El derecho a amar y ser amados
En la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, presenté la Iniciativa por la cual se reforma el Código Familiar y se expide la Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de Zacatecas.
Una primera precisión sobre las sociedades de convivencia, es que se trata de un régimen jurídico-familiar distinto al matrimonio y al concubinato, y que en el proyecto de Ley que presenté, regula a las parejas de cualquier preferencia sexual, incluyendo a las heterosexuales.
Sin embargo, entiendo que el debate se haya centrado sobre la posibilidad de que dicho régimen jurídico regule a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Y acepto, incluso, que el debate pueda centrarse en esa posibilidad, porque aunque la Sociedad de Convivencia pudiera ser una opción para muchas parejas heterosexuales, mi propósito fundamental es iniciar un proceso de reconocimiento de derechos a quienes hoy son discriminados por la ley solo por su preferencia sexual.
Lo que no acepto es que se discutan, para el análisis de la iniciativa, planteamientos que no están en la misma, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción. Esos temas, polémicos también, deben debatirse, pero no como parte de esta Iniciativa, que como he dicho, se limita al establecimiento en Zacatecas de las sociedades de convivencia.
Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse para saber si estas reformas legales que he propuesto son viables, es si el estatus jurídico actual es el ideal. No modificar las cosas por respeto a la “tradición” es un absurdo, que atenta contra los mismos principios de la ciencia jurídica. Como diría Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley por el hecho de ser justa”.
En ese sentido, ¿Es justo que la preferencia sexual de una persona la excluya de regímenes jurídicos que otorgan beneficios y derechos? Según nuestra Constitución no. Menos, luego de la histórica reforma constitucional publicada el pasado 10 de junio en el Periódico Oficial de la Federación. De forma expresa, ahora nuestra Carta Magna prohíbe todo tipo de discriminación “por las preferencias sexuales”.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis y jurisprudencia en el sentido de reconocimiento a las formas jurídicas que otorgan derechos a parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Si la negativa no es constitucional, la otra argumentación que debemos retomar, a propósito de la frase de Montesquieu, es la justicia misma de que a las personas se les excluya del marco institucional por su preferencia sexual.
Para ello, me gustaría retomar algunas ideas expresadas por el maestro Marco Antonio Torres Inguanzo el pasado martes:
“El argumento que invocan es el llamado apelo a la Familia Natural. Decretan la existencia de un orden natural en la constitución de la familia, de tal manera que todos aquellos esquemas que estén fuera de este orden, serán declarados contra-natura. Asumen que la familia patriarcal es un modelo típico universal; es el modelo que deberá ser asumido por todos los seres humanos, porque ya que está arraigado en la naturaleza, constituye principio de derecho natural, y este último es universal e inmutable.
En síntesis, la familia patriarcal es elevada a forma originaria de derecho natural. Pero este piso de toda su argumentación es bastante débil, se hunde fácilmente. Como dijo Hegel en su filosofía del derecho: el hombre por naturaleza no es ni malo ni bueno, por naturaleza el hombre ni siquiera es hombre. Es decir, las formas de vida del hombre son justamente no-naturales: somos cultura e historia. Por ello, estas razones naturalistas a la vista de la enorme variedad de sistemas de parentesco y ordenamientos residenciales que estudia la antropología resultan poco más que ridículas”.
A eso, hay que añadir la existencia documentada de más de 450 especies con conductas homosexuales. En ninguna de dichas especies, más que en la humana, se dan conductas homofóbicas.
Finalmente, está el tema de la violencia que esta exclusión del marco jurídico-institucional alimenta y reproduce. No solamente hablo de la violencia institicuional que implica negación de privilegios para la contratación de créditos y la celebración de diferentes tipos de contratos en pareja. Me refiero a las consecuencias de crear un infra-mundo para grupos enteros de personas.
Al condenarlos a las sombras, a estos grupos de personas los llevamos a territorios donde el ejercicio de su vida sexual y amorosa se vuelve riesgoso. En un país que reproduce, también, la impunidad y en donde la violencia está desbordada, esto solo ocasiona que la discriminación social se traduzca en delitos sexuales y crímenes de odio que nuestra intolerancia legitima de forma aberrante.
Por todas esas razones, es momento de que los zacatecanos asistamos a un debate que nuestras élites han pospuesto, subestimando nuestra capacidad de análisis y reflexión. Que asistamos, colectivamente, a responder una pregunta: ¿Tenemos todos el derecho a amar y ser amados?
*Diputado local
