El hito de la boda gay en Zacatecas
RAÚL SILVA TORRES
La celebración del primer matrimonio gay en Zacatecas, parece haber herido susceptibilidades, generado reacciones encontradas y hasta escozor entre algunos sectores de la población.
No fue casual que Rodolfo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo hayan contraído nupcias, pues el ayuntamiento capitalino lo hizo más de fuerzas que de gusto.
La pareja interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el juez civil del ayuntamiento en cuestión se negara a casarlos el año pasado debido a que el matrimonio gay no estaba contemplado dentro del Código Familiar del Estado.
En esa fecha la SCJN había declarado inconstitucionales las leyes estatales que consideran que el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer.
El lunes pasado, la sindico municipal, Wendy Valdez Organista, casó a Rodolfo y Francisco en una ceremonia muy concurrida por familiares y amigos, medios de comunicación y curiosos.
Minutos después de hacerse pública la primera boda gay en la entidad, las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra del acontecimiento. Muchos a favor, muchos en contra. Muchos insultos, muchas burlas, muchos comentarios sexistas y discriminativos.
Toda esa maraña de acotaciones, de lo que a su parecer debe ser lo correcto, demuestra que la sociedad zacatecana sigue siendo tradicionalista, moralista, machista, conservadora, “mocha” y todos los calificativos que se puedan adherir.
Pese a ello, esta boda es un gran logro para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de Zacatecas, que día tras día lucha por erradicar la discriminación, acoso y homofobia.
El entorno, las circunstancias, y la vida misma es variable. Como seres pensantes debemos entender y aceptar la evolución de “la familia” con la inclusión de un nuevo modelo, la homoparental, que existe, es visible y es una realidad.
El rechazo a esta nueva figura de familia no sólo es social, también es institucional, pues los servidores públicos se resisten a asumir y afrontar su papel. Un claro ejemplo es la 61 Legislatura que no ha sido capaz de reformar el Código Familiar del Estado.
El artículo 100, de este código, actualmente establece: “El matrimonio es la unión jurídica de un hombre y una mujer donde ambos, mediante una comunidad de vida, y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyan una familia, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada”.
La tarea es muy simple para los diputados locales, es cuestión de voluntades para modificar dos o tres palabras a este artículo, pero sin ninguna causa razonable lo han hecho.
Como sociedad moderna e incluyente, se debe proteger los derechos de todos los sectores de la población mediante medidas legislativas, sin caer en los debates álgidos y la polarización de las conciencias.
En mayo pasado, el gobierno federal presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, lo que generó el rechazo en la Iglesia y entre algunos miembros de partidos conservadores.
La propuesta contempla reformar el artículo cuarto constitucional para reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio, sin discriminación de origen étnico o nacional, discapacidades, condición social o salud, religión, género o preferencias sexuales.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014 se realizaron 577 mil 713 uniones anuales, cifra que incluye matrimonios entre personas del mismo sexo.
En la Ciudad de México se efectuaron mil 612 matrimonios entre personas del mismo sexo, 68 en Coahuila, dos en Nayarit y uno en Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.
La iniciativa federal comenzará a discutirse en el Congreso de la Unión a partir de septiembre cuando se inicie el próximo periodo de sesiones. Y será hasta entonces cuando se vitoreé el triunfo o se desdeñe la derrota para la comunidad LGTB.
* Periodista Independiente
