El crecimiento urbano sustentable y la apropiación de los espacios públicos
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
En los últimos 30 años la población urbana del país se ha duplicado y se calcula que para el año 2030 existirán 20 ciudades con más de un millón de habitantes. Al día de hoy, casi ocho de cada 10 mexicanos viven en las ciudades y seis de cada 10 en centros urbanos administrados por dos o más municipios. Así mismo, en México existen 56 zonas metropolitanas que representan la décima parte del territorio nacional y generan las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIBA); además de que en ellas se encuentra el 14% del total de municipios del país y éstas producen entre el 50 y 80% de la fuerza económica del estado donde se ubican.
En consecuencia, este acelerado crecimiento urbano ha traído como consecuencia una demanda mucho mayor de servicios públicos como el agua potable, la seguridad pública, la movilidad y el transporte, además de la recolección y disposición de residuos sólidos, entre otros; responsabilidades que, básicamente, recaen en los gobiernos municipales.
Sin embargo, en promedio, las fuentes de ingreso para financiar estos gastos provienen en un 64% de las transferencias federales, en un 23% de fuentes locales (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos), en un 8% por concepto de endeudamiento y el resto por recursos disponibles desde el principio del periodo gubernamental. De ahí el riesgo de que la falta de recursos de los ayuntamientos para cubrir sus obligaciones de gasto, los pueda empujar a endeudarse más allá de su capacidad de pago para proveer los servicios, a la vez de reducir la calidad de los mismos en su afán de ampliar su cobertura. Ante esta situación, es indispensable plantear alternativas que les permitan a los municipios hacerse de los recursos suficientes para fortalecer la infraestructura para mejorar la movilidad urbana, el agua potable y redes de drenaje, entre otros servicios para la ciudadanía.
Las zonas metropolitanas comparten una amplia red de servicios hidráulicos y de vialidades, haciendo indispensable planificar las obras de esta naturaleza teniendo en cuenta también el impacto que generará en la población del ó de los municipios vecinos. En el caso de Guadalupe, vale la pena señalar que el nuestro es uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico a nivel nacional, basta ver que para el año 2000 contaba con 109 mil 66 habitantes, mientras que en 2010 la cifra alcanzó los159 mil 991. Por su parte, la capital del estado pasó de 123 mil 899 a 138 mil 176 personas durante este mismo periodo. Este acelerado crecimiento ha provocado que las respectivas áreas urbanas de estos dos municipios conformen una sola mancha, habiendo quedado absorbidas diversas comunidades, tales como: La Escondida, Picones, El Orito, Bracho, Martínez Domínguez, Lo de Vega, Ojo de Agua y Guerreros. No obstante, esta expansión ya está llegando a ciertos puntos de otras como La Pimienta, Cieneguillas, La Zacatecana-Laguna de Arriba, Osiris, Cieneguitas y San Ramón.
Como es evidente, en Guadalupe sobre todo, el crecimiento demográfico ha generado cambios sustanciales en las condiciones sociales, culturales, demográficas y económicas, así como también diversos problemas. Ante esta situación, tenemos que responder con esquemas de urbanización racionales coordinando esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y dar respuesta a las cuestiones técnicas de movilidad y ordenamiento territorial; pero fundamentalmente, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas.
Hay que emprender una planeación de largo plazo y bajo criterios de sustentabilidad, pero supeditada al sentir ciudadano y con la concurrencia de todos los órdenes de gobierno; pero en especial, de las administraciones de los municipios (actuales y futuras) que integran la zona metropolitana. Es impostergable la implementación de proyectos estratégicos que promuevan un mayor bienestar social: el ordenamiento del crecimiento urbano, la participación social en la gestión metropolitana, la creación de empleos, el arraigo de la educación ambiental y la salud en la comunidad, así como mayores ventajas económicas para la competitividad en el entorno urbano.
Tenemos que renovar la gestión pública para agilizar la movilidad urbana y mejorar el ordenamiento territorial, dejando atrás los modelos tradicionales y cumplir con los objetivos que los problemas y los retos nos dibujan, sobre todo desde la gestión municipal. Actualmente, hemos observado que algunas administraciones de distintos órdenes de gobierno han hecho ya planteamientos en esta dirección. Sin embargo, para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, los municipios deben promover con firmeza, una articulación de fondo del ordenamiento urbano que contemple el respeto al medio ambiente y la ampliación de los espacios públicos como escenario del desarrollo. Indudablemente, la dinámica social en el hábitat urbano debe sostenerse en la apropiación del patrimonio cultural por parte de las y los ciudadanos, dentro de un entorno de paz, inclusión, oportunidades y trabajo; es decir, propicio para la innovación y las actitudes emprendedoras. Afortunadamente, Guadalupe tiene un gran potencial de desarrollo en términos de una planeación metropolitana de largo plazo, que de hacerse realidad, nos traerá grandes frutos sociales, económicos, ambientales y culturales para la población. Por supuesto, no podemos esperar más.
* Diputado local
