceso de construcción de leyes y normas que vivimos, aunque muchos sigan pensando que la labor de un diputado es “gestionar” (así se le llama a desviar programas sociales con base a intereses personales o de grupo) o, peor aún, que es una especie de “tanda” que debemos aprovechar “si nos toca”.
El día de hoy, la LX Legislatura estará aprobando una de las reformas más trascendentes de los últimos años: una modificación de fondo al Código Penal.
El derecho penal es una rama fundamental de la ciencia jurídica, dada la coyuntura que se vive en México. A mi juicio, de la múltiple cantidad de razones que explican el incremento de la violencia en nuestro país, la más importante es la impunidad. Y esa impunidad, a su vez, se debe en buena medida a lo anacrónico del derecho penal en los estados.
Zacatecas es un caso ejemplar, pues en un cuarto de siglo prácticamente no hemos modificado nuestro Código, sin tomar en cuenta que la tecnología y los métodos empleados por delincuentes han cambiado, y también despreciando la evolución de nuestra escala de valores, como las que tienen que ver con los derechos reconocidos a las mujeres y la visión de equidad de género.
Hoy aprobaremos la tipificación del feminicidio en Zacatecas. Actualmente, y de manera aberrante, un homicidio pasional tiene atenuantes para no ser considerado como grave. Con la nueva legislación, las penas para el feminicidio (que se ha triplicado entre adolescentes zacatecanas en los últimos 5 años) irán de 20 a 30 años de prisión.
En esta agenda de género también se retomará una iniciativa que se ha planteado con anterioridad y que fue presentada por un servidor en esta Legislatura: la despenalización del adulterio. El adulterio pueda ser una conducta que contravenga la ética de una o varias personas, pero tipificarlo como delito es una forma de violencia sexual inaceptable en una sociedad moderna.
Asimismo, en el nuevo Código Penal se retomará nuestra propuesta para derogar el delito de difamación, que a nuestro juicio es una limitante no válida a la libertad de expresión, pero en contraparte se tipificará el delito de discriminación.
Un tema fundamental es la tipificación del delito conocido como “facilitación delictiva” que ataca a uno de los eslabones fundamentales del crimen organizado: el de los famosos “halcones”. Asimismo, se crea un catálogo de Delitos Contra la Seguridad en los Medios Informáticos y Magnéticos, que era una asignatura absolutamente ausente de nuestro marco normativo, a pesar del creciente número de fraudes y robos cibernéticos.
De la misma manera, se legisla en materia de Secuestro, Robo, Terrorismo, Extorsión y Lavado De Dinero de acuerdo a parámetros federales, evitando problemas de competencia y/o lagunas que pudieran beneficiar a los delincuentes a la hora de ser sentenciados.
Finalmente, y no menos importante, se retoma todo un catálogo de delitos ambientales para alinear la conducta de la sociedad zacatecana hacia un enfoque de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
Para que esta reforma fuera una realidad, el gobernador Miguel Alonso, y específicamente el procurador Arturo Nahle y su equipo de trabajo, han invertido horas de estudio, análisis y deliberación, sin olvidar que recoge decenas de iniciativas presentadas por legisladores en esta y pasadas Legislaturas.
Ahora no habrá pretextos para enfrentar la impunidad (al menos en lo que al Código Penal se refiere) desde los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. Haber cumplido con la tarea nos enfrenta a una paradoja: el compromiso de hacer justicia y brindar mejores resultados ha aumentado.
Y esa debe ser la razón de ser de quienes hemos escogido el servicio público como nuestra profesión. Cuando la actividad política y la labor parlamentaria rinden frutos, se dignifica la vida pública.
*Diputado local
