El derecho de libre tránsito no es para automovilistas, es para los que caminan y marchan
JOSÉ NARRO CÉSPEDES
El pasado 13 de septiembre significó un día histórico, donde el autoritarismo del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto le asestó un duro golpes a la ya violentada vida democrática nacional. Este día negro representó el desmantelamiento de la nación.
Tenemos entendido que en México aún están vigentes la garantía de libre manifestación de las ideas y de libre opinión, que tenemos derecho de asociarnos y reunirnos pacíficamente con cualquier objeto lícito; que no podrá ser disuelta ni debe considerarse ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta contra actos de las autoridades.
De la misma forma, creemos que sigue vigente el derecho de libre tránsito y el principio de la igualdad de todos ante la ley, igualdad entre quienes hacemos uso de la vía pública
Este Derecho no está destinado sólo para los automovilistas, el espacio público debe ser usado por los que caminan y marchan y con más razón cuando defienden valores tan importantes como los de la educación de la infancia y los derechos de los trabajadores.
Así, el artículo 123 constitucional que como se sabe, garantiza a los trabajadores derechos frente a sus empleadores, sigue vigente aunque la reforma laboral aprobada por el ejecutivo federal y el Pacto por México lo niegue.
Los maestros de todo el país han dado durante todos estos días, valiosas lecciones en las calles de la ciudad de México y nos enseñan que debemos recordar y tener presentes a la ley y las victorias de las clases trabajadoras cuando las autoridades se olvidan de la historia de México.
Hay que tener cuidado, el desalojo del Zócalo capitalino nos demuestra el abandono de la política, toda vez que el conflicto que el violento y altamente difundido desalojo de los profesores de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México fue provocado y agravado por las propias autoridades.
El discurso oficial y mediático sobre la necesidad de despejar el primer cuadro de la capital para realizar las ceremonias del 15 y 16 de septiembre, omite señalar que la prolongada presencia de los docentes en el Zócalo, así como las movilizaciones realizadas en semanas recientes, fueron consecuencia de la falta de voluntad política de las autoridades para contemplar los puntos de vista de los maestros inconformes en el proceso de discusión y promulgación de modificaciones legales que trastocan sus derechos gremiales y afectan el carácter gratuito de la educación pública.
En esta coyuntura, el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal han implementado una política de oídos sordos, sólo habrá que recordar la política de Carlos Salinas de Gortari con respecto al PRD, “ni los veo, ni los oigo”.
La lección que ha dado el Gobierno de Enrique Peña Nieto es simple, ante el descontento se responderá con el silencio, el desgaste de los inconformes por cansancio y finalmente el uso de la fuerza.
Todo junto constituye una señal particularmente desoladora en un escenario como el actual, plagado de múltiples inconformidades y factores de descontento, como las reformas estructurales impulsadas por el actual gobierno –no sólo la educativa, sino también la energética y la hacendaria–; la consumación de injusticias como la cometida contra el indígena tzotzil Alberto Patishtán, y en general, la continuidad de un modelo económico insostenible desde el punto de vista social.
El pasado viernes 13, el gobierno federal culminó un proceso que inició el mismo día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un proceso que cierra los canales para que la ciudadanía se exprese frente al actuar de los gobiernos.
El que el gobierno decida recurrir al uso de la fuerza pública para disolver una de las manifestaciones de descontento es un claro mensaje de advertencia para el conjunto de ciudadanos inconformes, y refuerza los temores de que el país asiste a una restauración del pasado autoritario, y para esto tiene a su favor a los medios de comunicación que han sido altamente beneficiados por el modelo económico que ha empobrecido a la mitad del pueblo mexicano.
En todo el país, conductores de televisión y gritones de la radio en los canales hegemónicos han emprendido una campaña indigna en contra de uno de los sectores peor pagados en la absurda estructura de nuestra sociedad que premia a futbolistas, estrellas de espectáculos y políticos atildados, y deja en la sobrevivencia a quienes desempeñan el importantísimo y duro trabajo de educar, en las más difíciles condiciones pensables.
Los hechos del pasado viernes reflejan un país conducido hacia escenarios de polarización que generan un clima de peligrosa explosividad social producto de una institucionalidad indiferente e incapaz de resolver conflictos más que mediante el empleo de la fuerza.
La derecha Priísta y del PAN y las clases gobernantes se aíslan, y desde la distancia imponen los cambios estructurales que sólo convienen a los pocos beneficiados por la política rapaz que ha sumido en la pobreza a más de 53 millones de mexicanos.
Debemos tener cuidado, la polarización provocada por el desprecio de las clases trabajadoras y el pueblo de México está siendo la mecha de discursos que exigen desde la desobediencia civil y la oposición en contra del régimen del gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta la subversión.
