El federalismo fiscal, reforma hacendaria y el tercer informe
MANUEL IBARRA SANTOS
La iniciativa de reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto tiene, con la propuesta de consolidación del régimen de pensiones universales y la creación del seguro del empleo, un profundo sentido social – aplaudida incluso por la izquierda-, que busca incrementar la recaudación tributaria, promover el crecimiento económico y combatir las desigualdades, pero que en el fondo se olvida de un tema esencial, como lo es el relacionado con el impulso de un nuevo federalismo fiscal, sin el cual se afecta a entidades económicamente vulnerables, entre ellas a Zacatecas.
La propuesta referida de aprobarse por el Congreso de la Unión incrementará en el 2014 la recaudación en más de 240 mil millones de pesos, que representan el 1.4% del PIB/Nacional, que servirá para fortalecer el gasto público, detonar el crecimiento (-hoy en día estancado en niveles poco trascedentes-) y estimular la inversión en sectores fundamentales como el de educación, ciencia, salud e infraestructura. Lo que no se precisa en la iniciativa es cómo impactará dicho recurso en la transformación regional, a partir de la inducción de una actualizada visión federalista.
Para lograr los anteriores fines y objetivos, se ha planteado la desaparición del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, un ajuste al Impuesto sobre la Renta, no gravar alimentos y medicinas y la eliminación de los regímenes especiales, para terminar con los privilegios. Quizá esto último, entre otras casas, es lo que ha molestado de manera particular a un amplio sector de la oligarquía empresarial.
El otro factor que ha generado polémica en un sector de la sociedad es el fortalecimiento de la educación pública con el incremento de la recaudación tributaria y la integración de gravamen a la enseñanza privada. De concretarse este punto, se estaría metiendo reversa a la iniciativa del régimen de Felipe Calderón de potenciar la educación como negocio y mercancía de particulares, y no como un bien cultural y patrimonial de la sociedad. Sin embargo, todo parece indicar que finalmente este tema quedará fuera de la agenda de discusión, como lo hizo saber ya Luis Videgaray, Secretario de Hacienda. Un asunto superado.
La realidad de todo, es que la iniciativa de reforma hacendaria, no obstante sus bondades sociales (que son muchas), no resuelve de fondo las debilidades históricas del sistema fiscal mexicano. Uno de esos temas no abordados ni procesados, es el vinculado con la reactivación y consolidación del federalismo hacendario.
Por lo demás, el planteamiento de reforma hecho en esta materia por Enrique Peña Nieto, tiene una particularidad: la definición de un perfil de política fiscal que rebasó por la izquierda a Andrés Manuel López Obrador, logrando con ello neutralizar, por mucho, la conformación de un núcleo radical de insurgencia política que hubiese polarizado aún más la vida del país. Sin embargo, el reto ahora es desmontar la conjura de los grupos de la oligarquía empresarial, quienes se ven afectados por la desaparición del régimen de excepción y de trato especial.
El frágil Federalismo fiscal y la vulnerabilidad de los estados
El artículo segundo de la Ley Federal de Coordinación fiscal establece que el Fondo General de Participaciones a Estados y Municipios se constituirá solamente con el 20% del total de la recaudación fiscal nacional; el 80% por ciento restante de esos recursos se quedan en manos del Gobierno de la República, muchos de ellos manejados con absoluta discrecionalidad. Esta dinámica hay que revertirla. En muchos países desarrollados la fórmula es 50/50 o cuando mucho 60/40. La excesiva concentración es un elemento pernicioso que perjudica el desarrollo y el crecimiento económico.
En la actualidad, en promedio los ingresos propios de los gobiernos de los Estados, ascienden al 7.1%, lo que habla de su absoluto sometimiento financiero y económico. Zacatecas depende, por ejemplo, en un 98 por ciento de los recursos de origen federal.
Las entidades de la República con menor dependencia económica de la federación son el Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Jalisco y Aguascalientes; en cambio, entre los más vulnerables en ese sentido, lo son Zacatecas, Tlaxcala y Oaxaca.
Las administraciones estatales experimentan, como se observa, todavía un brutal sometimiento político y económico, del gobierno de la República, producto del deformado federalismo fiscal que se práctica en el país. Y este es un asunto, no discutido ni abordado a fondo en esta coyuntura.
Por lo tanto, se puede afirmar que la fragilidad tributaria en nuestro país se mantendrá, con o sin reforma. Esta lamentable condición es producto de una serie de factores, entre los que destacan los siguientes: la concentración excesiva del ingreso en unos cuantos; la naturaleza del régimen político que auspicia la impunidad y los privilegios, la ausencia de administraciones profesionalizadas; y la debilidad característica en la capacidad de recaudación de los gobiernos locales, lo que les confiere poca autonomía financiera y si un elevado sometimiento al prevaleciente centralismo mexicano.
Tercer informe de gobierno y Reforma Hacendaria
El gobernador Miguel Alonso Reyes presentó su tercer informe de actividades en un escenario nacional dominado por el debate y discusión de la reforma hacendaria, pero cobijado su duda por la fuerza del presidente Enrique Peña Nieto, quien envió a su representante personal (Mercedes Juan, Secretaria de Salud). Destaca también la presencia de 12 mandatarios estatales y la del dirigente nacional del PRI.
Legitimidad y legitimación son los ingredientes que acompañaron la ceremonia protocolaria de entrega del documento del tercer informe gubernamental a la representación de la Sexagésima Primera Legislatura Local y al evento de mensaje dirigido a la sociedad zacatecana. Esta fuerza institucional deberá aprovecharla el mandatario Miguel Alonso, para enfilar y definir con fuerza la segunda fase de su gobierno.