El derecho a la vivienda y las dificultades para su materialización
OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO
La Constitución Política, máxima ley de nuestra patria, cuenta con 136 artículos y 19 transitorios distribuidos en nueve capítulos, en ellos se contienen los derechos fundamentales de todos los mexicanos y también las obligaciones adquiridas.
Baste recordar algunos de ellos para considerar que contienen los derechos más elementales, que de ser efectivos garantizarían una vida digna para todos mexicanos, por ejemplo el artículo 3 versa sobre la educación y afirma la obligatoriedad de la misma; el 123 contiene los derechos laborales y la obligación del estado para garantizar su cumplimiento; mientras que el 27 habla sobre los derechos de la tenencia de la tierra, y así podríamos traer otros a la memoria, pero con estos basta para ejemplificar que no estamos ante un problema de carencia de marco jurídico que integre los anhelos de los mexicanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que precisamente el problema es la ausencia de la aplicación efectiva de los mismos.
Y si eso pasa donde existe un artículo específico o un apartado completo sobre temas concretos, la situación se complica cuando se le dedica un párrafo en el marco de otros derechos a problemas tan importantes; admito que desconozco en absoluto las razones de la redacción del mismo, sin embargo el artículo 4 de nuestra Carta Magna engloba múltiples tópicos: la igualdad del hombre y la mujer, los derechos de los niños, el derecho a la salud, el derecho a la actividad física, derechos ambientales, etc., y como si al final alguien les hubiera recordado a los redactores de la ley que se abordara el problema de la vivienda.
En verdad resulta paradójico el pequeño espacio que se le dedica al tema: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Les confieso a mis escasos lectores que me quedé perplejo ante lamentable generalidad y considero que siendo una necesidad apremiante parece inconcebible que no se enlisten con claridad los mecanismos para lograrlo, que no se diga la instancia ejecutora de la tarea, que por ningún lado se mencionan los medios para que el ciudadano logre su objetivo, es decir es un muy buen deseo, una bonita declaración pero imposible de materializarse.
Por tanto no resulta casual el resultado en ese ámbito y los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que resultan elocuentes: de 35,219,141 viviendas particulares habitadas, el 74% tienen entre una y dos recamaras, el 53% tienen piso de concreto o sea que la otra mitad es de materiales como tierra o adobe, 28% tiene paredes de materiales provisionales, 22% no tiene agua entubada, una prueba irrefutable de que decirlo no basta, que a la ley deben sumarse las vías para realizarlo.
En nuestro estado las cosas no están mejor, también el INEGI proporciona datos: de 442, 623 viviendas el 72% tiene de una a dos recamaras con lo que da cuenta del nivel de hacinamiento, sólo el 51 % tiene piso de cemento, el 26% tiene paredes de materiales provisionales, 23% no tiene agua entubada, 17% no cuenta con drenaje lo que da cuenta de que un alto porcentaje vive en condiciones precarias y un alto grado de hacinamiento. Está claro que los datos anteriores son el resultado del abandono del problema o de la insuficiencia de las acciones emprendidas desde hace años, nadie en su sano juicio podría culpar a la administración actual, pero resulta urgente que se realicen acciones encaminadas a modificar el cuadro descrito.
Ojalá los datos presentados sean objeto de análisis del actual gobierno, sin embargo creo que resulta alentador mencionar lo que ha pasado con las gestiones de los antorchistas. A pocos días de haber tomado posesión del cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Seduvot), Laura Elvia Bermúdez Valdés, acudimos a solicitar audiencia, a pocos días de nuestra petición la cita se concretó en un ambiente de cordialidad y dando cuenta de las limitaciones presupuestarias, pero manifestando la voluntad de atender algunas de las peticiones individuales.
Posteriormente se efectuó una reunión con el Subsecretario de Regularización, Elías Barajas Romo a quién expusimos la urgencia de regularizar viejos asentamientos en Guadalupe como la colonia Jorge Obispo, Carlos Fuentes, Ignacio Allende, Montecito, Frailes, Las Flores y Mesoamérica en Fresnillo, en un tono amable y propositivo uno a uno fueron conociéndose los antecedentes y acordando acciones para dar continuidad a la gestión. Ciertamente aún no hay resultados tangibles pero de continuar esa ruta quizá se vislumbren opciones para dar la certeza jurídica sobre el patrimonio a las familias o sea posible acceder a los programas institucionales para mejorar la calidad de las viviendas.
Por lo anterior es mi sincero deseo que estos primeros pasos ante las autoridades de la Seduvot logren pronto el propósito referido, que de materializarse redundarán en el bienestar de muchas familias, pero el problema con el que inicie no podemos perderlo de vista, se requiere que la ley especifique los medios para obtener un patrimonio propio, aquí como en otros casos los derechos están sólo en el papel, por lo tanto sólo la unidad y organización del pueblo harán que se realicen.
