El lavado de dinero y economía del crimen en Zacatecas
MANUEL IBARRA SANTOS
Entró en vigor en México la Ley federal anti/lavado, como una iniciativa del Estado para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el blanqueo de dinero ilícito, como una vertiente de la economía del crimen organizado, que anualmente por esta vía, según fuentes oficiales, mueve en promedio recursos financieros superiores a los 150 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto/ Nacional. Ninguna entidad federativa escapa, por cierto, a prácticas ilegales de dicha naturaleza.
En Zacatecas, los montos no son menores y se estima que el lavado de dinero es del orden del 1.5% en relación a los montos nacionales, que representa cifras superiores a los mil 500 millones por año, en acciones cambiarías, bienes inmobiliarios, constitución de empresas fachadas y una serie de negocios vulnerables y de riesgo, contemplados en el ámbito de la nueva ley. Por su carácter migrante y binacional, no es descartado que la entidad forme parte de las rutas del blanqueo internacional.
Si la memoria no falla, en el 2012 (recordemos), en el contexto de las elecciones presidenciales, el Estado de Zacatecas se convirtió en escenario de la acción judicial de diversas corporaciones federales de seguridad, para desmantelar diversas empresas presuntamente vinculadas al lavado de dinero.
Todos los teóricos y especialistas en la materia coinciden en señalar que el “lavado de dinero” tiene como finalidad y objetivo primordial procesar ganancias obtenidas de actividades ilícitas, de modo tal que se transformen en lícitas.
Las principales fuentes del crimen organizado utilizadas para el blanqueo de recursos son el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la prostitución y la trata de personas, el trabajo forzado (la explotación laboral), el fraude político y la piratería, entre otras.
El lavado de dinero tiene y genera efectos negativos abrumadores en la economía de una sociedad, mina el sector privado formal y auspicia la creación de firmas fantasmas que compiten deslealmente en los circuitos financieros y comerciales, al abaratar la oferta de productos, bienes y servicios.
Con la nueva ley federal anti/lavado, que entró en vigor el pasado 17 de julio, el Estado mexicano busca en el fondo dinamitar las bases económicas del crimen organizado, vigorizar las políticas de seguridad ciudadana, proteger al sistema financiero nacional e investigar y castigar los delitos cometidos en este ámbito.
La estructura de la ley anti/lavado:
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuenta con una estructura jurídica de ocho capítulos, 65 artículos y 7 transitorios, y tiene entre otros los siguientes dos objetivos: 1).-restringir el uso de efectivo en ciertas operaciones riesgosas; y 2).-incluir al régimen de prevención a nuevos sujetos obligados distintos del sector financiero, a quienes se denomina actividades vulnerables.
La nueva Ley Anti/lavado contempla como actividades vulnerables a las siguientes: Prácticas de juegos con apuestas, concursos y sorteos; emisión y comercialización de tarjetas de servicios; actividades de construcción o desarrollo de bienes inmobiliarios; otorgamiento de préstamos o créditos; comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes; subastas o comercialización de obras de arte; recepción de donativos de organizaciones sin fines de lucro; y agentes aduanales, entre algunos otros.
Las restricciones al uso de efectivo son para operaciones que están indexadas al salario mínimo del Distrito Federal: en adquisiciones de bienes inmuebles más de 8 mil salarios, que equivalen aproximadamente a 500 mil pesos; en vehículos, aviones, botes, joyas y obras de arte, hasta 3 mil 100 salarios, que se traducen en 200 mil pesos.
En México y en Zacatecas, el lavado de dinero registró una expansión brutal a finales de los años setentas e inicios de los ochenta, a partir del desarrollo e incremento lucrativo de los mercados masivos de drogas. En Estados Unidos de Norteamérica se remonta a finales de la década de los veinte del siglo pasado.
El lavado de dinero a nivel internacional:
En el continente Americano los países que registran mayor actividad vinculada al lavado de dinero, en relación a su PIB/Nacional, según la oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas, son Brasil con el 5%, Perú 4.4%, Chile 4%, Ecuador 4%, México 3.5%, Colombia 2.3%, Guatemala 2%, Estados Unidos 1.5% y Nicaragua 0.13%
En nuestro país, el blanqueo de recursos ha adquirido dimensiones alarmantes, que ponen en riesgo la estabilidad de la economía, la seguridad ciudadana. Por eso la importancia de combatir esta práctica ilegal.
La unidad especializada en análisis financiero:
La Ley Federal Anti/lavado prevé la creación de una Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, la que tiene la facultad de detectar dicho delito y castigar a quienes lo comentan, de recibir informes, emitir dictámenes y peritajes en la materia.
Hoy el combate frontal al lavado de dinero en todas sus vertientes es una prioridad, como mecanismo legal no solo para fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional, sino también para debilitar con efectividad las estructuras del crimen organizado.
