El fracaso neoliberal y nuestro enorme desafío democrático
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
En la presente coyuntura política, estamos presenciando el retorno del PRI a la presidencia de la República en el marco de un escenario oscurecido por la enorme inequidad e ilegalidad en la pasada jornada electoral: un escandaloso derroche de recursos para la compra del voto, la influencia determinante e ilegítima de los poderes fácticos volcados en apoyo del candidato priísta, así como una innumerable cantidad de irregularidades de todo tipo. No obstante, como bien señala Lorenzo Meyer: “fue el espectacular fracaso, de su sustituto, la derecha panista y la debilidad de una izquierda derrotada en 2006, lo que despabiló y animó al PRI a recuperar lo que había sido suyo por 71 años: la presidencia de la República. Sin embargo, el entorno social y político al que busca volver el saurio ya no es el que era, ya cambió”.
A pesar de que en las últimas décadas habíamos conseguido avances importantes, nunca logramos consolidar una verdadera transición democrática en el país; ese fue el gran fracaso del primer gobierno federal panista encabezado por Vicente Fox Quezada, quien fue incapaz de cumplir con aquel encarecido mandato de la sociedad. Ante la reticencia de los sectores más reacios a la democratización del país; los poderes fácticos y los herederos del corporativismo del siglo pasado pudieron mantener y reeditar su poder en un entorno de pluralidad partidista, pero también en medio de una profunda crisis y degradación de nuestro sistema político, de la cual ningún partido escapó.
En los 12 años de gobiernos panistas, lejos de abatir la desigualdad y la pobreza; reactivar la economía, detener la violencia y la corrupción e impunidad que la generan, estos problemas se agudizaron en México. La edificación de una nación integradora, donde imperara la legalidad, la justicia social y la libertad quedó muy lejos, siquiera, de vislumbrarse.
Ante el fracaso panista, como bien lo apuntaba el diario británico “The guardian” previamente a la elección: “el PRI nunca se fue realmente”, dado que durante una década este partido fabricó su retorno a Los Pinos. Sobre todo, desde las regiones del país donde las viejas prácticas antidemocráticas, clientelares y caciquiles no sufrieron mayor cambio con la alternancia partidista en la presidencia, como el Estado de México, Veracruz o Tamaulipas.
De esta forma, ante su incapacidad y corrupción en el ejercicio del poder, el PAN se deterioró en tiempo record tanto en los estados como en el ámbito federal; y la izquierda siguió atrapada en sus propias contradicciones, al punto de que no logramos fortalecernos lo suficiente para enfrentar con éxito los embates de la derecha mexicana de cara al proceso electoral de 2012. En este sentido, el politólogo Sergio Aguayo afirma que “quienes llegan al poder, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no son capaces de desmantelar el viejo régimen y sustituirlo con algo nuevo. Con la excepción del Distrito Federal de la capital, donde sí se ha dado una verdadera transformación”. A nivel general, de ahí se explica el regreso del PRI a Los Pinos, haciendo gala de los métodos que históricamente le han definido y caracterizado.
Cabe recordar que el Presidente Calderón hizo de la lucha contra el narcotráfico el eje central de su gobierno, cuya intención de fondo fue legitimarse tras el descrédito con el cual llegó de la elección; el mismo con el cual ahora llegará Enrique Peña Nieto. No obstante, la cuestión de fondo radica en la fallida transición democrática y en el fracaso del modelo neoliberal impuesto en nuestro país desde hace tres décadas por el PRI y reforzado por el PAN: el mal funcionamiento de las instituciones y el aumento de la violencia por todo el país, así como los niveles de pobreza que se han disparado, son una prueba de ello. Situación palpable en lo desaseado del proceso electoral, en los más de 60 mil muertos por la “guerra” contra el narcotráfico y en los niveles de pobreza y marginación en México. Es evidente que durante el transcurso de estos 30 años, y más en fechas recientes, el deterioro en la capacidad adquisitiva de los salarios, el desempleo, la distribución asimétrica del ingreso y de la riqueza nacional, así como la reducción del gasto público para el bienestar social, han sido una constante.
Por desgracia, pese a que el gobierno del presidente Felipe Calderón destinó el año pasado cerca de 21.391 millones de dólares a programas de superación de la marginación; lejos de disminuir, la pobreza no ha dejado de incrementarse en los últimos dos años: la de tipo “patrimonial” pasó de 52.3 a 58 millones de personas, la “de capacidades” de 27.8 a 30 y la “alimentaria” de 20.2 a 21.2 millones de mexicanas y mexicanos. En su informe de 2011, “Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que el gasto social no se reparte entre la población más necesitada: el 20% de las personas más pobres en México capta sólo el 10% de los recursos destinados al combate de la pobreza.
Basta hacer una comparación con otros países de Latinoamérica para darse cuenta del fracaso de la política social del gobierno panista. Por ejemplo, desde el año 2009, la pobreza descendió un 3,5% en Perú, 3% en Ecuador y 2,7% en Argentina, mientras que en Honduras aumentó un 1,7% y en México 1,5%; siendo éstos los dos únicos países de América Latina donde se incrementó la pobreza.
Por otro lado, a pesar de que formalmente el desempleo es relativamente bajo en México, al oscilar entre el 5% de la población económicamente activa; en 11 años, 3 millones 638,000 de mexicanas y mexicanos se sumaron a la economía informal, como una válvula de escape de muchas mexicanas y mexicanos ante la precariedad laboral. Tan sólo a finales del 2011, se registraron 10.75 millones de personas en el autoempleo, es decir, 22.48% de la población ocupada y se estima que ahora existen 14 millones de personas en condiciones de informalidad. Esta situación, cuestiona la efectividad del tan pregonad “blindaje” de la economía mexicana ante la crisis mundial.
Indudablemente, los jóvenes son quienes padecen más los estragos del desastre nacional: si tomamos en cuenta los adolescentes mexicanos de entre 15 y 19 años de edad, 35% del total de quienes viven en pobreza, representan un porcentaje mayor de los que hay en Venezuela, Brasil, Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina, donde representan menos del 30%. Esta situación se recrudece aún más, si consideramos que México es el cuarto país a nivel Latinoamérica, en cuanto al porcentaje de hogares pobres encabezados por jóvenes padres menores a 30 años, según lo muestra el informe “Invertir en juventud en América Latina y el Caribe: un imperativo de derechos e inclusión”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
El Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana (UI), estima que los salarios cayeron 32% en promedio desde 2006 y que el poder adquisitivo de las y los mexicanos se redujo 4,2%, con un mayor impacto sobre los segmentos más pobres de la población. Los salarios mínimos en México se ubican por debajo de países históricamente vulnerables como Honduras y Guatemala; toda la canasta básica se elevó varias veces su valor mientras la gasolina se incrementó 86%. Sumado a ello, la creciente importación de granos, la volatilidad en los precios de los alimentos en el mundo, la sequía y el abandono del campo en nuestro país, nos posicionan en una situación extremadamente delicada.
Por último, ante el derrumbe del país durante el sexenio calderonista y el riesgo de una regresión antidemocrática todavía mayor en México; la desigualdad y la pobreza, el rezago educativo, la corrupción y la violencia, entre otros factores, han sumergido en una gran crisis a nuestra comunidad política y a la vida democrática del país. Hoy en día, la lucha por cambiar el modelo económico y su carga de exclusión y arbitrariedad, así como la regeneración del conjunto de procesos institucionales y políticos de nuestra vida pública se ha vuelto más complicada y parece muy lejana. Sin embargo, quienes más padecen los efectos de esta descomposición, que son los jóvenes, han levantado la voz contra este orden de cosas injusto y opresivo; su impulso y sus legítimas reivindicaciones, son la mayor esperanza que tenemos para dar un giro hacia una recomposición moral de la sociedad, del conjunto de nuestros procesos y por la construcción de un país civilizado, incluyente donde todos quepamos y podamos vivir con dignidad.
